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Vista judicial genera expectativas entre los dominicanos

Santo Domingo. Agencia PL | 6 de Junio de 2017 a las 10:12

Gran expectativa entre la población dominicana genera actualmente a continuación de la vista judicial para decidir probables medidas de prisión preventiva para 10 de los 14 acusados de recibir sobornos de Odebrecht .

El Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) demandó de la Procuraduría ampliar la lista de los funcionarios sometidos a la justicia por recibir dinero de esa empresa brasileña a cambio de asignaciones de obras estatales.

Dos dirigentes de Falpo, Grabiel Sánchez y Pablo Estévez, aseguraron en conferencia de prensa que la lista de sospechosos no estaría completa si en ella no incluyen los nombres de los principales funcionarios del actual Gobierno que aprobaron contratos.

Exigieron que, incluso, la lista incluya los nombres del presidente Danilo Medina y del expresidente Leonel Fernández, por ser los máximos responsables de las decisiones del actual y el anterior gobiernos, respectivamente.

En tanto, en el marco de lo que se espera ocurrirá en el juicio, uno de los acusados, el senador Julio César Valentín, solicitó al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, que le retire la inmunidad parlamentaria para responder ante el tribunal.

En una rueda de prensa realizada en el Colegio Dominicano de Periodistas, a donde asistió junto a su abogado, Jorge Luis Polanco, Valentín añadió que no apelará a su condición de senador para eludir los requerimientos que le haga la Justicia.

Aseguró que irá ante el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, a responder las imputaciones que se le hacen, tan pronto sea convocado y dijo que el patrimonio que le atribuyen no se corresponde con la realidad.

Explicó que los 29.7 millones de pesos que el Ministerio Público dice forman parte de su patrimonio pertenecen realmente a su esposa, y son el fruto de la participación de los bienes que recibió de la separación de un matrimonio anterior. Aclaró que su patrimonio real es de 20.2 millones de pesos (432 mil dólares), y no 49.9 millones de pesos (un millón 68 mil dólares) como dice la Procuraduría.

También agregó que los cinco vehículos que le atribuyen no son de su propiedad y para demostrarlo solicitó una certificación a la Superintendencia de Seguros.

En la sesión del juicio que continúa este martes, similares argumentos podrán ser también expuestos por los abogados que defienden a los demás acusados, que en todos los casos muestran patrimonios muy superiores a los declarados.

El ministerio público ha presentado hasta ahora como pruebas lo que dicen los documentos enviados por las autoridades brasileñas, algo que no había sido compartido con la defensa, lo que obligó a posponer para hoy esta vista preliminar que decidirá posibles medidas cautelares y la celebración o no de un juicio de fondo sobre este entramado de corrupción.

Los acusados detenidos son Juan Temístocles Montás, del Comité Político del PLD y ministro de Industria y Comercio; Víctor Díaz Rúa, tesorero del PLD y exministro de Obras Públicas; Radhamés Segura, del Comité Político del PLD y exvicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).

Asimismo están Andrés Bautista, presidente del PRM y expresidente del Senado; César Sánchez, otro exvicepresidente de la CDEEE; Roberto Rodríguez, exsenador y exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA); y Ruddy González, exvocero de los diputados del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Completan la lista Ángel Rondón, empresario y representante comercial de Odebrecht en el país; Conrado Pittaluga, quien fungió como abogado de la empresa; y Máximo D'Ã'leo, exadministrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica.

Valentín, junto al también senador Tommy Galán y el diputado Alfredo Pacheco, permanecen en libertad por estar cubiertos por la inmunidad parlamentaria, y hay otro acusado, Bernardo Castellanos, que se encuentra en Panamá y se espera por el cumplimiento de una orden de arresto solicitada por la Procuraduría a la Interpol.


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