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Investigan a 1.603 milites colombianos por ejecuciones extrajudiciales

Bogotá. AFP. | 7 de Julio de 2009 a las 00:00
Un total de 1.603 miembros del Ejército colombiano están siendo investigados por su presunta responsabilidad en el asesinato de 812 personas que fueron reportadas como miembros de grupos ilegales muertos en combates, según un informe divulgado este martes. Las cifras están incluidas en un informe divulgado este martes por el diario El Tiempo de Bogotá, que fue entregado por la Procuraduría General (Ministerio Público) al alto comisionado de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, quien estuvo recientemente de visita oficial en el país andino. En total son 698 expedientes que involucran a 301 oficiales, 488 suboficiales y 814 soldados pertenecientes a 32 brigadas del Ejército y tres comandos operativos. Según el reporte, la mayoría de los casos, que en Colombia se conocen como 'falsos positivos' -asesinatos presentados por los militares como bajas en combates para hacerse a beneficios y premios-, se presentaron en regiones de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Huila, en el centro y centro-oeste del país. La Fiscalía colombiana investiga numerosas denuncias de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros del Ejército, ocurridas especialmente en 2008. El organismo ha podido comprobar que varios jóvenes de barrios pobres de Bogotá fueron engañados con promesas de trabajo y llevados a una región del noreste del país, en donde luego aparecieron muertos y reportados como bajas en combates con grupos armados ilegales. De acuerdo con la Procuraduría, las víctimas de los 'falsos positivos' responden a cuatro perfiles. El primero tiene que ver con personas que fueron retenidas por patrullas del Ejército y que anteriormente prestaron alguna colaboración o auxilio a grupos al margen de la ley. Un segundo perfil corresponde a sindicalistas o líderes comunales, cuya identidad o ubicación era entregada a los militares por desmovilizados o reinsertados de grupos armados ilegales. Otro caso tiene que ver con una estrategia de 'limpieza social', en la que las víctimas eran indigentes, personas solas o forasteros, y un cuarto perfil es el de personas asesinadas o secuestradas por grupos paramilitares de extrema derecha, que luego eran entregadas a patrullas del Ejército.

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