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Crece demanda de cese de cuestionado contralor peruano

Lima. PL. | 3 de Junio de 2017 a las 13:36

La parlamentaria progresista Marisa Glave demandó este sábado el retiro del contralor general, Edgar Alarcón, tras una segunda investigación que le abrió el Ministerio Público, esta vez por posible lavado de activos.

Señaló que el caso de Alarcón ha hecho que la contraloría pierda legitimidad, teniendo en cuenta, además, que todo indica que el funcionario depende del partido opositor de derecha Fuerza Popular (FP), careciendo de independencia.

El Ministerio Público abrió una indagación a Alarcón por posible lavado de activos por sus actividades en años anteriores, de compra venta de 90 automóviles de lujo entre 2002 y 2015, que no se tradujo en incremento de ingresos en sus declaraciones tributarias anuales.

Tales actividades las desarrolló siendo gerente de la contraloría y el vicecontralor, pese a que la ley le prohíbe realizar actividades privadas lucrativas.

En días pasados, la fiscalía le abrió otra indagación por el pago irregular de una indemnización excesiva por retiro, de una funcionaria de la contraloría con la que tenía un estrecho vínculo personal.

Además se le acusa de haber comprado a precios sospechsamente bajos dos autos de lujo a un empresario proveedor de servicios a la contraloría, lo que tampoco está legalmente permitido.

La comisión permanente del parlamento, que el año pasado designó a Alarcón, es la única que puede destituirlo, pues él se niega a renunciar, y ya ha recibido un pedido formal de debatir su cese.

Ese partido lo defiende alegando que las revelaciones citadas, hechas en un reportaje televisivo, son una represalia porque un informe negativo de Alarcón bloqueó un contrato para la construcción de un aeropuerto, excesivamente favorable al consorcio concesionario y dio lugar a la renuncia del ministro de Transportes, Martín Vizcarra.

Al respecto, Glave dijo que el contenido de la denuncia es gravísimo, pero también es siendo utilizado para tapar la demostración de lo inconveniente de las alianzas publico-privadas para obras de infraestructura, como quedó demostrado en el proyecto abortado del aeropuerto de la surandina ciudad de Cusco.

 


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