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Ambientalistas nicas se solidarizan con ticos opuestos a carretera

Managua. Agencias. | 17 de Diciembre de 2011 a las 00:00

La organización ambientalista nicaragüense Fondo Nacional de Reciclaje (Fonare) se solidarizó este sábado con dos organismos que en Costa Rica interpusieron un recurso de amparo en contra de la carretera que el Gobierno de ese país construye al margen sur del río San Juan.

El titular del Fondo Nacional de Reciclaje (Fonare), Kamilo Lara, respaldó hoy sábado la acción judicial de las costarricenses Fundación para el Progreso de las Personas Ciegas y Fundación Mundial Déjame Vivir en Paz, que pidieron suspender el proyecto vial de 120 kilómetros.

"Han tenido el valor y la conciencia clara de lo que significa este ecocidio", declaró Lara a los periodistas.

"Nos unimos para dar un respaldo solidario" a las dos organizaciones costarricenses, añadió.

Lara indicó que el próximo lunes representantes de movimientos ambientalistas nicaragüenses viajarán al municipio de San Carlos, para continuar su denuncia contra la nueva carretera en territorio costarricense, pero que Managua considera un "crimen contra la naturaleza".

La Sala Constitucional de Costa Rica acogió el 15 de diciembre, para su estudio, un recurso de amparo introducido por Erick Chacón y Alberto Cabezas, en representación de los dos organismos criticados después por la presidenta costarricense, Laura Chinchilla.

La gobernante los calificó como "personas poco solidarias que no quieren el bienestar de los menos favorecidos" y defendió la nueva infraestructura vial.

Lara insistió en que "se pare ese proyecto criminal" contra "la madre naturaleza", al igual que lo ha solicitado el Gobierno nicaragüense.

El canciller de Nicaragua, Samuel Santos, confirmó el viernes que este país centroamericano protestará ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra la construcción de la vía.

Por su parte, Fonare y la Fundación Nicaragüense de Desarrollo Sostenible demandaron a Costa Rica ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), con sede en Managua, y la acusaron ante la Unesco por cometer supuestos delitos ambientales.

También solicitaron al Sistema de la Integración Centroamericana llamar a San José y a Managua a un diálogo sobre el tema.

 


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