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México experimenta una revolución legal

Ciudad de México. LaVoz.com | 6 de Septiembre de 2008 a las 00:00
México experimenta una revolución en su sistema legal y Cristal González está en la línea del frente. La abogada entrenada en Estados Unidos y otros juristas ofrecen cursos relámpago para jueces, abogados, investigadores y empleados judiciales, ahora que México ha enmendado su constitución para deshacerse de su sistema legal inepto y corrupto. A veces sus lecciones parecen sorprendentemente obvias. Pero revelan el desarreglo de los tribunales y la policía, maniatados por un sistema judicial desactualizado y largos antecedentes de sobornos e interferencias políticas. En una tarde reciente, explicó las nuevas normas a una clase de 200 profesionales con la claridad de una maestra preescolar: "El acusado es i-no-cen-te hasta que se demuestre su culpabilidad. No se pueden extraer confesiones por la fuerza. ¿Eso significa que la persona no puede ser sometida a...?", preguntó la abogada haciendo una pausa. "Torturas", respondieron varios alumnos al unísono. Según la enmienda constitucional aprobada por la legislatura y los 32 estados, y firmada por el presidente Felipe Calderón, México tiene ocho años para reemplazar sus procedimientos a puertas cerradas por juicios orales públicos en los que los sospechosos se benefician con la presunción de inocencia, las autoridades legales pueden ser responsabilizadas y donde se promete justicia equitativa para todos. Calderón dice que el desarrollo democrático y económico de México depende de esta reforma judicial, junto con los cambios fiscales y electorales que ha promovido en el Congreso. El país ha tratado de reformar sus principales instituciones gubernamentales desde el 2000, cuando los votantes pusieron fin a 71 años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional, notorio por su uso de los sistemas electoral y legal para mantenerse en el poder. Los partidarios del cambio dicen que México ha perdido millones de dólares en inversiones extranjeras debido a su reputación de país anárquico donde hay arrestos arbitrarios y donde los delincuentes pueden comprar a los jueces, problemas que Calderón dice también dificultan su lucha contra el hampa. El anhelo de reformas se ha intensificado más después que asesinaron al hijo de 14 años de un prominente empresario pese a que se pagó un elevado rescate y que los secuestradores recibieron al parecer la ayuda de detectives e incluso vistieron uniformes de la policía federal en un puesto de control falso. Calderón llevó al padre del niño asesinado, Alejandro Martí, a una importante reunión de gobernadores, jefes de policía, fiscales y funcionarios judiciales a quienes convocó en el Palacio Nacional para debatir nuevas medidas de seguridad, incluyendo la reforma judicial. Martí instó a los reunidos a mejorar el sistema judicial... o renunciar. "Si no pueden hacerlo, renuncien", les dijo el empresario. "Pero no se queden ocupando un puesto del gobierno. No sigan recibiendo un salario por no hacer nada". Desde las raíces de la conquista española en el siglo XVI, México ha tenido un sistema inquisitorial adoptado de Europa en el que el acusado es culpable hasta que demuestra su inocencia, y los procesos se efectúan en gran medida por escrito y en secreto. En varios países se siguen usando sistemas inquisitoriales. Pero la versión mexicana se tornó tan corrupta, dijo González, que "si la policía sumergía la cabeza de alguien en excremento y éste confesaba, la confesión era aceptada si la documentación cumplía los procedimientos en cuanto a impresiones digitales, la firma del ministro público, etcétera". Sin la amenaza de exposición en juicios públicos, los arrestos erróneos, investigaciones fallidas y confesiones extraídas bajo coerción y tortura se han vuelto comunes en México. El nuevo sistema se propone prevenir los errores y abusos que condujeron al despido del jefe de policía de la capital y al procurador general de la república este mes después que doce personas murieron en el allanamiento policial de un club nocturno. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo que la policía provocó una estampida tratando de detener a centenares de jóvenes en vez de arrestar sólo a los que hallaron con drogas o alcohol. Algunos policías varones obligaron a diez mujeres jóvenes a desnudarse pese a que no habían sido acusadas de delito alguno. Justo al sur de la frontera texana, David Meza pasó tres años en la cárcel por el asesinato de su prima de 19 años, Neyra Azucena, cuyo cadáver con un orificio de bala en la cabeza apareció abandonado en el desierto, hasta que un juez reveló que había sido condenado erróneamente. Un fiscal federal especial dijo que Meza confesó bajo tortura y que tenía contusiones consistentes con choques eléctricos. "Este sistema no funcionaba más", dijo González, que estudió derecho en la Universidad Southwestern en Los Angeles para regresar y preparar a los profesionales. En el sistema mexicano ha habido escasa rendición de cuentas porque los jueces adoptan sus decisiones basados en gran medida en testimonios escritos