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Corte ordena captura de política que denunció soborno de Uribe

Bogotá. Agencia Reuters. | 26 de Abril de 2008 a las 00:00
La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la captura de una ex congresista que denunció que el presidente Álvaro Uribe y funcionarios de su Gobierno le ofrecieron cargos burocráticos para que votara a favor de una reforma constitucional que permitió su reelección en el 2006. Fuentes de tribunal dijeron este sábado que la política Yidis Medina fue vinculada a una investigación por el delito de cohecho, que podría costarle entre 5 y 8 años de cárcel. Adicionalmente, podría ser investigada por fraude procesal debido a que en el 2004 entregó otra versión de los hechos a la Procuraduría General. La decisión de la Corte se tomó después de que el domingo un noticiero de televisión transmitió una entrevista con Medina, grabada en agosto del 2004, en la que la política aseguró que Uribe y otros funcionarios le ofrecieron tres cargos directivos en dependencias gubernamentales y un consulado para que votara a favor de la reelección. El voto de la política fue decisivo para aprobar una reforma constitucional que permitió la reelección de Uribe. Aunque Medina se oponía a la reelección presidencial inmediata, en el momento de votar en la comisión legislativa a la que pertenecía la apoyó con lo que abrió el camino para que el presidente colombiano lograra su continuidad en el poder. En medio de acusaciones de sobornos para aprobar la reelección, Medina negó en su momento ante la Procuraduría, el organismo de control de los funcionarios gubernamentales, haber recibido ofertas para cambiar su voto y aseguró que lo hizo en forma libre y responsable. Sin embargo, grabó la entrevista ante el temor de que fuera víctima de un atentado y para usarla contra el Gobierno en caso de que no le cumpliera con lo ofrecido como sucedió, de acuerdo con la misma política. Medina, del Partido Conservador, anunció el sábado a través de familiares que se entregará la próxima semana ante las autoridades. La denuncia se conoció en momentos en que el Congreso de Colombia es sacudido por una grave crisis política y un escándalo que mantiene en la cárcel a por lo menos 32 legisladores, mientras que más de 30 son investigados por sus presuntos nexos con los escuadrones paramilitares de ultraderecha. La mayoría de los legisladores investigados y en la cárcel son aliados de Uribe, quien pese al escándalo y a la crisis descartó la posibilidad de revocar el Congreso y convocar a nuevas elecciones. Los congresistas son acusados de haber hecho acuerdos con los antiguos paramilitares o de haber recibido apoyo financiero o logístico para ser elegidos con votos de regiones controladas por esos grupos armados ilegales. El Congreso de Colombia aprobó en el 2004 un acto legislativo que habilitó a Uribe para buscar su reelección inmediata, el cual fue avalado por la Corte Constitucional.

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