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Estado de Derecho funciona en Chile pese a dudas sobre policía

Santiago. Agencia EFE. | 29 agosto de 2008

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El Estado de Derecho funciona en términos generales en Chile, pese a que sólo el 13 por ciento de la población considera que la policía trata a todos los ciudadanos de la misma manera, según un informe hecho público este viernes en Santiago. Así lo explicó la socióloga Alejandra Mohor durante la presentación del estudio sobre "Indicadores para medir el funcionamiento del Estado de Derecho: una aproximación global", elaborado por el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile entre febrero y mayo de este año. Según el informe, "existe evidencia alentadora" de que la administración pública, la adjudicación de contratos públicos y la aplicación de la legislación en el país no son discriminatorias, en tanto que un 58% de las leyes aprobadas entre enero y abril pasados contó con la participación de distintos actores sociales. Sin embargo, sólo un 13% de la población considera que el comportamiento de la policía no es discriminatorio, si bien Mohor asegura que en el caso analizado, el del control de identidad en la vía pública, no se ha detectado ninguna preferencia por supervisar a personas de determinados estratos sociales. En cuanto al porcentaje de quejas contra agentes que son sometidas a un procedimiento, los Carabineros (policía militarizada) no aportaron datos para el estudio, en tanto que la Policía de Investigaciones, que representa el 20% del contingente policial del país, sí revisó el 80% de esas reclamaciones. Durante la elaboración del informe, los investigadores se enfrentaron a la falta de registros sistematizados en muchas instituciones públicas, lo que les impidió obtener cifras concluyentes acerca del acceso a la representación legal, del poder judicial y del funcionamiento de las cárceles. No obstante, los responsables del estudio indican que el hacinamiento en las prisiones de Santiago en 2007 alcanzaba el 158% de su capacidad y mencionan dos estudios de organizaciones no gubernamentales que denuncian conductas inapropiadas. Ambos aspectos fueron criticados este jueves en un informe un alto funcionario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El informe, realizado con el apoyo del Proyecto Mundial de Justicia de la American Bar Association, el Vera Institute of Justice y tres socios de la Alianza Global Altus, forma parte del Proyecto Mundial de Indicadores de Justicia, que en su primera fase se aplicó en Chandigarh (India), Lagos (Nigeria), Nueva York y Santiago. En esa fase piloto se ha puesto a prueba la eficacia y pertinencia de 60 indicadores para evaluar el Estado de Derecho, que según la definición de las Naciones Unidas incluye aspectos de igualdad ante la ley, separación de poderes y participación en la toma de decisiones, entre otras cuestiones.


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