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Gobierno vulnera derechos esenciales de los puertorriqueños

San Juan. Prensa Latina | 29 de Abril de 2019 a las 09:59

La Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico (Cdcpr) concluyó en un voluminoso informe que el Gobierno isleño vulnera este lunes los derechos esenciales de los puertorriqueños para reprimir sus reclamos.

El organismo pidió por tanto, un cese y desista a la Policía de Puerto Rico por prácticas y políticas que vulneran los derechos de libertad de expresión, asociación e intimidad del pueblo puertorriqueño, que resiste desde hace 120 años la dominación colonial de Estados Unidos.

'Durante el periodo bajo investigación y en particular, alrededor de los eventos de protesta pública del primero de mayo de 2017, la Policía de Puerto Rico exhibió una carencia de controles y estructuras institucionales apropiadas para evitar el abuso discriminatorio de las prácticas de vigilancia en el contexto de la protesta pública, ya sea a través de la internet o presencial', indica el documento de 173 páginas.

La tecnología digital contemporánea hace posible que la vigilancia constitucionalmente cuestionable sea imposible de detectar en muchos casos y permanezca impune.

El reclamo surge tras los hallazgos que detalló el organismo público en su Informe Vigilancia Gubernamental y Protesta Pública en Puerto Rico, que se originó con una querella del diputado independentista Denis Márquez Lebrón y cu correligionario senador Juan Dalmau Ramírez.

La presidenta de la Cdcpr, Georgina Candal Segurola, aseguró que el riesgo de vigilancia selectiva inconstitucional es intolerablemente alto, pues en todas las etapas del proceso, desde la recopilación de información hasta los protocolos para su preservación y disposición, existen amplias oportunidades para el abuso de estos mecanismos.

Vista la historia reciente de persecución política en este país resulta imperativo que las instituciones de vigilancia policiaca de Puerto Rico sea repensada en toda su extensión desde una perspectiva de derechos humanos, agregó.

La querella de los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) surgió tras las expresiones emitidas por la coronela Michelle Hernández de Fraley, entonces jefa de la Policía, respecto a que hurgaban en las redes sociales de los manifestantes en anticipo a las actividades del Día Internacional de los Trabajadores, en 2017.

En la querella se alegó que las expresiones eran una práctica de espionaje digital tan repudiable e ilegal como la elaboración en el pasado de expedientes a cientos de miles de independentistas puertorriqueños, cuya ilegalidad determinaron los tribunales.

El informe establece que existe una ausencia de límites reglamentarios que definan lo que será observado y grabado.

Las expresiones de la otrora jefa policial el 26 de abril de 2017 de que tenían acceso a lo que se ha manifestado de las diferentes organizaciones, previo a las actividades del primero de mayo de 2017, probablemente tuvieron un efecto disuasivo sobre las personas, lo que afectó adversamente el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, asociación e intimidad.

'Un referido de la Policía de Puerto Rico al FBI (Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos) por comentarios en Facebook y el procesamiento criminal por expresiones constitucionalmente protegidas tuvo un efecto disuasivo y lacerante sobre los derechos humanos en el país', reafirmó el documento.

Otro hallazgo fue que la Policía adquirió 'drones' sin políticas, sin planificación, sin permisos de uso y sin adiestramiento para asegurar el uso adecuado y en cumplimiento con los derechos de libre expresión y asociación de las personas, dijo Candal Segurola en anticipo a las protestas del Primero de Mayo, luego de dos años consecutivos de represión.


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