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Diputados piden frente para la autodeterminación de Puerto Rico

San Juan. Agencia PL | 23 de Abril de 2018 a las 10:26

Diputados del opositor Partido Popular Democrático (PPD) de Puerto Rico solicitaron este lunes al gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, la creación de un frente contra la junta fiscal para dar paso a un proceso de autodeterminación vinculante al Congreso estadounidense.

'El ambiente negativo y de falta de resultados que ha traído la junta de control fiscal se distancia de las metas que se aspiraban alcanzar cuando hace casi dos años se aprobó en el Congreso federal la ley Promesa', dijeron los legisladores Rafael Hernández Montañez, Luis Vega Ramos, José Varela y Luis Ortiz Lugo.

Al sugerir el comienzo de un proceso vinculante de autodeterminación que no divida a los distintos sectores políticos electorales, los parlamentarios refirieron que el principal activo de un país, de un Estado de la unión norteamericana o de cualquier jurisdicción es la estabilidad política.

Los diputados del PPD, principal de oposición, recordaron que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se creó para restablecer el acceso de Puerto Rico a los mercados de capital.

También para establecer un marco legal para reestructurar la deuda pública de 73 mil millones de dólares y comunicar la realidad de las finanzas en un proceso donde se rendiría cuentas mediante informes trimestrales de ingresos, gastos y flujo de caja del aparato gubernamental, aspiración hasta ahora malograda.

'A casi dos años de su aprobación, la Junta de Supervisión Fiscal no sólo ha materializado el carácter antidemocrático que habíamos anticipado, sino que también ha dramatizado el fracaso en el deber ministerial para la que fue creada: lograr la pronta recuperación de Puerto Rico', sostuvo el legislador.

Consideraron inaceptable que la implementación de la ley Promesa le cueste a las arcas gubernamentales sobre 60 millones de dólares anuales, mientras pretende imponer condiciones que van en detrimento de la calidad de vida de los puertorriqueños.

'Como si esto fuera poco, no ha adelantado un paso hacia la recuperación y rehabilitación fiscal de Puerto Rico', apuntaron los políticos opositores.

Varela emplazó al gobernador Rosselló Nevares, a la mayoría de Partido Nuevo Progresista (PNP) y, la minoría del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), a los alcaldes, organizaciones comerciales, gremios, líderes eclesiásticos y al pueblo a respaldar una resolución concurrente en la Cámara que rechaza la implementación de la ley Promesa.

'La verdad incuestionable es que Promesa, lejos de atender la situación fiscal que estaba llamada a resolver, la ha incrementado, afectando la calidad de vida de los puertorriqueños', añadió al exigir la derogación de la ley.

Su sustitución por un mecanismo efectivo, transparente y sin intermediarios con el gobierno de Puerto Rico, que atienda con premura y prioridad la situación fiscal, económica, social y política de nuestra isla y que contenga un marco legal que permita la reestructuración de la deuda'.

Desglosaron en rueda de prensa en el Capitolio varios incumplimientos de la JSF con los cuales se aspiraba al momento de la aprobación de la legislación Promesa, que permitió el establecimiento del organismo de siete miembros.

Una de las mayores críticas al gobierno puertorriqueño, dijeron, en el proceso de aprobación de la ley Promesa era el reclamo de los estados financieros AF2014, y a pesar de que la JSF llegó en 2016 no existen los estados financieros de ese año ni de 2015.

'¿Cuál fue el resultado del año fiscal 2017 y de los meses de 2018? ¿Qué ha hecho la Junta para que documentos tan importantes estén disponibles?', cuestionaron los políticos al instar al gobernador Rosselló Nevares, del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), a impulsar un proceso de autodeterminación.

Los parlamentarios insistieron en que la junta, como intermediaria entre los gobiernos de Puerto Rico y de Estados Unidos, está obligada a publicar las inconsistencias de los presupuestos certificados, aparte de que se desconoce qué gestión realizó para apoyar a la gente después de los huracanes Irma y María en septiembre de 2017.

'La imposición de Promesa, acompañada de la falta de consentimiento de los electores de Puerto Rico, representa un atentado contra los principios de gobierno por consentimiento'.

Además, violenta los más básicos principios democráticos que irónicamente dieron origen a Estados Unidos, y que son utilizados por el gobierno federal para condenar y para intervenir en otros países.


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