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Junta fiscal cuestiona conducta de gobierno puertorriqueño

San Juan. Agencia PL | 6 de Octubre de 2018 a las 10:56

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) pidió explicaciones al gobierno puertorriqueño por proyectar una reducción en la tarifa de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en medio de la crisis que actualmente la aqueja.

El organismo impuesto por Washington que controla las finanzas del gobierno isleño pidió al gobernador, Ricardo Rosselló Nevares y al director ejecutivo de la AEE, José Ortiz Vázquez, una certificación de los datos de trasfondo relacionados al anuncio de una reducción tarifaria este mes de 3,5 a 3,9 centavos por kilovatio hora.

'La AEE debe proporcionar a la Junta de Supervisión toda la información que respalde su capacidad para reducir las tarifas de electricidad y cómo tal reducción afecta el Plan Fiscal Certificado y el Presupuesto del Año Fiscal 2019', reclamó el presidente de la JSF, José B. Carrión III.

El ente entiende que el anuncio de reducción de tarifas es inconsistente con la información y los datos que la AEE ha proporcionado sobre su liquidez, gastos operativos, costos de combustible y proyecciones de ingresos.

'Tal y como se descubrió en el Informe Independiente de la Deuda, debemos asegurar que los cambios de tarifas en la AEE no estén inducidos por política, para evitar los obstáculos que provocaron la crisis fiscal de esta utilidad', añadió Carrión.

La JSF certificó, el pasado 28 de septiembre, de conformidad con el plan fiscal de la AEE, certificado el 1 de agosto, un presupuesto para el año fiscal 2018-2019, que inició el 1 de julio y se extiende hasta el 30 de junio de 2019.

Carrión explicó que la reducción de tarifas propuesta tendría un impacto directo en las proyecciones de ingresos del presupuesto de la AEE, y cualquier eficiencia operativa y reducción en los costos de compra de combustible afectarían los gastos, por lo que ha requerido el desarrollo de un presupuesto revisado.

Además, la junta está solicitando documentación adicional que explique la base legal de por qué la reducción de tarifas propuesta no constituiría un ajuste de la tarifa que requeriría la aprobación regulatoria por parte de la Oficina de Energía de Puerto Rico, según las leyes vigentes en Puerto Rico.


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