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¿Por qué las pláticas con el FMI son secretas? ¿adonde está la participación ciudadana?

Por Adolfo Acevedo Vogl | 15 de Marzo de 2007 a las 00:00
De nuevo el gobierno de Nicaragua ha decidido negociar en secreto, con el FMI. Esto resulta ya sencillamente inadmisible. Se trata de decisiones que nos afectan a todos. Con frecuencia, en ellas se juega el futuro del país y por lo tanto, de los seres humanos que lo habitan. Estos no son asuntos que puedan decidirse en secreto entre funcionarios públicos y organismos financieros internacionales.

Por Adolfo Acevedo Vogl

En las negociaciones con el FMI no se están dirimiendo asuntos puramente "técnicos". Allí se están dirimiendo asuntos fundamentales. El nuevo Programa con el FMI será decisivo para determinar si el país logrará alcanzar o no los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las metas nacionales en educación, salud, lucha contra el hambre, agua y saneamiento, vivienda, y si podrá recuperar o no perspectivas básicas de desarrollo futuro. Hasta el momento, sin embargo, la nueva administración gubernamental no ha expresado jamás su compromiso claro, irrevocable y explícito con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio ni con la necesidad imperiosa de llevar los Presupuestos en estas áreas al nivel necesario para que dichos objetivos y metas sean alcanzados. Sin embargo, mientras no asume ningún compromiso transparente con los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses, a quienes está obligado a servir y rendir cuentas, discute estos asuntos en secreto con el FMI. Allí se dirimirá también el futuro de la política salarial para educación y salud, y tampoco existe hasta ahora ni la más mínima definición política de la nueva administración gubernamental al respecto. Esto es solo objeto de las negociaciones secretas con el FMI, y no como debe ser: un compromiso abierto y transparente con la ciudadanía. Por supuesto, esto implica que la nueva administración gubernamental de Nicaragua enfrenta un dilema: o se continúan utilizando los salarios y Presupuestos de Educación y Salud, las transferencias Municipales, etc., como "variable de ajuste" para asegurar a toda costa el pago de la onerosa e ilegítima deuda interna (y parece que no solo los CENIS son resultado de enormes irregularidades, por lo que arrojan las primeras revisiones de los BPI), o se dispone a reestructurar a fondo dicha deuda, y mas allá que eso, adoptar la decisión histórica de alcanzar, por primera vez, la progresividad del sistema tributario, que es escandalosamente regresivo. Como se sabe, la política de inversión en capital humano es fundamental, en un contexto de plena transición demográfica, que abre una ventana de oportunidad por una única vez y por un tiempo limitado, y que exige inversiones muy importantes para asegurar que los jóvenes que por decenas de miles se están incorporando al mercado de trabajo, no lo sigan haciendo con niveles de escolaridad tan míseros que los condena por los 50 años restantes de su vida adulta, a encontrar ocupaciones que los mantendrán por debajo del umbral de la pobreza absoluta. Como lo ha expresado Naciones Unidas: "si esto no se hace a tiempo, es decir, desde ahora, la oportunidad se convertirá en una catástrofe social". Es una promesa falsa y burda plantear que se comenzarán a generar masivamente y de manera predominante empleos de calidad bien remunerados, que por definición requieren fuerza de trabajo calificada, cuando la fuerza de trabajo nicaragüense muestra niveles de escolaridad míseros y solo puede ser absorbida por el tipo de empleos que, de manera predominante, está generando la economía nicaragüense: precarios, informales y que rinden a quienes los desempeñan un ingreso que los condena a la pobreza o a la pobreza extrema. Estos son asuntos que el gobierno debe abordar de manera abierta y transparente con la ciudadanía, antes que dirimirlos en secreto con el FMI. Allí se va a dirimir también el 6% para las Universidades (además de la eliminación de la autonomía universitaria, que ni siquiera puede aceptar discutirse), y en mi criterio, lo único por lo que seria valido y legítimo suplantarlo, es por el principio constitucional del 7% del Producto Interno Bruto (PIB) para Inversión Pública en Educación como un todo (y se establezca un mecanismo de distribución de este monto entre los diversos niveles educativos), nivel recomendado por la UNESCO, que permitiría alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y una escolaridad promedio de 9 años en 2015. Entre los países que son tan pobres como el nuestro, Honduras y