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Continúa juicio a líderes independentistas catalanes

Madrid. PL | 4 de Marzo de 2019 a las 07:29
Continúa juicio a líderes independentistas catalanes

La cuarta semana del juicio a 12 líderes políticos y sociales de Cataluña por su papel en la frustrada tentativa de secesión de esa región española, en octubre de 2017, comenzó este lunes  en el Tribunal Supremo (TS).

El mediático proceso judicial se reanudó este lunes con las declaraciones como testigos del exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto y de Enric Millo, delegado en Cataluña del entonces gobierno conservador de Mariano Rajoy (2011-2018).

Ambos funcionarios, así como el coronel de la Guardia Civil y exalto cargo del Ministerio de Interior Diego Pérez de los Cobos, quien declarará mañana, deberán responder sobre el operativo policial contra el referendo de autodeterminación del 1 de octubre de 2017.

Ese día, según las autoridades catalanas, hubo casi 900 heridos por las cargas protagonizadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil -los dos cuerpos armados de España- para impedir la celebración del referéndum separatista, prohibido de antemano por la justicia.

Los testimonios de esos funcionarios tienen lugar después de que la semana pasada Rajoy, su exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el otrora ministro del Interior Juan Ignacio Zoido se remitieron a ellos tras afirmar que desconocían los pormenores de dicho dispositivo.

En su comparecencia como testigo, el antiguo gobernante se desvinculó el pasado miércoles de la actuación de la policía -su administración envió seis mil agentes a Cataluña días antes-, al señalar que 'jamás he tomado una decisión sobre el operativo policial'.

La causa contra los dirigentes secesionistas comenzó el pasado 12 febrero en la sede del TS en Madrid.

En el banquillo de los acusados se sientan, entre otros, el exvicemandatario catalán Oriol Junqueras, para quien la Fiscalía pide, junto a otros ocho dirigentes, hasta 25 años de prisión por los presuntos cargos de rebelión y malversación de fondos públicos.

Por su parte, la Abogacía del Estado rebajó la horquilla de penas a entre siete y 12 años de cárcel, al acusarlos de sedición y no de rebelión, además de los otros delitos.

Todos están acusados de participar de manera activa en la organización del referendo de autodeterminación y la ulterior declaración de independencia de la próspera comunidad autónoma nororiental.

El mismo día en que el Parlamento catalán proclamó unilateralmente la ruptura con esta nación ibérica, el 27 de octubre, el entonces ejecutivo del conservador Partido Popular destituyó a las autoridades catalanas y asumió el control de la región.

Tras la inédita intervención de las instituciones autonómicas, Rajoy convocó a elecciones regionales, mientras que la justicia, a pedido suyo, abrió una causa para dirimir responsabilidades por el desafío soberanista.

Sin embargo, en esos comicios, realizados el 21 de diciembre de 2017, los partidos secesionistas catalanas renovaron su mayoría absoluta en la cámara autonómica, lo cual frustró la pretensión del otrora mandatario de frenar las aspiraciones del independentismo.

Demostrar que los separatistas emplearon violencia para llevar a cabo sus planes será la cuestión central a dirimir en el juicio, pues, de acuerdo con el Código Penal español, ese supuesto es esencial para sostener la acusación de rebelión.

Un relato rechazado de plano por el movimiento independentista, que por el contrario denunció la violencia policial durante la jornada del referéndum, cuando las imágenes de uniformados reprimiendo a votantes inermes dieron la vuelta al mundo.


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