y descripciones de evidencias rara vez cuestionados. A los sospechosos se les hace desfilar ante las cámaras antes de ser instruidos de cargos, a veces sosteniendo armas supuestamente usadas en delitos. Los abogados suelen pagar a testigos para que escriban testimonios favorables, dijo González, y no hay oportunidad de citarlos para que den su testimonio ni para carearlos. No hay confrontaciones emotivas en los tribunales ni alegatos finales. A veces los jueces se hacen lustrar los zapatos mientras presiden juicios. Otras veces envían a sus secretarios judiciales para que supervisen los procesos a puertas cerradas, donde las escasas preguntas que les hacen a los acusados antes del veredicto suelen no tener que ver con los cargos, como por ejemplo "¿Es usted católico?", dijo González. "Es un cambio notable que los jueces escuchen a alguien", dijo la abogada a su clase en el Instituto Judicial Federal. "El juez mirará a los ojos de los testigos. Verá si tartamudean, si están nerviosos. ¿Es esto importante? ¡Por supuesto!" Los jueces _y no un jurado de sus pares_ seguirán decidiendo la culpabilidad o inocencia del acusado. "Esta no es una copia del sistema gringo", dijo González a su clase. En cambio, México ha escogido un nuevo código penal similar al adoptado en el 2005 por Chile, donde los casos son examinados por tres jueces que consideran la legalidad de las pruebas y si se han respetado los derechos del acusado. Después, los jueces envían los casos a juicio o recomiendan otra vía como acuerdos con la fiscalía o libertad condicional. El nuevo código penal no es una cura milagrosa, pero sus partidarios dicen que tiene más garantías, como límite a la detención sin cargos, el derecho a un abogado y a un juicio expeditivo. De todos modos no faltan los escépticos. "Esto favorece a los culpables", dijo la empleada judicial María del Carmen Rojas. "Les da demasiados derechos y, a causa de los juicios rápidos, los jueces no tendrán tiempo. Los jueces van a sentir demasiada presión". La jueza federal Olga Sánchez dijo que halló el código "complicado". Otros sugirieron que muchos policías, fiscales y jueces sencillamente ignorarán los cambios. Algunos se preocupan de que una nueva disposición que permite a los sospechosos del hampa permanecer detenidos hasta por 80 días sin cargos pueda desembocar en abusos. La organización Human Rights Watch con sede en Nueva York dice que es uno de los períodos más largos de detención sin cargos de cualquier democracia occidental. Los sospechosos de terrorismo no pueden permanecer detenidos más de dos días en territorio estadounidense sin ser acusados. Nadie sabe exactamente cuándo se realizará el primer juicio federal oral. Los casos en curso antes del cambio constitucional seguirán según el código anterior. González, una mujer carismática de 30 años, admite que no será fácil cambiar la mentalidad del sistema judicial mexicano dominado por los varones. En una sesión preguntó a tres fiscales estatales cómo resolverían un caso de violación. Todos dijeron que ordenarían al atacante y la víctima a casarse, una práctica que se promovió en buena parte de Latinoamérica. González se vio motivada a cambiar el sistema después que asaltantes treparon a su taxi y la condujeron por la capital mexicana amenazada a punta de pistola durante cinco veces obligándola a retirar dinero varias veces con su tarjeta de cajero automático antes de dejarla en una calle oscura. No llamó a la policía porque pensó que no le resolvería nada y porque si los atacantes lo descubrían podrían lastimar a su familia. Cuando uno de los asaltantes se enteró de que era abogada, se rió y le dijo: "Buena suerte con tu carrera". "Yo no tenía los recursos para hacer nada, y soy parte del sistema", dijo. "Me sentí como una tonta". González dice a sus clases que está cansada de que la asocien con un sistema tan desacreditado. Quiere asegurarse de que se instrumenten las reformas porque ama a su país, y espera que sus alumnos sientan lo mismo. "Esto es dignificar nuestra profesión", sentenció. Puntos salientes de la enmienda constitucional mexicana: – La detención previa al juicio, que ahora es la norma, sólo se permitirá cuando exista peligro real de fuga o se considere que el sospechoso es un mafioso. – Las investigaciones dejarán de ser secretas y la defensa tendrá acceso a toda a información sobre el caso. – El acusado indigente tendrá derecho a contar con abogado. – El acusado tendrá acceso a un traductor, en un país donde buena parte de la población sólo habla lenguas indígenas y desconoce el español. – El juicio deberá comenzar dentro del año siguiente al arresto y estará abierto al público salvo que se considere al acusado sospechoso de pertenecer al crimen organizado o amenaza a la seguridad nacional. El año pasado, más del 40% de los presos federales aguardaban sentencia y muchos pasaron años en la cárcel sin juicio, según Human Rights Watch. – El juez debe preguntar al acusado si la policía le informó de sus derechos y debe estudiar las pruebas para determinar si se las obtuvo legalmente. De no ser así, puede desestimar el caso.

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