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Doña Violeta no tenía mandato para renunciar a indemnización de EU

Managua. Radio La Primerísima / PL, END. | 6 de Julio de 2011 a las 00:00
El Nuevo Diario publica este miércoles una copia de un documento oficial de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en el que ese alto tribunal de la ONU confirma que la entonces presidenta, Violeta Barrios, fue quien renunció a continuar con el proceso para cobrar la indemnización que Estados Unidos debía pagar a esta nación centroamericana por la guerra hecha al país en la década de los 80s, en un nuevo elemento que aviva la polémica surgida aquí hace poco más de una semana. Según el texto publicado por El Nuevo Diario, el 27 de septiembre de 1991 el secretario de la CIJ informó públicamente que el 12 de ese mismo mes el gobierno de Violeta Barrios le había comunicado la decisión de renunciar "a todo derecho de acción" y que no deseaba continuar con el procedimiento en curso. En consecuencia, el presidente de la Corte, el 26 de septiembre de 1991, impartió instrucciones para que se suspendieran las actuaciones y ordenó la eliminación del caso de la lista de la CIJ, dice el documento. El texto publicado este miércoles parece confirmar declaraciones recientes del embajador estadounidense en Managua, Robert Callahan, quien afirmó que para Washington ese caso está cerrado, debido a que en 1991 el gobierno nicaragüense lo retiró oficialmente y ellos tienen un documento que lo demuestra. Doña Violeta no tenía mandato para hacerlo Sin embargo, varias figuras del tablero político local, citadas este miércoles por el propio periódico, se pronuncian de manera muy diferente. Entre ellas, Roger Guevara Mena, candidato presidencial por una de las formaciones antisandinistas para las elecciones de noviembre próximo, calificó de incorrecta la decisión de la expresidenta Violeta Barrios, quien -aseguró- no tenía facultades para hacerlo. El especialista en derecho internacional sostiene que la decisión del gobierno de Barrios de Chamorro fue incorrecta, pues en su calidad de Presidenta de la República, la exmandataria no tenía esa facultad. “En el derecho internacional, para que la parte tenga el derecho a renunciar a los bienes como resultas de un juicio internacional, la parte debe tener un mandato. Ese mandato tiene que ser soberano, y como la soberanía la ejerce el pueblo, este ejerce su soberanía a través de una elección, de un plebiscito o de un referéndum”, expresó Guevara Mena. Según el especialista, el Presidente “no tiene el derecho de ceder los activos del Estado, y para ello tuvo que haber consultado, de manera que ese desistimiento realizado por la mandataria Chamorro lo que hizo fue suspender el proceso y la tasación de la decisión judicial de la CIJ”. El gobierno de doña Violeta ni siquiera llevó una resolución de la Asamblea Nacional, ya que la Ley 130, derogando la Ley 92, Ley de Protección de los Derechos de Nicaragua en el marco de la Corte Internacional de Justicia, solo devolvía las cosas a la situación en que estaban antes de abril de 1990, agregó Guevara Mena. “Nicaragua pudo haber hecho en todos estos años esa consulta donde se desautorizaba a la mandataria por no tener mandato expreso para renunciar a esos fondos, y una vez aceptada la solicitud de Nicaragua, con el respaldo de un plebiscito, y luego, una vez admitida la solicitud, la Corte iba a efectuar la tasación en el estado en que había quedado antes de la renuncia. Una vez tasada por la Corte, el gobierno nicaragüense podía presentarse ante la Corte Federal de Justicia de Estados Unidos pidiendo el cumplimiento de la sentencia”, explicó Guevara Mena. En términos parecidos se pronunció el diputado liberal José Pallais, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento, quien opinó que "se renunció a los procedimientos pero eso no significa que se renunció a los beneficios de la sentencia". En 1986, el gobierno, presidido entonces por Daniel Ortega, denunció ante la CIJ a Estados Unidos por el minado de los principales puertos marítimos de Nicaragua, por el aislamiento económico, por los sabotajes a objetivos civiles y económicos y por los daños materiales que estas actividades provocaron, recuerda el periódico. Dos años después, el 27 de junio de 1986, la Corte dio la razón a Nicaragua y condenó a Estados Unidos a resarcir a Managua, pero no fijó el monto de la indemnización, que las autoridades sandinistas calcularon, en 1989, en unos 17 mil millones de dólares. El tema volvió a los primeros aquí después que el presidente, Daniel Ortega, aludiera el pasado 25 de junio al 25 aniversario de la decisión de la CIJ, y afirmara que llegará el día en que Estados Unidos tendrá que pagar esa deuda a Nicaragua.

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