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¿Por qué el Presidente no le pide la renuncia a Antenor Rosales?

Por Amaru Barahona, El Nuevo Diario. | 27 de Marzo de 2007 a las 00:00
No han sido las únicas, pero dos medidas contribuyeron significativamente a elevar el consenso popular del nuevo gobierno, a pesar de la agresividad que han desatado en su contra los oligopolios mediáticos y los "notables" de la nueva derecha. La primera fue la disminución sustancial del salario de los funcionarios del Ejecutivo, comenzando por el del Presidente. Pasaron de ser megasalarios ofensivos a salarios decentes, en una sociedad con los niveles de pobreza y concentración de riqueza que tiene la nuestra. La otra medida tuvo que ver con las "renuncias" o destituciones de varios funcionarios cuestionados por su involucramiento en actos de corrupción, siendo el caso de Rogers Argüello el más emblemático. Estas providencias fueron trascendentes porque expresaban una voluntad política de poner coto a la corrupción institucional–empresarial que el neoliberalismo ha llevado a magnitudes alucinantes y otorgado un carácter sistémico, en cuanto no excluye a ninguna fuerza política y a ninguno de los grandes grupos empresariales. Una voluntad de hacer un alto si no mirando al pasado, por lo menos frente a las prácticas de corrupción del presente y del futuro. Dichas disposiciones también presionaban a los otros poderes para que homologaran la escala de salarios del Estado y actuaran con rapidez frente a las manifestaciones de ilícitos públicos. Pero sobre todo, estas medidas fueron trascendentes porque respondían a una demanda generalizada y profunda de nuestro pueblo que trasciende las posiciones ideológicas y clama por un cambio radical en el vergonzoso historial de ética pública que hemos vivido desde los 90 hasta el presente. La cuota de credibilidad que estas medidas provocaron, el germen de confianza en que este gobierno no es un gobierno neoliberal más, ha recibido un golpe devastador con la noticia del autoaumento, con la venia de una red de cómplices, del salario del presidente del Banco Central para alcanzar el injurioso monto de 12 mil dólares. En la coyuntura semejante desparpajo envía tres mensajes que nuestro pueblo sólo puede procesar negativamente: *** Le quita credibilidad a la voluntad expresada por el Presidente de la República de desmontar el ofensivo sistema de megasalarios y ponerle coto a la corrupción presente y futura. Esta voluntad expresada aparece delante la opinión pública como un vulgar recurso a la retórica. *** Revela la voracidad, miopía y falta de escrúpulos de los círculos empresariales de donde proviene Antenor Rosales, y nos recuerda sus antecedentes de participación en el megaproyecto Copalar, diseñado para continuar con la privatización de la energía y la depredación ecológica. *** Rosales está en un puesto estratégico de la gestión gubernamental, nada menos que en el equipo que negocia con el FMI. El desparpajo de su autoaumento salarial lo evidencia como un hombre fácilmente comprable, como un burócrata con el perfil adecuado para convertirse en mercenario de las instituciones financieras internacionales, en detrimento de los intereses de nuestro pueblo. El nombramiento del presidente del Banco Central es una jurisdicción del Presidente de la República. Me pregunto, si Daniel Ortega quiere defender la credibilidad de su discurso de desmantelar el sistema de megasalarios y ponerle coto a la corrupción, ¿por qué no le exige la renuncia inmediata a Antenor Rosales?

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