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Eliminar el cobro en las escuelas no es suficiente para decir que la educación es gratuita, por Adolfo Acevedo

| 12 de Abril de 2007 a las 00:00
Desde que Nicaragua se sometió a la condicionalidad cruzada del FMI y el Banco Mundial, a partir de 1992, se estableció una política de drástica restricción sobre el crecimiento del gasto de inversión en salud y educación. Una de las variables más importantes sobre las que recayó esta política de draconiana restricción del gasto en educación y salud, fue el congelamiento de los salarios de maestros y trabajadores de la salud, así como la drástica reducción en las asignaciones para compra de medicamentos y de reparación y mantenimiento de escuelas centros de salud. Como ya hemos visto, el congelamiento de los salarios nominales de maestros y trabajadores de la salud, se reflejó en una ostensible reducción de sus salarios reales desde 1992 hasta 1997. Desde 1997 se inicia un modesto y tortuoso proceso de recuperación salarial de estos sectores, a partir de las luchas emprendidas por los gremios respectivos. Aun así, los salarios de los maestros siguen mostrando un rezago enorme: equivalen a la mitad del salario promedio de los trabajadores nicaragüenses. Esto significa que cualquier persona puede ganar el doble dedicándose a cualquier otra actividad laboral, que lo que devengaría como maestro, aun cuando el desempeño de esta otra actividad requiera una calificación similar de la que requiere la profesión docente. Esto representa un sesgo masivo y perverso en contra de la educación. La contracara de esta política consistió en la creciente transferencia hacia los hogares de la responsabilidad de financiar de sus propios bolsillos el gasto en educación y salud. Esto asumió la forma en el sector salud, de la obligación de cubrir con su gasto de bolsillo el costo de los medicamentos y otros gastos requeridos por el tratamiento. En un país en donde un 80% de la población sobrevive con menos de US$ 2 al día, y un 45% con menos de 1, trasladar hacia los hogares la responsabilidad de asumir de sus propios bolsillos el costo de los tratamientos, equivalía a dejar a segmentos importantes de la población sin posibilidades reales de acceso a los mismos. Esto es, si los hogares no podían hacer frente con sus pobres ingresos el elevado costo de las mercancías "medicamentos", no podrían ver realizado su derecho humano elemental e inalienable de restaurar su salud o salvar su vida. En educación, el traslado hacia los hogares de la responsabilidad de hacerse cargo de los costos de reparación y mantenimiento de las escuelas publicas, y aun de complementar los salarios de los propios maestros, se produjo a través de la denominada política de "cobros voluntarios", la cual se implementó en las escuelas que pasaban al denominado régimen de autonomía. Para los padres de los hogares más pobres, estos cobros representaban sencillamente la negación de su derecho inalienable a acceder al sistema educativo. Lo que uno debe preguntarse, con toda seriedad, es qué implica "desprivatizar" la educación. Implica revertir el proceso de traslado hacia los hogares –que en su gran mayoría sobreviven en base a ingresos percápita inferiores a US$ 2 y US$ 1– de la responsabilidad de financiar de sus escuálidos bolsillos porcentajes crecientes del gasto en educación y salud. Implica que el sector público debe volver asumir esa responsabilidad de manera mucho mas plena, asignando a los Ministerios de Educación y Salud los recursos presupuestarios indispensables para ello. Pero aun esta afirmación debe ser precisada. El hecho, por ejemplo, de que los gastos de la mayor parte de los gastos de operación, reparación y mantenimiento de los centros escolares descansara en los aportes de los escuálidos bolsillos de los hogares, significa que dichos gastos también eran escuálidos, lo cual explica el estado de deterioro de la infraestructura escolar. De manera que no basta con "reponer" lo que los hogares aportaban, sino que la responsabilidad de un Estado que recupera su responsabilidad, es afrontarla con mucho más responsabilidad, asignando a las escuelas recursos que les permitan afrontar de mejor manera estos costos. También la re-asunción por parte del sector público de su responsabilidad por asegurar de manera cada vez mas plena el derecho a una educación de calidad para TODOS, implica superar el enorme rezago salarial de los maestros y cumplir con el mandato del Plan Nacional de Educación de alcanzar el promedio salarial de los maestros centroamericanos. Implica también superar la aberración descomunal –que uno no encuentra ni siquiera en los países africanos– de un gasto público por estudiante de secundaria inferior a la mitad del gasto por alumno de enseñanza primaria (formar un estudiante de secundaria es mas costoso, por definición, que formar uno de