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Fenosa: irredenta y mentirosa

Agencias AFP y EFE. Desde Madrid y Managua. | 1 marzo de 2007

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En España, el presidente de la multinacional Unión Fenosa, Pedro López Jiménez insinuó este jueves que es el gobierno de Nicaragua el que no quiere llegar a un acuerdo su filial. Pero lo que no dice es que rompieron unilateralmente sus compromisos contractuales, no han cumplido con el plan de inversiones y para remate, demandaron al estado nicaragüense. López Jiménez dijo que el propósito de la eléctrica española es dialogar con el Gobierno nicaragüense e "intentar buscar una solución", pero precisó que para llegar a un acuerdo "hace falta que quieran las dos partes". Durante una conferencia de prensa convocada para exponer los resultados de 2006, López Jiménez subrayó que los problemas de suministro en Nicaragua se deben a la falta de capacidad de generación eléctrica y no a la actividad de distribución, que es la que desarrolla Unión Fenosa. López Jiménez reconoció que "lleva meses con ciertas dificultades" consideró "lógico" que los nicaragüenses exijan la cobertura de la demanda eléctrica, pero recalcó que Unión Fenosa no puede hacerlo a costa de "tener un pozo de pérdidas" y sin que los problemas de falta de generación sean de su competencia. El diferendo entre el gobierno y la multinacional Unión Fenosa subió de tono este jueves después de que ésta acudiera al ejecutivo español y al Banco Mundial alegando que su inversión está en riesgo. El asesor económico de la Presidencia, Bayardo Arce en declaraciones a la prensa dijo que Unión Fenosa antes que someterse a las leyes del país recurrió a dos instancias internacionales como son el Banco Mundial y un trámite recíproco de protección de inversión entre España y Nicaragua. "Obviamente que si estos casos se ventilan allí jurídicamente, nosotros vamos a hacer uso de todo lo que nos da el contrato, y si ellos suscribieron en el contrato el compromiso de no involucrar a su gobierno en esto, pues también se usará", advirtió Arce. El Estado nicaragüense cuestiona la calidad del servicio de Unión Fenosa y la acusa de incumplir obligaciones contractuales, mientras que la firma española alega pérdidas económicas por el fraude eléctrico de grandes consumidores de energía así como por las deficiencias en el suministro del fluido de parte de empresas generadoras, algunas de ellas de propiedad estatal. El presidente Daniel Ortega, ha acusado varias veces a la empresa española de no cumplir el contrato de distribución de energía eléctrica y ha denunciado las interrupciones del suministro que se están produciendo. El pasado martes, Ortega expresó su deseo de hablar con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre la presencia de Unión Fenosa en el país. Ortega reveló que ante los cuestionamientos del gobierno a Unión Fenosa de incumplir el contrato por el que obtuvo la concesión en el país, la compañía respondió con "posiciones más duras" a los requerimientos del gobierno. Según Ortega, en las reuniones para encontrar una salida a los problemas, los representantes de Unión Fenosa se hicieron acompañar del embajador español (Jaime Lacadena) para hacer sentir que el gobierno ibérico los está respaldando. Pese a que el embajador Lacadena, negó el miércoles que haya amenazado con afectar la ayuda, Ortega dijo que espera que el gobierno español respete las cláusulas del convenio con Unión Fenosa, según el cual, ésta renunció "a cualquier reclamo por la vía diplomática". En caso de diferencias se debe agotar los procedimientos internos antes de recurrir a instancias internacionales, según Managua. El Estado nicaragüense y los usuarios atribuyen a Unión Fenosa la responsabilidad de apagones de más de 12 horas durante varios meses en 2006, con el propósito de obligar al gobierno a aumentar las tarifas. En medio de la controversia, el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) reanudó el miércoles un juicio de arbitraje para dilucidar las diferencias alegadas por ambas partes en las que asegura contar con los elementos probatorios del incumplimiento de Unión Fenosa. Arce explicó a los periodistas que una de las quejas de Unión Fenosa por una abultada deuda de instituciones estatales por servicio de electricidad, ya fue satisfecha y la depuración de las cuentas dejó al descubierto que la firma española es deudora del Estado. "Les hicimos ver que si no hacen las inversiones necesarias en el país para operar, las otras cosas que están pidiendo para respaldar sus operaciones son difíciles de hacer", comentó Arce, sin entrar en detalles. El representante del Banco Mundial (BM) en Nicaragua, Joseph Owen en declaraciones a El Nuevo Diario dijo que hay contactos con las partes en conflicto para que logren un acuerdo en torno a sus diferencias. Unión Fenosa recurrió a la aseguradora del BM, Multilateral Investment Guarantee Agency (Miga, en inglés) para hacer efectivo un seguro de expropiación por 53 millones de dólares ante la supuesta intención del gobierno de cancelarles la concesión por no cumplir el contrato. "MIGA está platicando con el gobierno y con Fenosa para tratar de ver si ellos pueden juntarse, platicar y resolver las diferencias entre ellos (...) son reuniones al más alto nivel, estamos esperando resultados positivos", comentó Owen.


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