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La jerarquía católica debe aceptar su derrota: el aborto será legalizado en Ciudad de México

Punto.com | 21 de Abril de 2007 a las 00:00
A la Iglesia católica de México "le falta capacidad" para asumir una derrota ante la despenalización del aborto planteada por diputados de izquierda en la capital del país, dijo el sábado el legislador Jorge Carlos Díaz, de la Coalición Socialdemócrata del Parlamento local. "Me da mucha pena ver a una institución tan importante para los mexicanos y las mexicanas, como la Iglesia católica, en esa torpeza, en esa falta de capacidad para asumir una derrota en el terreno civil", apuntó el diputado en rueda de prensa. Vea también: Las mujeres pobres y del campo son quienes más recurren al aborto en México Díaz, uno de los promotores del proyecto que permitiría el aborto en la Ciudad de México, respondió así a una misiva enviada el viernes por el Papa Benedicto XVI en la que éste "se une a la Iglesia en México y a tantas personas de buena voluntad, preocupadas" por la iniciativa "que amenaza la vida del niño por nacer". "El problema es que la Iglesia católica no es una democracia, ellos están acostumbrados a seguir instrucciones y no hay forma de dialogar, de discrepar, de razonar, (...) les cuesta mucho trabajo a estos grupos dialogar, escuchar a las otras partes y muy rápidamente caen en la amenaza y la descalificación", añadió el legislador. Preocupado por la posibilidad de que se registren actos violentos el próximo martes, cuando se prevé sea aprobado el dictamen que despenaliza el aborto -hasta las 12 semanas de gestación- en la capital mexicana, Díaz pidió mesura a quienes se oponen a la medida. "Nos parece muy importante reiterar el llamado a ese sector de la jerarquía católica que se ha mostrado intolerante, que se ha mostrado violento y agresivo, para serenarse", exhortó el legislador. Para la Asamblea de la Ciudad de México, el proyecto para permitir el aborto es "una trascendental victoria cultural en favor de la libertad y de los derechos de las mujeres" que no viola la Constitución del país. "Estamos absolutamente seguros de que la reforma que se votará el próximo martes es perfectamente constitucional, no hay la menor posibilidad de que se declare inconstitucional" en la Suprema Corte, explicó Díaz, ante la eventualidad de que la ley sea impugnada ante el máximo tribunal del país.

Debate a los tribunales

El debate sobre la despenalización del aborto en la Ciudad de México llegó esta semana a los tribunales con una denuncia contra la Iglesia católica, por su activismo opositor, y con el anuncio de una demanda civil por un millón de dólares contra un legislador de izquierda. Adicionalmente, cuatro diputados del Parlamento de la metrópoli recurrieron a la Procuraduría de Justicia local para que se investiguen las amenazas de muerte que han recibido por su postura a favor del proyecto que permitiría la interrupción voluntaria del embarazo, hasta las 12 semanas de gestación, el cual será votado en el pleno el próximo martes. "Está documentada la amenaza de muerte, está grabada, (...) por eso cuatro diputados ya fuimos a la Procuraduría de Justicia de la ciudad", dijo a la Radio W el legislador del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) Víctor Hugo Círigo. En contraparte, el Colegio de abogados católicos del país anunció que demandará en los próximos días a Círigo, si éste no se retracta públicamente de unas imputaciones presuntamente realizadas contra el portavoz de la Arquidiócesis de México, el sacerdote Hugo Valdemar. La Iglesia católica, "durante más de dos siglos, aplicó la pena de muerte a través de la Santa Inquisición, así que creo que me va a salir relativamente barato (...) si van por esa vía a demandarme", ironizó Víctor Hugo Círigo. Armando Martínez, presidente de los letrados católicos, aseguró que el diputado presuntamente acusó a Valdemar de "promover la violencia contra los asambleístas del PRD", por lo que le acusan de "difamación y calumnia" con la pretensión de que el daño moral sea reparado con 11 millones de pesos (un millón de dólares). A su vez, Jorge Carlos Díaz, coordinador de la Coalición Socialdemócrata en la Asamblea Legislativa de la capital mexicana, solicitó a la secretaría de Gobernación (Interior) se apliquen a la Iglesia católica las sanciones que prevé la Constitución del país, que prohíbe el activismo político de las instituciones religiosas. "La Iglesia católica comete excesos, que por lo demás no van a cambiar el curso de las cosas", explicó Díaz en referencia a que la mayoría de izquierda en la Asamblea de la Ciudad de México aprobará el martes la despenalización del aborto. Sin embargo, la última palabra sobre este proyecto podría tenerla la Corte Suprema, si el presidente mexicano, el conservador Felipe Calderón, instruye al fiscal general para que recurra al máximo tribunal país. "Aunque decidan aprobar la reforma por mayoría, la vamos a impugnar ante la Corte y estoy seguro que la Corte nos va a dar la razón y va a echar abajo esa victoria pírrica" del PRD, dijo Santiago Creel, senador del derechista Partido Acción Nacional (PAN), en el poder a nivel federal. En México, para impugnar ante la Corte una ley aprobada en el Congreso de la capital se requiere la firma del 33% de los legisladores de ese órgano o la intervención del procurador del país, que depende del presidente. El PAN y el Partido Verde en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, opositores a la despenalización del aborto, cuentan solo con 19 legisladores (28%) de los 66 diputados que conforman el Parlamento local.

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