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Exigen al gobierno de Chile asumir control sobre la salud privad

Santiago de Chile. Prensa Latina | 21 de Marzo de 2020 a las 10:22

Las voces que reclaman al gobierno de Chile asumir el control de las instalaciones privadas de salud para reforzar el enfrentamiento a la pandemia de Covid-19 aumentan este sábado desde distintos sectores.

Con ese objetivo, los diputados comunistas Karol Cariola y Daniel Núñez ingresaron en el Congreso un proyecto de ley que declara de utilidad pública a todo el sistema privado de salud.

La iniciativa establece en un solo artículo que de tomarse esta decisión 'el ejercicio de las facultades del dominio de los titulares de tales hospitales, clínicas y centros de salud privados quedará suspendido en caso de alerta sanitaria u otro grave peligro para la salud de la población, pudiendo el Estado administrarlos de forma directa'.

Los partidarios de esa medida advierten que algo similar fue implementado por el Gobierno español.

Al respecto, el diputado Núñez señaló que 'hay capacidad en el sistema privado que hoy el sector público solo puede obtener a través de precios de mercado o de la buena voluntad de un privado'.

Explicó que 'el Estado puede administrar esas camas que están en hospitales, especialmente clínicas y centros de salud para asegurar que cualquier chileno afectado gravemente por esta enfermedad tenga el derecho básico a un tratamiento digno'.

Núñez añadió que la vida es un bien superior que debe estar por encima del mercado y la propiedad privada y el Estado debe tener facultades para actuar y enfrentar como corresponde esta crisis tan dramática.

Según los promotores, el proyecto de ley es de fácil tramitación y puede ser aprobado por mayoría simple en la Cámara de Diputados.

En igual sentido se pronunciaron por su parte figuras como el expresidente del Banco Central Roberto Zahler, el exministro de Economía Carlos Ominami, y el economista Ricardo French-Davis.

En declaraciones al diario El Mercurio puntualizaron que la salud privada, clínicas y laboratorios deben quedar bajo la administración del sector público, ya que resulta insólito que el Estado pague a privados para atender durante la emergencia.


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