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Algo huele mal con Televisa, dice revista mexicana

Por Homero Campa. Proceso.mx. | 23 de Septiembre de 2012 a las 11:00

El logotipo de Televisa abre las ventanillas de los módulos de control vehicular de la Ciudad de México para realizar gestiones de manera expedita; permite cruzar sin mayor trámite aduanas y puestos fronterizos de México y de los países de Centroamérica y obliga a las procuradurías General de la República (PGR) y de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) a realizar investigaciones que deslinden a la empresa de cualquier enredo judicial.

El logotipo de Televisa –apócrifo o no– abre las puertas del poder.

Pero en el caso de los 18 mexicanos detenidos en Nicaragua –acusados de lavado de dinero, delincuencia organizada y tráfico internacional de estupefacientes– a Televisa se le revirtió su logotipo: su utilización en seis camionetas tipo Van para transportar por Centroamérica 9.2 millones de dólares, y en las que se encontraron rastros de cocaína, involucró a la empresa de Emilio Azcárraga Jean en un intrincado lío judicial del que se ha deslindado enfáticamente.

El poder notarial

De acuerdo con el expediente que sobre el asunto abrió la Secretaría de Transporte y Vialidad de la Ciudad de México (Setravi), las seis camionetas Chevrolet tipo Van que las autoridades nicaragüenses decomisaron el pasado 20 de agosto fueron registradas a nombre de Televisa utilizando documentos que, en apariencia, eran de la propia empresa: la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, recibos de pago de teléfono, la declaración de valor catastral y de pago de impuesto predial y un poder notarial de la televisora para realizar todo tipo de trámites de vehículos.

Según documentos del expediente –cuyas copias tiene este semanario– los trámites presuntamente los hizo Armando Tavera Sánchez, cuya credencial del IFE señala que vive en calle Sur No. 101 B 533, colonia Sector Popular, en la delegación Iztapalapa. Habría realizado tales gestiones entre diciembre de 2009 y agosto de 2011 en los módulos de control vehicular de las delegaciones Iztacalco, Tlalpan y Venustiano Carranza.

El expediente señala que se presentó como comprobante de domicilio de Televisa la declaración de valor catastral y pago de impuesto predial del año 2002 correspondiente al edificio de la empresa ubicado en Avenida Chapultepec 18, colonia Doctores. Esta declaración, por cierto, asienta que el valor catastral del inmueble es de 72 millones 131 mil pesos, y el valor catastral “base renta” de 115 millones 320 mil pesos.

También para comprobar dicho domicilio se presentaron facturas por el pago de teléfono a Telmex en las cuales no aparece el número de la línea, pero son por montos de 8 mil pesos mensuales en promedio.

Se presentaron además dos documentos que avalaban a Tavera como representante legal de Televisa: una cédula del Registro Federal de Contribuyentes de la televisora –clave TEL-721214GK7– y un poder notarial de la empresa. Este último documento fue emitido el 26 de junio de 2003 por la notaría número 100, cuyo titular es Manuel Oliveros Lara.

El documento notarial asienta:

Una ficha informativa anexa al expediente hace notar que “la Dirección de Registro Público del Transporte (de la Ciudad de México) cuenta con trámites contemporáneos realizados a nombre de Televisa S.A. de C.V., en los cuales se aprecia que los documentos utilizados para acreditar la representación legal de la empresa y del representante legal son los mismos a los utilizados en el emplacamiento de las seis unidades que nos ocupan”.

Más aún, la ficha hace referencia a una solicitud que el pasado 27 de agosto realizó ante la Setravi Jesús Alejandro Daniel Araujo Delgado, uno de los representantes legales de Televisa, con el propósito de obtener los expedientes administrativos de las seis camionetas decomisadas en Nicaragua.

Para comprobar su representación legal, Araujo presentó un poder notarial emitido por la notaría número 100, a cargo de Manuel Oliveros. Se trata del mismo notario que presuntamente entregó a Tavera el poder notarial para realizar los trámites de las camionetas decomisadas en Nicaragua.

Expediente de la Setravi

De acuerdo con el expediente de la Setravi, entre octubre de 2009 y julio de 2011 Raquel Alatorre Correa, la mujer que lidera al grupo de mexicanos detenidos en Nicaragua, compró cinco de las seis camionetas en la agencia Chevrolet del Parque, con domicilio en León, Guanajuato; la otra la adquirió en Nueva Automotriz Occidental, de Guadalajara, Jalisco. Todas las pagó “al contado” y las facturas se expidieron a su nombre. Luego endosó éstas a favor de Televisa, aunque en una de las facturas no es legible la leyenda del endoso.

A partir de ahí se iniciaron los trámites ante los módulos de control vehicular utilizando la presunta documentación de Televisa anteriormente descrita. La referida nota informativa del expediente señala que tres camionetas fueron dadas de alta como vehículos nuevos en diciembre de 2009, una en junio de 2010 y las dos restantes en agosto de 2011. Alrededor de cinco meses después de esta última fecha tres de las camionetas fueron dadas de baja y posteriormente dadas de nuevo de alta ya como vehículos usados, con lo que se modificaron los números de placas, pero mantuvieron el mismo registro de propiedad: Televisa.