Bolivia (por ejemplo) ya lo han alcanzado, y entre países mucho más pobres, también lo hicieron Kenia, Lesotho, Malawi, entre muchos otros. Allí se va a dirimir algo tan fundamental como las reformas a la seguridad social, donde el FMI está exigiendo profundas "reformas paramétricas" para erradicar, de una sola vez, el déficit actuarial del INSS: se propone incluso que se reduzca el porcentaje del salario de los trabajadores que estos reciben como pensión –porcentaje conocido como "tasa de reemplazo"– a un 20%, lo cual significaría que si un maestro se jubila al final de su vida laboral con un salario de 130 dólares mensuales, recibiría como pensión apenas 26 dólares al mes. Estas reformas, para la ceguera del FMI, deberían ser suficientemente drásticas como para eliminar de una sola vez el denominado "déficit actuarial" del INSS (resultante de la diferencia entre el valor actual de las cotizaciones y el valor actual de los beneficios que otorga el INSS, ambos proyectados para los próximos 75 años), el cual se traduciría en déficit efectivos del INSS únicamente a partir del ano 2023 (hasta entonces el INSS tendría superávit efectivos). Este hecho proporciona un margen adecuado de tiempo para discutir a fondo este asunto, no solo ni exclusivamente el de la viabilidad financiera a medio-largo plazo del INSS, sino el asunto de fondo de la política integral de seguridad y protección social del Estado, y cómo financiarla. En efecto, lo que debe definir el gobierno de la República de Nicaragua, es una política de protección y seguridad social, mas que subordinarse a las exigencias de un FMI que no tiene el mas mínimo "expertisse", ni el mas mínimo interés, en la seguridad ni la protección social como tales. El FMI es ciego en lo que respecta a la seguridad social como tal. Lo que es mas, las propias proyecciones financieras actuariales del INSS dependerán en gran parte de las tendencias demográficas y del mercado laboral, y estas, en la fase de transición demográfica plena en que se encuentra Nicaragua, estarán influidas en mucho por las propias políticas públicas de inversión en capital humano y otras, de modo que dichas proyecciones, mas que mecánicas, se vuelven "recursivas". Allí se va a dirimir el futuro del proceso de descentralización, que es otro asunto fundamental, y es otro más en el cual el FMI ha cometido errores garrafales. También ha hecho afirmaciones absolutamente sin fundamento, como por ejemplo, relativas a que en Nicaragua se han transferido recursos a los Gobiernos Municipales sin transferirles responsabilidades, y que por tanto las transferencias municipales deben ser "neutralizadas". O ha mostrado una ignorancia monumental, al criticar el hecho mismo que justifica las ventajas de "eficiencia política" (que los gobiernos locales respondan a las demandas y necesidades de sus constituyentes) y de eficiencia económica asignada del proceso de descentralización: precisamente el hecho de que los recursos se asignen conforme a las prioridades y preferencias locales, y no conforme a los designios del gobierno central. El FMI ha intentado violentar el mismísimo derecho internacional al exigir que Nicaragua modifique la propia estructura política de su Estado, establecida por la Constitución, según la cual existen en el país no uno, sino tres niveles de Gobierno: Gobierno Central, Gobiernos Municipales y Regionales Autónomos, todos democráticamente electos La exigencia de eliminar la autónoma municipal equivale a hacer desaparecer a los Gobiernos Municipales como nivel de Gobierno, alterando la propia estructura política del Estado nicaragüense. Esto constituye una abierta violación al principio de no intervención en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados, enunciado como obligación de los Estados en la Resolución 2.625 (XXXV) de 1970 de las Naciones Unidas, y donde se precisa que: "no solamente la intervención armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen, son violaciones del Derecho Internacional". El Gobierno no puede siquiera permitir que este asunto ni siquiera se discuta. En todo caso, este es el campo de la libertad y de la democracia de los ciudadanos y ciudadanas. Como ya he dicho, estos no constituyen asuntos estrictamente "económicos", o "técnicos", sino que, como asuntos que nos conciernen a todos y afectan el futuro del país, tienen que ver con el derecho inalienable de los ciudadanos a examinar y decidir libremente, mediante procesos democráticos y deliberativos, sus propias opciones de futuro, en lugar de que estas decisiones sean adoptadas a través de negociaciones secretas.

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