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Juristas critican morosidad de justicia en dictar libertad del expresidente Lula

Brasilia. Prensa Latina | 5 de Abril de 2019 a las 10:06

Juristas brasileños cuestionan actualmente el aplazamiento del juicio, previsto para el 10 de abril, que ordenó el Supremo Tribunal Federal (STF), el cual podría beneficiar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde hace casi un año.

 

La víspera, el titular del STF, Antonio Dias Toffoli, retiró de la agenda del martes la audiencia de acciones que abordaría el encarcelamiento y la posible liberación de Lula.

 

De acuerdo con la asesoría de la corte, Dias Toffoli atendió la petición de aplazamiento presentada el lunes por el Consejo de la Orden de los Abogados de Brasil (COAB).

 

La COAB, autora de una de las acciones sobre el tema, afirmó que la nueva directiva necesita estudiar y 'enterarse del proceso'.

 

Al respecto, el exministro de Justicia Eugenio Aragão afirmó que le extrañó el pedido de la COAB, pues 'el verdadero motivo es algo no declarado. Todo se resume a una sola cuestión: asumir si la prisión de Lula es constitucional o no'.

 

'No sé cuál es (el verdadero motivo de la COAB), pero no creo que sea por falta de conocimiento porque los argumentos sobre prisión en segunda instancia son conocidos y consistentes', señaló Aragão.

 

Insistió en que esa junta 'no tendría motivos para más estudios' y está claro que: 'o usted está del lado de la Constitución, del artículo cinco, LVII, o no'.

 

El exministro sostuvo que 'la prisión de Lula es una ejecución provisional. Desgraciadamente, vivimos en un país sin ninguna seguridad jurídica. Todo muy improvisado'.

 

Las decisiones se toman de acuerdo con la cara del cliente, acentuó.

 

Otros abogados aseguran que la decisión de Toffoli añadió un nuevo capítulo a las artimañas de la justicia para retrasar el juicio de los recursos de la defensa de Lula contra la sentencia del exjuez Sérgio Moro, actual ministro de Justicia del Gobierno de Jair Bolsonaro, que condenó al exsindicalista a nueve años y medio de prisión, en el juicio del caso del tríplex del Guarujá que no pertenece a Lula.

 

A pesar de la falta de pruebas o siquiera comprobación del presunto crimen de Lula al aceptar que la constructora OAS hiciera una reforma en el inmueble, la sentencia fue confirmada y la pena ampliada a 12 años y un mes por el Tribunal Regional Federal de cuarta región (TRF-4).

 

'Hablar que alguien es dueño de la propiedad, cuando no está en su nombre y fue dada como garantía en otro negocio es ridículo. Es una evidente persecución', afirmó por su parte el jurista Celso Bandeira de Mello.

 

Para el profesor de Derecho Penal de la Escuela Paulista de Derecho, Fernando Hideo, la pauta de las cortes superiores obedece a otros intereses y no al cumplimiento de la Constitución y la ley.

 

'No es la Constitución, la ley, nada. Es el momento político. Lula y su prisión están pautando al Poder Judicial', estimó.

 

Subrayó que la prisión de Lula es de 'la resistencia democrática. Es la intimidación de ese proyecto neoliberal y entreguista contrario a la soberanía popular, que comenzó con Michel Temer (2016-2018) y continúa con (Jair) Bolsonaro'.


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