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Perú propone OEA intervenga ante UE por ley de inmigración

Lima. La Voz.com. | 20 de Junio de 2008 a las 00:00
El presidente Alan García propuso que los países miembros de la OEA se reúnan para definir una postura continental ante las nuevas leyes europeas que permiten la deportación de inmigrantes indocumentados, algo que consideró "injusto" y discriminatorio. "Esto es absolutamente injusto y poco cristiano", dijo García al comentar la aprobación de la denominada "Directiva de retorno" por el Parlamento Europeo. En la víspera, el presidente venezolano Hugo Chávez amenazó con no vender petróleo a los países europeos que apliquen la polémica legislación, mientras su colega de Bolivia, Evo Morales, advirtió la posibilidad de que surjan enfrentamientos en Europa y Latinoamericana. "Al menos nuestro petróleo no debe llegar a esos países", dijo Chávez y amenazó con expulsar de Venezuela las inversiones de los países europeos que empiecen a deportar a inmigrantes latinoamericanos. García anunció el jueves en la noche que pedirá al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, que convoque a una asamblea general, que consideró el foro más adecuado para discutir el tema, debido a la presencia mayoritaria de países de Latinoamérica y el Caribe. "Voy a hablar (el viernes) con José Miguel Insulza para pedirle que convoque a una reunión para tratar este tema", dijo García en declaraciones a la prensa. "Tendríamos una presencia numérica y podríamos tener una sola voz y estaríamos asistiendo los presidentes", agregó. "Nosotros tenemos que defender a los connacionales y decimos que por liberarse de unos cuantos no se puede afectar a millones de latinoamericanos que allí existen. No es justo, lo haremos saber", expresó. Además recordó que "América siempre fue generosa" cuando se produjeron las masivas migraciones de europeos a países como Argentina, Brasil y Estados Unidos en el siglo 19. "A nadie se le ocurrió en ese momento dar una ley de expulsión de extranjeros", sostuvo. El mandatario remarcó que la medida adoptada por el Parlamento Europeo discrimina a millones de latinoamericanos que viven en ese continente, y en el caso de Perú, a un millón y medio de peruanos. García indicó que el gobierno peruano optará por actuar diplomáticamente, y evalúa el envío de misiones especiales ante los gobiernos europeos, por lo que descartó alguna forma de represalias como "bloqueo o cierre de fronteras". Expresó su confianza en que el polémico tema no entorpecerá las relaciones entre América Latina y Europea, pero manifestó su extrañeza por la medida en momentos de una tendencia mundial hacia la globalización de los mercados, que según indicó, también debe comprender a los seres humanos. "Si no sería una globalización a medias, sólo de productos", señaló. García dijo que es incomprensible que Europa dicte una ley contra los inmigrantes cuando es un continente que necesita crecer, que tiene tasas de natalidad muy bajas y una población que envejece cada vez más. En Quito, la Secretaria Nacional del Migrante, Lorena Escudero, señaló el viernes que el diálogo político entre la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Unión Europea para alcanzar un tratado de libre comercio "no puede continuar" si es que los europeos hacen oídos sordos a los reparos andinos a las nuevas leyes de inmigración. "Hay algunas estrategias que nos vamos a jugar ahora" para rechazar la nueva legislación europea y lograr cambios, advirtió Escudero en declaraciones a radio Quito. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, había calificado a la nueva legislación como "una vergüenza" para Europa. En Montevideo, el secretario general Iberoamericano, Enrique Iglesias, cuestionó el viernes las medidas contra los inmigrantes ilegales al considerar que "pueden producir grandes injusticias". Instó a reconocer la contribución de los migrantes a los países de acogida, y el principio de que los migrantes "no son delincuentes" y deben ser tratados "con absoluto respeto a sus derechos humanos". Las polémicas leyes aprobadas permiten entre otras cosas, que los estados pertenecientes a la Unión Europea pueden detener en centros de internación hasta por 18 meses a los inmigrantes antes de ser expulsados.

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