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Ley prohibirá subcontratación en Bolivia

La Paz. Prensa Latina. | 30 de Octubre de 2010 a las 00:00
La nueva Ley General del Trabajo pondrá fin a la subcontratación laboral, método socorrido por algunas empresas y entidades gubernamentales para eludir sus responsabilidades sociales como la indemnización, explicó el viceministro del sector, Félix Rojas. El Estado Plurinacional defenderá los derechos de los trabajadores en el ámbito social, por lo que los contratos de enganche no formarán parte de la nueva normativa, añadió el funcionario. El viceministro informó que se avanzó en 51 artículos de los 122 que contiene el proyecto legislativo, a partir del diálogo con los trabajadores integrantes de las comisiones, en las cuales participan autoridades gubernamentales. También comentó que la norma jurídica en proceso define al contrato de enganche como aquel por el cual se contrata a trabajadores por una persona distinta al patrono, para actividades que generalmente deben cumplirse lejos de su residencia habitual. La propuesta es que el Estado sea el único encargado de mediar entre patrones y contratados para evitar, entre algunos abusos que se cometen, la trata de personas, añadió en su versión digital de este sábado el diario estatal Cambio. Cada día varias personas son engañadas por los contratos de enganche que se firman y existe mucha gente inescrupulosa que engaña a los padres y madres de familia, hasta los propios adolescentes, y los llevan con mentiras fuera de las fronteras con otro tipo de trabajos que no fueron ofrecidos. Incluso, en gran parte de los casos, los esclavizan, precisó Rojas y aseguró que "nosotros vamos a poner a la práctica todas las disposiciones que están contenidas en esta ley para la protección de los trabajadores". Datos de la Organización de Naciones Unidas reflejan que más de 2,4 millones de personas son explotadas actualmente como víctimas de la trata de personas, considerada una de las actividades ilegales más lucrativas, después del tráfico de drogas y de armas. Las formas de trata y tráfico de personas incluyen la servidumbre, el comercio de órganos y la explotación de niños para la mendicidad, cuestiones que también pretenden evitarse con la norma jurídica en proceso.

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