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Argentina, luego del huracán Cristina

Buenos Aires. PL. | 17 de Abril de 2016 a las 08:55

Los últimos siete días en Argentina fueron inmovilizados por la aparición iracunda de la exmandataria Cristina Fernández, quien debió presentarse en Tribunales, citada por el juez Claudio Bonadío, en torno a la inverosímil causa del "Dólar Futuro".

Bonadio, conocido como el juez antiK por la cantidad de causas que preside contra la exdignataria, familiares y funcionarios de su gobierno, analiza procesarla hacia el cierre de esta semana.

Pero el dato no pasó por el ámbito jurídico -ampliamente difundido por los medios hegemónicos de comunicación- sino por los aspectos políticos que dejó la irrupción en la arena pública de Cristina Fernández.

Bajo el paraguas de una movilización formidable, a los pies de los Tribunales de Comodoro Py, la expresidenta mostró su carácter de líder y conductora de vastos sectores populares que rechazan las medidas de corte neoliberal que está implementando el gobierno de Mauricio Macri.

Haciendo gala de su capacidad de oratoria, Cristina no sólo cuestionó el accionar del poder judicial, sino la reincidencia histórica que tiene los sectores conservadores [económicos - sociales] en ejercer un poder que disuelva las conquistas logradas durante los años anteriores. Incluso con un discurso revanchista.

En este contexto, el Congreso argentino -materia de análisis habitual de este espacio- mantuvo una agenda propia, con la visita de varios miembros del gabinete nacional, entre las que podemos destacar la de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el de Justicia, Germán Garavano.

Ambos funcionarios presentaron una serie de medidas en la Cámara de Diputados, pero corrieron distinta suerte. Quien mejor la pasó fue la ministra, Patricia Bullrich, que recibió el visto bueno de una parte importante de los legisladores ante la propuesta de impulsar un proyecto de ley para contemplar la figura de flagrancia ante delitos federales.

La ministra también presentó una iniciativa que instituye al agente revelador -más conocido como infiltrado- para combatir el crimen organizado y el prototipo del informante y del agente encubierto. Todos ellos serán parte de un registro que, por lo expuesto por la funcionaria, el país tiene hasta el momento.

En el caso del ministro de Justicia, Germán Garavano, la situación fue bien distinta, porque fue cuestionado por los propios diputados del bloque oficialista Cambiemos. Básicamente, por la decisión del Ejecutivo Nacional de aceptarle la renuncia al juez Norberto Oyarbide, un magistrado muy cuestionado por el actual partido de gobierno.

Además, le recordaron que la figura del arrepentido -que el funcionario traía al Parlamento como novedad- ya figuraba en el corpus judicial argentino para delitos federales como los de lavado de dinero y evasión fiscal.

Sin duda, el punto de mayor discusión y enfrentamiento con la oposición, se dio con la iniciativa que apunta a reformar el Ministerio Público Fiscal, que conduce la procuradora Alejandra Gils Carbó, a quien el gobierno de Macri quiere fuera del cargo desde el primer momento.

La imposibilidad de lograrlo -porque la designación de Gils Carbó fue ratificada por el Congreso por amplia mayoría y tiene carácter vitalicio- obligó al oficialismo a realizar una serie de modificaciones que le resten poder a la procuradora. Para ello, pretende poner un límite temporal de cuatro años al cargo, con fuerza retroactiva.

El proyecto de ley contempla la creación de un Consejo de Fiscales y de sub-procuradores, que tendrán a su cargo la facultad de designar, remover o cambiar los fiscales de diferentes investigaciones e instancias procesales.

La suerte de esta iniciativa tendrá más que ver con la lógica del entramado político que se teja para sumar voluntades que por necesidades propias del campo judicial.

Entre tantas medidas del Ejecutivo, se coló una preocupación de los sectores gremiales que fue recepcionada con éxito por la oposición.

Incluso con fecha de resolución: el miércoles 20 de abril, la comisión de Legislación Laboral de la Cámara Baja sacará dictamen de mayoría a la norma que declara la "emergencia ocupacional" en Argentina.

Un problema mayúsculo que fue creciendo en los primeros meses del año y que la gestión de Mauricio Macri se negó a considerarlo prioritario. Al parecer, será el Congreso quien le marque la cancha y lo obligue a resolver una cuestión de fondo como es la actual situación laboral.


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