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Nicaragua suspende pago de indemnizaciones a confiscados durante sandinismo

Agencia AFP. Desde Managua. | 9 de Marzo de 2007 a las 00:00
La Procuraduría General de Nicaragua ordenó suspender los pagos de bonos de indemnización a las personas que reclaman la devolución de propiedades que fueron confiscadas durante la revolución sandinista (1979-90), informó una fuente oficial. La procuraduría detuvo los pagos tras descubrir que el gobierno anterior -que cesó sus funciones en enero- autorizó indemnizaciones que no se ajustan al valor real de las propiedades confiscadas, afirmó el procurador Hernán Estrada. Estrada, quien representa los intereses del gobierno sandinista de Daniel Ortega, dijo que la medida afecta los Bonos de Pago por Indemnización (BPI) que debían desembolsarse en los últimos seis meses, con el fin de realizar una investigación. El procurador ordenó al Ministerio de Hacienda suspender la emisión de los finiquitos que se extienden para certificar los pagos y anuló un número no precisado de resoluciones de pago que dictó la Comisión Nacional de Confiscados. Los BPI son obligaciones de pago que el Estado de Nicaragua contrajo a largo plazo para resolver los reclamos de indemnización por propiedades confiscadas y expropiadas que miles de ciudadanos nacionales y extranjeros presentaron después de la revolución. Se estima que la revolución sandinista confiscó y expropió alrededor de 5.872 propiedades urbanas y rurales, que abarcaron más de 2,8 millones de manzanas. Las tomas se realizaron mediante decretos confiscatorios, la ley "de ausente" que los sandinistas aplicaron a los nicaragüenses que huyeron del país después de la revolución, la reforma agraria que autorizaba expropiar propiedades abandonadas y "mal manejadas" y otras ocupaciones de facto. Los BPI son pagados anualmente con fondos del presupuesto, que este año asciende a más de 100 millones de dólares que fueron autorizados el miércoles por el Congreso, que quedarían congelados hasta que el gobierno termine las investigaciones. Según fuentes del Ministerio de Hacienda, los BPI no son títulos estandarizados, lo que significa que difícilmente pueden ser transados en las bolsas de valores internacionales. El dirigente de la Asociación de Confiscados Alfonso Castellón respaldó la decisión del gobierno sandinista de investigar los pagos de indemnización, tras confirmar que han existido dobles pagos, sobrevaluados catastrales y otras irregularidades en el proceso.

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