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Gobierno puede frenar obra que construyen los ticos

Managua. El Nuevo Diario y Radio La Primerísima. | 9 de Diciembre de 2011 a las 00:00
Nicaragua cuenta con instrumentos jurídicos establecidos hace más de un siglo en laudos y tratado sobre la navegación y derechos del Río San Juan, para frenar la carretera que el gobierno de Costa Rica construye a la orilla del torrente nicaragüense. Así lo reseña el jurista, catedrático e investigador del tema, Manuel Madriz Fornos, autor del libro “El Río San Juan de Nicaragua”. El experto, reconoce que las obras de “progreso” que la Administración de la presidenta tica Laura Chinchilla realiza en la zona aledaña al río, provoca ahora y de futuro un “daño demencial a la navegabilidad del Río San Juan”, al margen de las implicaciones ecológicas que de ello derive. “Esa carretera tica es un planteamiento de destrucción de navegabilidad brutal, es un acto de agresión al derecho internacional y a los derechos de Nicaragua a darle mantenimiento de navegación al San Juan”, dijo Madriz Fornos. Sostuvo que Nicaragua no debe considerar ir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya a demandar a Costa Rica, sino que debe aplicar los instrumentos como el Laudo Cleveland, el Laudo Alexander y el Tratado Jerez-Cañas, para frenar las obras destructoras del medio ambiente de San José, y ocupar entre 600 y 700 metros al sur de la ribera derecha del río, para reforestar las áreas arrasadas por la maquinaria costarricense y así garantizar la navegabilidad del río. Según Madriz Fornos, ese derecho se lo otorga a Nicaragua el Laudo Cleveland de 1888, que en su artículo 6 parte inferior establece que “la República de Costa Rica tiene derecho de reclamar indemnización por los lugares que le pertenezcan en la ribera derecha del río San Juan que pueden ocuparse sin su consentimiento, y por los terrenos de la misma ribera que puedan inundarse o dañarse de cualquier otro modo a consecuencia de obras de mejora”. “Nicaragua lo único que debe hacer es notificar a la Corte Internacional de Justicia y llamar a Costa Rica a negociar la indemnización justa y real, no cualquier capricho político que se le ocurra a los gobernantes ticos”, dijo el experto en derecho internacional. Dichos tratados citados por Madriz Fornos establecen que el límite de la frontera nica-tica se define como la margen derecha del Río San Juan, desde la desembocadura del Río San Juan hasta tres millas inglesas al Castillo Viejo. Sobre ese trecho, San José construye una carretera que ha soterrado afluentes al lecho, derribado árboles y arrasado bosques, así como arrojado sedimentos contaminantes al San Juan, lo cual ha provocado la protesta de Managua. Según el experto, la línea divisoria es la margen derecha del río en estado navegable, y Nicaragua tiene el dominio y sumo imperio sobre sus aguas y el derecho a mejoras a la navegación. “Nosotros disponemos de la totalidad de las islas para agilizar el curso de las aguas, de forma tal que el país puede quitar cualquier isla natural o artificial que perjudique la navegación”, dijo. De acuerdo con Madriz Fornos, la construcción de la carretera tica es una propuesta que, contrario al “progreso” argüido por Chinchilla, busca afectar agresivamente la navegación del lecho. “Hay colinas de varios metros sobre el nivel del río, montañas, que al ser despaladas por el efecto de la carretera, con las lluvias, todo el sedimento caerá al río, lo sepultará y en la parte más plana, casi a ras del río, si despalás la vegetación que sirve de barrera para parar los sedimentos que caen al cauce, el lodo se derramará sobre el lecho, un río debe tener contenciones a los dos lados para garantizar la navegación, y en esta caso Costa Rica deliberadamente está destruyendo la navegación”, explicó. “En esta circunstancia, Nicaragua se está viendo obligada a recurrir a una medida establecida para detener ese medida violenta contra la navegabilidad del río, el Laudo Cleveland en su punto sexto lo establece. Nicaragua puede declararle a Costa Rica que van ocupar una franja de 700 metros al sur de la ribera derecha actual para reforestar y proteger la navegación del río, y sentarse a negociar la indemnización, eso está establecido desde hace más de 150 años”, insistió. “Eso está reglamentado, esa carretera amenaza la navegabilidad del río, le quitó todo el derecho de vía del río en función de ser vía de navegación, y los derechos de vía de un río deben ser áreas forestadas, los derechos de vía de una carretera deben ser áreas lisas y abiertas, y con esa obra Costa Rica extiende el derecho de vía sobre el lecho del río”, concluyó el especialista.

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