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Burda manipulación política del caso Punta Teonoste

Managua. Radio La Primerísima. | 21 de Febrero de 2012 a las 00:00

Las demandas del Estado de Nicaragua contra la familia Buhler Molina las inició el doctor Julio Centeno Gómez hace doce años en su calidad de titular de la Procuraduría General de Justicia, aseveró este martes Hernán Estrada Procurador General de la República (PGR), al referirse al caso de un conflicto de propiedad en la zona de Tola, departamento de Rivas.

El doctor Estrada salió al paso de una serie de denuncias y presuntas irregularidades que han hecho eco medios locales y que manipulan este caso donde se incluye a supuestos inversionistas suizos como los principales afectados.

La Procuraduría General de Justicia, presentó dos demandas ante las autoridades judiciales del departamento de Rivas. En una de ellas hecha el 27 de octubre de 1999, señala la forma en que adquirió el Estado la propiedad con registro catastral (2950-2-02-000-00100) en la zona de Tola, a través del Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA) vía donación hecha por el Ejército de Nicaragua, representado en esa época por Julio Calero Reyes, según consta en la escritura número noventa y tres, otorgada en Managua a las dos de la tarde del 24 de noviembre de 1995, ante el notario Wainer Abraham Molina Pérez.

El documento establece la donación de (65 manzanas de tierra) de manera pura, simple e irrevocable al INRA que ha mantenido domino y posesión sobre la misma y que autorizó la desmembración de un lote de 30 manzanas donadas a la cooperativa llamada "Conchita Andrade".

En el escrito se denuncia que a pesar que la propiedad estaba en poder del INRA, los mandos del Ejército en ese entonces encabezado por el General Joaquín Cuadra Lacayo, elaboraron minutas descriptivas para lograr la inscripción catastral de dos lotes ubicados en la zona conocida como San Martín El Astillero (playas Conejo).

Eso provocó una acción legal de la representación del Estado de Nicaragua a través de la Procuraduría General de Justicia, que señala que esas propiedades son terrenos nacionales y agrega que a pesar que fueron inscritas por el Ejército, le pertenecen al Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA).

En el documento exhortan a la jueza que esa propiedad a nombre del INRA debe tenerse como particular de dicha institución estatal y por lo tanto no puede inscribirse con una minuta descriptiva, a como en este caso lo hizo el Ejército de Nicaragua.

Agrega que el INRA fue despojado por el Ejército por lo tanto se recurre ante la judicial para solicitar la nulidad del instrumento público y cancelación de minuta descriptiva para que por sentencia se declare que el inmueble en mención pertenece al Estado. Que el Ejército está obligado a desocupar y entregar esa propiedad descrita y deslindada a esa institución del Estado.

De la misma manera se exhorta que se condene en costos, daños y perjuicios a la parte demandada. El fundamento legal de la demanda para pedir lo anterior se basa en que el Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria es el verdadero dueño de la finca antes descrita conforme a los documentos públicos presentados.

Aparece la familia Buhler

La otra demanda presentada por la Procuraduría General de Justicia ante el Juez de Distrito de lo Civil de Rivas el 7 abril del año 2000, está relacionada con la familia Buhler Molina, quienes a criterio del Procurador General de la República Hernán Estrada, pretenden victimizarse en este caso.

Según el escrito del doctor Francisco Villanueva Moreno, que se desempeñaba como Procurador General de Justicia de Rivas, recuerda al judicial la demanda que existe en contra del Ejército de Nicaragua con fecha 24 de octubre de 1999 para la restitución al INRA de una propiedad en litigio en la zona de Tola, Rivas.

En ese mismo documento se señala que el señor Walter Buhler Molina, contrató a un grupo de trabajadores para que construyeran una casa dentro de la propiedad que le pertenece al Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA) según consta en documentos públicos. La casa tiene una extensión de 100 metros cuadrados y la obra se inició en el mes de marzo de ese mismo año (2000).

Agrega que para evitar los perjuicios que pudiera ocasionar la obra iniciada por el señor Buhler Molina, se solicitó ante el juez la suspensión inmediata de esa obra provisionalmente mientras se realiza el interdicto correspondiente, es decir que se pronuncien las autoridades judiciales sobre la demanda que se presentó en contra del Ejército de Nicaragua.

En el documento presentado por la Procuraduría General de Justicia se expresa que de conformidad con los artículos 1815C., y 1664 Pr. Se demanda al señor Walter Buhler Molina, para que el juez decrete provisionalmente la suspensión de la obra, mande a tomar razón del estado y circunstancia en que haya y aperciba al que la estuviera ejecutando, con la demolición o destrucción a su costa de lo que en adelante hiciere. Verificado este, le pido darle el curso de Ley al correspondiente Juicio Sumario, señala.

Para el Procurador Hernán Estrada en los escritos presentados, se relata la forma como los señores Buhler hicieron acto de posesión "a la Fuerza"y actuaron como unos verdaderos "exploradores" de esta paradisíaca playa de Tola en Rivas. Eso contradice la actitud pacifista de quienes ahora dicen ser dueños de la verdad, agrega.

La diferencia es que ahora, pareciera que algunos estarían interesados en estructurar un discurso de orden político; no solo para obviar semejante lesión al Patrimonio del Estado, sino para afectar la credibilidad del Gobierno y el esfuerzo de Ordenamiento territorial que mandatan varias leyes vigentes, aprobadas en su momento con el consenso del sector privado, concluyó el Procurador General de la República.

 


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