Escúchenos en línea

Recomiendan indagar los embarazos en adolescentes

Managua. Adital | 3 de Febrero de 2012 a las 00:00

Cada mes en Nicaragua se documentan historias tétricas de niñas y adolescentes víctimas de violación sexual, cuyos casos -en su mayoría- quedan impunes ante la inoperancia de las autoridades judiciales y de salud, en un país con uno de los índices más altos de embarazos en menores de edad en América Latina.

El caso de "Karla", de siete años de edad, y su madre, "Patricia", de 21, muestra en toda su crudeza la realidad lacerante que viven miles de niñas y adolescentes nicaragüenses, que han sufrido agresiones sexuales en el seno de sus propias familias, según un expediente documentado por la organización civil Ipas Centroamérica, con sede en esta capital.

"Karla" fue violada recientemente por el esposo de su abuela. "Patricia" demandó penalmente al sujeto, lo que le valió el repudio de gran parte de su familia. Este episodio revivió la tragedia personal de la joven, quien a los 14 años sufrió violación sexual y quedó embarazada. Su hija es el fruto de esa historia de dolor.

Apenas una semana después de la violación de su hija, Patricia se suicidó. En una carta de despedida, la joven reclamó a su familia por "haberla obligado" a tomar esa determinación.

Los nuevos casos de violencia sexual y de embarazos en adolescentes son vistos como "normales" en Nicaragua, nación donde en 2010 se registraron 4.101 agresiones sexuales, siendo las niñas de 0 a 17 años el 85 por ciento de las víctimas.

Además, el rango de niñas entre 11 y 17 años de edad es el más afectado. El 30 por ciento de los embarazos registrados en el país centroamericano corresponde a adolescentes.

Argentina Espinoza, asesora de Ipas Centroamérica, dijo que cada mes se informan de muchos casos de agresiones sexuales, y aclaró que no se trata sólo de cifras sino de personas, "de adolescentes cuyas vidas son destruidas frente a la poca respuesta que les ofrece el sistema".

En el caso de los embarazos en adolescentes, el Ministerio de Salud (Minsa) no profundiza sobre sus causas, a pesar que según el Código Penal nicaragüense toda relación sexual a menores de 14 años constituye un delito, advierte Mayte Ochoa, coordinadora de Abogacía e Incidencia Política de Ipas.

Apuntó que todo embarazo en adolescentes que atiende el Minsa debería indagarse si es producto de una violación sexual. Criticó también que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) sufren restricciones por parte de las autoridades para acceder a esa información.

Ochoa observó que el Estado rechaza a las OSC, en particular a las que trabajan por los derechos de las mujeres, ante el "temor" de que los datos oficiales puedan ser usados en su contra, en vez de abrir la posibilidad de un trabajo conjunto y encontrar soluciones a este problema.

 


Descarga la aplicación

en google play en google play