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Presentan proyecto para combatir corrupción en Ecuador

Quito. Agencias. | 13 septiembre de 2017

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Manos Limpias, proyecto de ley anticorrupción presentado por el presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, José Serrano, busca prevenir delitos contra la administración pública, una cruzada del gobierno contra las ilegalidades.

La propuesta, que modifica el Código Orgánico Integral Penal, comprende sanciones drásticas y que quienes sean condenados por dichos delitos pierdan todo su patrimonio.

Según la iniciativa, no es posible indultar a una persona en caso de delitos cometidos contra la administración pública por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia, como un primer mensaje de cero tolerancias a cualquier acto de corrupción en el Estado.

Asimismo, prevé incrementar a un rango de 20 a 25 años, sanciones que actualmente oscilan entre 10 a 13 años en el caso del delito de peculado, cuando se utiliza sus funciones en beneficio propio o de terceros sus funciones.

También sugiere aumentar a penas de 10 a 13 años, a responsables de utilizar trabajadores remunerados por el Estado o entidades del sector público para beneficio propio cuando signifique lucro o incremento patrimonial, lo cual es ahora castigado con prisión de cinco a siete años.

El proyecto redefine el delito de enriquecimiento ilícito, entendido como acción ilegal realizada no solo cuando el patrimonio se incrementa con dinero, cosas o bienes, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles.

Se concibe también cuando se cancelan deudas o extinguen obligaciones; y en caso de cubrir gastos que van más allá o excedan la capacidad de pago del servidor público.

Igualmente, Serrano propuso actualizar los tipos penales de cohecho, tráfico de influencias, testaferrismo, bajo estándares internacionales y se agravan las penas, aumentar el castigo para el delito de concusión y tipificar nuevos delitos de corrupción, sancionados con pena privativa de libertad de 15 a 20 años.

Para el ejercicio de la acción penal por delitos de peculado o enriquecimiento ilícito, la iniciativa omite el requerimiento previo de solicitar a la Contraloría la emisión de informes.

El titular del Legislativo sugiere además que en todos esos casos de delito contra la eficiencia de la administración pública, la persona sancionada quede inhabilitada de por vida para el ejercicio de cualquier cargo público y pierda los derechos de participación.

De igual forma se procederá al decomiso penal de todos sus bienes, a fin de evitar cualquier práctica corrupta, pues quienes incurran en esas prácticas deben estar conscientes de que ponen en riesgo todo su patrimonio, incluso si lo adquirieron legítimamente.



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