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Fiscalía colombiana pide investigar a Uribe por espionaje

Bogotá. PL. | 8 de Marzo de 2011 a las 00:00
La Fiscalía colombiana solicitó a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que investigue al expresidente Álvaro Uribe por su posible participación en espionaje ilegal previo al año 2005. En una decisión en la cual una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio a cinco exfuncionarios del controvertido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta), el ente acusador compulso copias para que se abra una pesquisa contra Uribe. Los llamados a juicio son Jean Carlo Auque de Silvestre, exdirector de inteligencia del DAS; Mario Orlando Ortiz, subdirector de contrainteligencia; Rodolfo Medina Alemán, subdirector de Contrainteligencia; Eduardo Aya Castro, exsubdirector de Operaciones; e Ignacio Moreno Tamayo, exsubdirector de Fuentes Humanas. Todos serán procesados por las actividades ilegales del denominado G-3, grupo de inteligencia creado durante la administración de Uribe y que realizó seguimientos e interceptaciones a políticos, magistrados, opositores, periodistas y activistas de derechos humanos, entre otros. Las acusaciones que pesan sobre los referidos exfuncionarios son concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de equipos transmisores y receptores, hasta abuso de autoridad. En tanto uno de los inculpados involucró con su testimonio directamente al exmandatario, de acuerdo con trascendidos. Uribe tiene una investigación vigente en la Cámara de Representantes por espionaje ilegal después de 2005; en ese entonces estaban al frente del DAS, indistintamente, María del Pilar Hurtado y Andrés Peñate. Ambos ya rindieron interrogatorio y están pendientes de un llamado a imputación de cargos que se podría dar a conocer esta semana. Hasta ahora, las pesquisas, evidencias, confesiones y testimonios demostraron como el DAS tenía entre uno de sus principales objetivos -por medio de interceptaciones y seguimientos ilegales- desacreditar, desprestigiar y atacar a ciudadanos de relevancia nacional. Si bien desde 2009, cuando se desató el considerado como el peor escándalo en la historia institucional del país, ya se mencionaba la activa participación de altos funcionarios ligados a la administración de Uribe en los hechos, durante el pasado año se comprobó por primera vez esa presunción.

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