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Habitantes de Ciudad Juárez exigen el fin de ola de violencia

Ciudad Juárez. EFE. | 19 de Diciembre de 2008 a las 00:00
Organizaciones cívicas de Ciudad Juárez exigieron este viernes resultados a las autoridades ante la violencia, la extorsión, y la actividad desenfrenada del crimen organizado, que han convertido a esta localidad fronteriza en una de las más peligrosas de México. Con cerca de 1.600 muertes registradas en lo que va de año, la situación es cada vez más difícil, lo que motivó que algunos grupos de personas aboguen por dejar de pagar impuestos si no cambia la coyuntura. En los últimos días, correos electrónicos y anuncios puestos en esta localidad, fronteriza con El Paso (Texas, EE.UU.), invitan a la gente a no pagar impuestos municipales ni llevar los automóviles a matricular hasta que las autoridades federales, estatales y municipales no hagan algo para acabar con la violencia. La paciencia de la ciudadanía se está desbordando, como ocurrió el 12 de diciembre pasado cuando médicos de clínicas privadas y particulares del estado de Chihuahua realizaron un paro de labores de veinticuatro horas en protesta ante la incapacidad de las autoridades para detener la criminalidad. Ese no es el único grupo social afectado por el crimen organizado, pues con anterioridad los abogados de Ciudad Juárez y Chihuahua integraron una comisión para colaborar en las investigaciones sobre los homicidios de los letrados, una decena desde enero de 2006. Precisamente, el alcalde de Chihuahua, Carlos Borruel, se mostró disconforme con el pedido concreto de dejar de pagar impuestos. "No se debe invitar a apartarse de la legalidad y se tiene que ser puntual en el pago de impuestos", afirmó recientemente el edil. Por su parte, el dirigente del Colegio de Abogados de Ciudad Juárez, Héctor González Moquen, dijo que el asesinato de sus colegas podría ser el resultado por defender a personas encarceladas por cuestiones relacionadas con el narcotráfico. Otros abogados entrevistados por Efe mencionan que es injusto que los grupos criminales continúen extorsionando y afectando su labor, ya que muchos litigantes realizan el trabajo para el que se les contrata: exclusivamente el de defender a los acusados. En Ciudad Juárez la violencia ha estado presente todo el año. El 20 de enero fue asesinado Francisco Ledesma Salazar, el coordinador de la policía local, y el director de la corporación, Juan Antonio Román. Hasta ahora han sido asesinados más de medio centenar de servidores públicos, entre ellos policías, altos mandos y funcionarios administrativos. El último caso se registró el pasado miércoles, cuando fue asesinado el comandante Roberto Ramírez. Su cadáver fue localizado esposado y con el tiro de gracia en la cabeza, habitual entre los sicarios del narcotráfico, en el mismo lugar donde días antes otros cuatro cadáveres fueron abandonados, uno de ellos decapitado, de un teniente de la misma corporación local. A ello hay que añadir que el Servicio Médico Forense (Semefo) de la población colapsó ante la sucesión de cadáveres encontrados, lo que ha impedido realizar a tiempo las autopsias y motivado retrasos de hasta 48 horas. Ello ha desatado la indignación de los familiares de las víctimas, que han marchado y expresado públicamente su malestar con las autoridades. Fuentes del Semefo informaron a Efe que trabajan en remediar la situación a marchas forzadas debido a la carencia de personal. Explicaron también que en ocasiones los cadáveres han sido apilados por ser más de quince los cuerpos que están en espera de las actuaciones forenses. La psicosis y el miedo de la ciudadanía ha llevado a muchos a tomar medidas, desde pegar una calcomanía en sus vehículos con la leyenda de "No dispare, no soy narcotraficante", a no salir los fines de semana ante el temor de ser víctimas de los enfrentamientos entre bandas rivales. En los casos más extremos algunas personas han optado por abandonar la ciudad en búsqueda de paz para su familia.

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