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Aseguran que la presencia de militares no impedirá rebeliones en cárceles brasileñas

Brasilia. Agencia PL. | 19 de Enero de 2017 a las 11:43

El riesgo de nuevas rebeliones y muertes latente actualmente en las cárceles de Brasil no desaparecerá con el despliegue de las Fuerzas Armadas, aunque puede tender a disminuir, advirtió el ministro de Defensa, Raúl Jungmann.

En el sistema penitenciario hay un factor que aumenta la letalidad y la violencia de las revueltas y es la presencia de armas, señaló la víspera el titular al dar a conocer que por lo menos mil hombres del Ejército, la Marina y la Aeronáutica serán liberados para intervenir en las prisiones de todo el país.

Jungmann explicó que los militares, todos con experiencia en labores de exploración y seguridad en la Copa del Mundo de fútbol y los Juegos Olímpicos de Río, no tendrán contacto con los presos, que deberán ser retirados de las celdas y demás dependencias durante la inspección de los locales en busca de armas, drogas y teléfonos celulares.

Subrayó además que el personal solo entrará en los establecimientos penitenciarios después que las fuerzas policiales locales garanticen que no hay riesgo, actuará puntualmente y sin 'la menor ilusión o la pretensión de que apenas esos esfuerzos' vengan a controlar o resolver la crisis en los penales.

Las Fuerzas Armadas no van operar y controlar presidios, a sustituir policías y agentes penitenciarios estaduales y tampoco actuarán solas, insistió y anticipó que los mil efectivos estarán listos para entrar en acción en un plazo de ocho a 10 días, aunque el número podrá ampliarse conforme a la demanda de los estados.

La víspera, gobernadores de los estados brasileños de Roraima, Amazonas y Río Grande del Norte solicitaron ya al Gobierno federal el envío de militares para que actúen en el control de la seguridad en las cárceles.

El pedido, confirmó el Palacio de Planalto, es el primero que se produce luego que el presidente Michel Temer autorizara el martes el despliegue de las Fuerzas Armadas, por un plazo de un año, con el objetivo de contribuir a aplazar la crisis en el sistema penitenciario, que ya cobró la vida de más de 100 reclusos en lo que va de año.

También este miércoles los mandatarios de nueve estados del Norte y Centro-Oeste suscribieron un compromiso con la Unión para desarrollar acciones conjuntas de combate al crimen organizado y el narcotráfico transnacional, así como para la reducción de homicidios, feminicidios y la racionalización del sistema penitenciario.

El pacto, que además avala el despliegue de hombres del Ejército, la Marina y la Aeronáutica en las cárceles, lo rubricaron los gobernantes de Acre, Roraima, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso del Sur, Amazonas, Rondonia, Amapá y Pará.

De otro lado, fuerzas del batallón de choque de la Policía Militar trasladaron ayer a 220 reclusos de la Penitenciaria Estadual de Alcazuz, la mayor de Río Grande del Norte, donde una rebelión ocurrida el fin de semana pasado terminó con el asesinato de 26 detenidos, todos decapitados o carbonizados.

Según el secretario de Seguridad Pública y Defensa Social del estado, Caio Bezerra, se trató de una 'decisión estratégica', no negociada con los reclusos, sino adoptada ante el riesgo latente de una fuga y de un nuevo enfrentamiento entre facciones rivales.

El traslado de los presos generó una tensa situación en la ciudad de Natal, la capital estadual, donde al menos 15 ómnibus fueron incendiados y dos delegaciones policiales tiroteadas, presuntamente por órdenes dadas desde dentro del penal en represalia por la medida.


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