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Gobierno tico quiere más que carretera

San José. Por Mauricio Miranda, Conexiones/Carta Bodán. | 6 de Diciembre de 2011 a las 00:00
La construcción de una carretera paralela al Río San Juan, es solamente uno de los varios proyectos y acciones que el gobierno de Costa Rica pretende ejecutar en la zona fronteriza con Nicaragua, pese al tenso conflicto limítrofe que persiste entre ambos países, y al llamado a la prudencia que ordenó la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en su última sentencia del 8 de marzo pasado. De hecho, según información del gobierno de Costa Rica revisada por Conexiones, al menos seis obras viales ya se estaban ejecutando durante el primer semestre de este año en las localidades fronterizas costarricenses. Sin embargo, el alcance de estos proyectos, no se limitará únicamente a infraestructura de caminos y carreteras, sino que implica desarrollo de proyectos de vivienda, de comunicaciones y la reinstauración de servicios públicos y de actividades productivas en la zona. La decisión de la presidenta Laura Chinchilla tiene su origen en el conflicto revivido entre Costa Rica y Nicaragua, luego que esta última iniciara en octubre de 2010 –bajo las órdenes del presidente Daniel Ortega–, las operaciones de dragado en el Río San Juan. Como consecuencia de estas operaciones de dragado, la presidenta Chinchilla declaró el 21 de febrero de este año, a través del Decreto 36440-MP –apenas unos días antes que la CIJ se pronunciara el 8 de marzo–, "Estado de Emergencia" en seis cantones ubicados a lo largo de la frontera con Nicaragua, argumentando "las actividades que ilícitamente Nicaragua realiza en territorio de Costa Rica", las cuales "atentan contra la vida, la integridad física y los bienes de quienes se encuentran en el territorio nacional, así como contra la soberanía nacional y el medio ambiente". Bajo ese Estado de Emergencia, Chinchilla orientó, con el mismo decreto, efectuar "todas las acciones y obras necesarias para la protección de la vida, la integridad física, los bienes y el ambiente, así como la atención, rehabilitación, reconstrucción y reposición de la infraestructura, las viviendas, las comunicaciones y las actividades productivas dañadas y en general todos los servicios públicos dañados que se ubiquen dentro de la zona de cobertura". "Emergencia" financiada con "donaciones" Asimismo, ordenó al Ministerio de Seguridad Pública, a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, al Centro de Operaciones de Emergencia y a "otras instancias de coordinación", la elaboración de un "Plan General de Emergencia" para contrarrestar el supuesto impacto sufrido "con la invasión militar y ocupación" nicaragüense en Costa Rica desde octubre de 2010. Para financiar estos proyectos y acciones de "emergencia" en la zona fronteriza del lado costarricense, Chinchilla autorizó a las instituciones públicas y entes autónomos y semiautónomos del gobierno, así como a las municipalidades y a cualquier órgano público, brindar aportes y donaciones a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. También autorizó a la Comisión, recibir donaciones de entes privados y hasta "fondos remanentes no comprometidos de otras emergencias finiquitadas o vigentes" para responder al "Estado de Emergencia". Todas estas decisiones quedaron establecidas en el Decreto 36440–MP, que entró en vigencia al ser publicado en La Gaceta No. 46, el 7 de marzo del corriente. El propósito que Chinchilla se trazó con este decreto, del cual ahora se visualizan sus efectos, es contrarrestar –desde la óptica de su gobierno–, el impacto sufrido por la supuesta "invasión" de Nicaragua en su territorio. Un informe elaborado por el Consejo Nacional de Vialidad costarricense, sobre la ejecución presupuestaria en el primer semestre de 2011, revela, que hasta junio pasado, se habían invertido unos siete millones de dólares en la construcción y rehabilitación de seis vías y caminos en la zona de la frontera norte con Nicaragua, bajo el amparo del Decreto 36440–MP. El informe señala, que el desglose presupuestario de seis de los nueve proyectos ejecutados durante el segundo trimestre de este año –y que asciende a unos 7 millones de dólares––, "corresponden al pago de la intervención realizada para atender la situación de los caminos en la frontera norte de nuestro país, necesarios para llegar por vía terrestre a los puntos de control de seguridad nacional amenazada por la invasión de Nicaragua, caminos necesarios también para que las comunidades costarricenses fronterizas tuvieran acceso a los servicios públicos básicos". Y a renglón seguido, el informe añade: "Esta intervención se basa en el Decreto Ejecutivo N. 36440–MP del 21 de febrero del 2011, el cual establece un llamado a las instituciones públicas para atender la situación presentada". En tanto, "los caminos fronterizos aledaños a la frontera norte, así como aquellos de orden estratégico fueron incluidos dentro de la red vial nacional mediante artículo III de la Sesión N. 813–11 del día 15 de marzo del 2011", celebrada por el Consejo Nacional de Vialidad. Las medidas que la Presidenta Laura Chinchilla pretende implementar en la zona fronteriza con Nicaragua son de tal prioridad para su gobierno, que inclusive se orientó la creación de un reglamento "específico" para "agilizar" las contrataciones derivadas de los proyectos a ejecutar. El instrumento se denomina "Reglamento específico para los procesos de compra y contratación al amparo de los mecanismos de excepción por la Declaratoria de Emergencia, bajo Decreto No. 36440", el cual ya fue publicado en La Gaceta costarricense en noviembre pasado. El decreto de Laura Chinchilla tuvo un efecto casi inmediato en el cantón de Sarapiquí, uno de los declarados bajo Estado de Emergencia en la zona fronteriza con Nicaragua. De acuerdo al acta número 12–2011, en la cual se registró la sesión ordinaria de las autoridades de ese municipio, celebrada el 21 de marzo de este año, el alcalde de Sarapiquí, Pedro Rojas Guzmán, confirmó la ejecución de "inversiones" y "maquinaria contratada" para construir caminos en la zona. "Les informo, que con respecto a la intervención que hace el Estado en los cantones fronterizos con relación a la problemática que se vive con la Isla Calero, ha venido el Gobierno a puntualizar algunas inversiones y Sarapiquí no es la excepción", anunció el alcalde en la sesión municipal. "Ya hay una serie de maquinaria contratada para que construya o reconstruya caminos en la zona fronteriza y ya está el Decreto 36440–MP que regula el estado de emergencia con la que el Gobierno ha visto la situación en esta parte fronteriza", añadió. Señaló que "hay un plan regulador de esa emergencia", el cual es "importante" que el Concejo lo conozca."Al final se van a priorizar algunos proyectos que se van a ejecutar; por lo pronto Fátima y Delta se han visto beneficiadas", aseguró el alcalde local.

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