primaria: en primaria un solo maestro imparte todas las materias, en secundario un maestro, mas calificado, imparte cada materia, con libros de texto mas grandes y complejos, se requieren además laboratorios, etc). Al mismo tiempo, es evidente que el solo hecho de que no se cobre en las escuelas no asegura, en lo absoluto, que todos los ninos y niñas puedan acceder al sistema educativo. Porque el costo que deben asumir las familias pobres para poder enviar a sus hijos a las escuela, no se reduce al pago de matriculas y cuotas mensuales, sino que incluye todos los elementos de lo que se denomina el "costo privado" que ello representa (transporte, vestido y calzado, útiles escolares, etc). Para las familias muy pobres este costo puede resultar prohibitivo. Asimismo, para los niños y adolescentes de las familias más pobres, sobre todo en el campo, existe la necesidad de generar ingresos, aunque sean precarios, desde una edad temprana, y asistir a la escuela significa asumir el costo de oportunidad de los ingresos perdidos. Ambos costos –privado y de oportunidad– se van elevando rápidamente a medida que los niños van avanzando de un nivel educativo a otro, y ello explica, entre otros factores también asociados a la pobreza, porque la mayoría de los niños pobres van asistiendo menos, a medida que se pasa a anos superiores de escolaridad. "El concepto de Educación Gratuita no se puede seguir considerando como el ingreso de la población en edad escolar al Sistema Escolar Estatal. El concepto de gratuidad es mucho más amplio. Es no cobrar ningún tipo de arancel por muy bajo que sea en concepto de prematrícula, matrícula, boletines, exámenes, etc. Es facilitar a niñas, niños y adolescentes que puedan trasladarse de sus casas a las escuelas y viceversa, que puedan acceder a los materiales educativos. Es proporcionarles todos aquellos elementos que les permita el acceso y permanencia dentro del Sistema Educativo". Material diseminado en el Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua, 21/3/2003 Que el Estado asuma, de nuevo, de manera mas plena, su responsabilidad por asegurar el derecho a una educación de calidad para todos, implicaría llevar el Presupuesto Global de Educación (incluyendo Universidades) al mismo nivel, por lo menos, que países tan pobres como Nicaragua como Honduras y Bolivia, o que países mucho mas pobres que Nicaragua, como Malawi, Kenia, Lesotho y otros han alcanzado, y que es el nivel que recomienda la UNESCO: el 7% del PIB. Terminar de hacer que el estado recupere su papel y responsabilidad fundamental, implica comprometerse con llevar el Gasto en Educación a ese nivel, ni mas ni menos que eso, para el ano 2010. Esto no es caprichoso. Este año es el año crítico para poder alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las metas nacionales en materia de Educación, Salud, vivienda, y agua potable y saneamiento. Pero además, el apremio en el caso de Nicaragua reside en el HECHO BRUTAL –frente al cual los políticos muestran su indiferencia e irresponsabilidad de siempre– de que Nicaragua tiene una ventana demográfica de oportunidad única y muy delimitada, para evitar que dicha oportunidad se convierta una catástrofe demográfica irreversible. Sin embargo, el rumbo por el cual se ha decidido avanzar no está claro. Por ejemplo, ¿por qué no se resolvió desde hace varias semanas, el asunto del pobre aumento salarial que estaba contenido en el Proyecto de Presupuesto 2007 de Enrique Bolaños, el cual fue negociado en condiciones políticas y con unas proyecciones de recursos distintas a las que existían en el momento en que se efectuó la reformulación presupuestaria de marzo?. ¿Por qué la negativa cerrada a darle una respuesta INMEDIATA a este asunto, lo cual es PLENAMENTE POSIBLE, y ganaría además al gobierno un apoyo enorme y generalizado (mucho mas allá de los 40,000 maestros)? ¿Acaso porque de antemano se decidió ajustarse a los parámetros del FMI? Las decisiones que comporta resolver estos asuntos fundamentales para el futuro de este país, deben dirimirse –porque ello es un derecho inalienable de los ciudadanos– ante todo a través de un proceso deliberativo que nos permita participar en la discusión y toma de decisiones (¿qué jodido sino es la democracia de los ciudadanos y las ciudadanas?) antes de amarrar los próximos tres años con el FMI. Por ejemplo, la política de ordenamiento y recomposición salarial para los próximos tres años con vistas a la equiparación con el promedio salarial de los maestros de Centro América, debe discutirse con los gremios y la comunidad educativa YA, antes de entrar a negociar estos asuntos con el FMI. Lo mismo: debe definirse si se va a asumir o no el compromiso de llevar el Presupuesto Global de Educación al 7% del PIB, y si se van a adoptar las decisiones políticas y de política que ello requeriría.

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