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Ex congresiste 43 meses presapor favorecer reelección Uribe

Bogotá. Agencia EFE. | 25 de Junio de 2008 a las 00:00
La Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó este miércoles a la ex congresista Yidis Medina a 43 meses de prisión domiciliaria, tras ser hallada responsable del delito de cohecho al favorecer con su voto la reelección del presidente Álvaro Uribe en 2005, informaron fuentes judiciales. Medina, ex representante a la Cámara, detenida desde abril pasado, sin embargo, pagará la pena en su domicilio dado que es madre cabeza de familia. La ex parlamentaria cambió su voto, que inicialmente era negativo, según confesó, gracias a las dádivas recibidas entonces de parte de altos funcionarios. El actual embajador en Italia, Sabas Pretelt, quien era ministro del Interior y de Justicia, y el también ministro de la Protección Social, Diego Palacio Betancourt, así como el ex secretario de la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, Alberto Velásquez, son algunos de los altos cargos involucrados en el escándalo llamado de la "yidispolítica". El lunes pasado en el marco del mismo escándalo, la Fiscalía abrió investigación formal y ordenó declarar a Sabas Pretelt. Pretelt fue acusado de haber ofrecido a nombre del Gobierno prebendas burocráticas por Yidis Medina a cambio de que votara a favor de la reelección presidencial, durante un debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. La Fiscalía también trata de establecer si los funcionarios ofrecieron dádivas gubernamentales a otro ex miembro de la Cámara baja, Teodolindo Avendaño, preso desde mayo último, quien se ausentó el día de la votación, pese a que había anunciado su voto en contra, ayudando así a aprobar la reforma. Esa reforma permitió a Uribe un segundo período consecutivo (2006-2010). Por el mismo escándalo de la "yidispolítica" está detenido también el ex congresista Iván Díaz Mateus por orden igualmente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Yidis Medina denunció que funcionarios del Gobierno le ofrecieron prebendas a cambio de su voto, como puestos en dependencias oficiales, en tanto que el Ejecutivo la acusa de presionar para que le dieran contratos oficiales a allegados suyos.

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