La ficha informativa apunta que en el caso del trámite de una de las camionetas –correspondiente a las placas 886-XCR–, “se detectó” que fue realizado en el módulo de Tlalpan por el operador Luis Aburto Orozco. Consigna que éste tiene “antecedentes de emplacamientos irregulares relacionados con la delincuencia organizada y delitos contra la salud”, por lo que “desde el 20 de abril le fue cancelada la clave de usuario como operador” y se inició un proceso administrativo en su contra.

En ninguna parte del expediente de la Setravi se señala si los documentos presentados a nombre de Televisa son auténticos o falsos. Es la propia televisora la que subrayó que son apócrifos.

El 19 de septiembre El Noticiero que conduce Joaquín López Dóriga difundió una nota del reportero Mario Torres, que señaló: “Los trámites de alta vehicular se hicieron con documentación apócrifa ante la Setravi. Como norma, Televisa realiza los trámites de alta y baja de su parque vehicular a través de un gestor debidamente establecido. Los trámites siempre se realizan en el módulo especial que tiene la Setravi para atender empresas como Televisa.

“Desde hace varios años Televisa le ha otorgado un poder notarial para realizar los trámites vehiculares. Una copia de ese poder, que se expidió en 2003 y sólo tenía vigencia de dos años, fue utilizada ilegalmente por Raquel Alatorre Correa para hacer cambios de propietarios. Las autoridades investigan el uso ilegal de este poder”.

Un día después –jueves 20–, también en El Noticiero, una nota del mismo Mario Torres apuntó:

“Noticieros Televisa ha podido documentar que estas camionetas fueron posteriormente registradas a nombre de Televisa utilizando documentación apócrifa presumiblemente sustraída de los archivos de la Setravi, en los que destaca una copia de un poder notarial vencido a favor del gestor que Televisa utiliza normalmente para realizar los trámites. El gestor ha declarado ante las autoridades que investigan el caso que no identifica los vehículos. El poder notarial no lo usa desde 2008”.

Sin embargo el reportero nunca dio el nombre del “gestor” que no identificó los vehículos.

El pasado 29 de agosto Televisa presentó ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) una denuncia por el uso de documentos falsificados para registrar indebidamente como de su propiedad las camionetas incautadas en Nicaragua. Esa dependencia inició apenas la investigación la semana pasada.

A pesar de que dicha investigación no ha concluido, de manera personal y verbal Marisela Morales, titular de la PGR, exoneró a Televisa de cualquier vínculo con los detenidos y con las camionetas.

Entrevistada el jueves 20 por López Dóriga durante su programa de noticias en Radio Fórmula, dijo: “Llevamos una investigación al respecto. Hasta donde vamos, hubo ahí una maquinación de las propias personas que están detenidas; bueno, de una persona (Alatorre) a cuyo nombre están las camionetas. En realidad ya se descubrió cómo fue la maquinación para llegar a poner a nombre de la empresa Televisa, pero no tiene nada que ver con esa empresa”.

Añadió: “Lamentablemente es un caso más en que la delincuencia organizada hace actos en nombre de otro o utiliza el nombre o el prestigio de esas personas que no están ni enteradas. Utilizaron el nombre de la empresa. Es lo que se desprende de la investigación. Pero ni las personas ni los vehículos pertenecen a la empresa”.

TELEVISA Y EL NARCO

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, le debe mucho al viejo PRI que lo apoyó en su revolución contra el régimen de la familia Somoza.

Ahora, con el nombre de Televisa en el centro de una cuantiosa operación internacional de lavado de dinero, tiene una fuerte carta a su favor ante el presidente electo Enrique Peña Nieto. Pero también se encamina hacia una fuerte presión de los poderes formales y de hecho.

Por si la relación estrecha que tuvo con México no le hubiera dado suficiente conocimiento de la lógica del poder en este país, Ortega, como muchos observadores internacionales, sabe muy bien que Peña Nieto es una hechura de Televisa y que como presidente tendrá que defender al monopolio televiso en esta operación de narcotráfico descubierta por los servicios de seguridad nicaragüenses.

El pasado lunes 17 de septiembre, Ortega fue uno de los dos ausentes de la reunión de presidentes centroamericanos con Peña Nieto en Guatemala. Tampoco asistió su homólogo de El Salvador, Mauricio Funes, heredero asimismo de una revolución armada contra la dictadura militar en ese país, levantamiento que también tuvo el respaldo de México.

Ahora, ambos países están agraviados por el trato denigrante y el peligro que padecen sus ciudadanos en México en su paso hacia Estados Unidos. Está probado que efectivos policiales y de migración mexicanos asociados con la delincuencia organizada han hecho de la emigración centroamericana un botín, con un alto costo humanitario como la masacre de San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010.

Para la delincuencia organizada en México, Centroamérica no sólo es surtidora de capital humano, ya para la extorsión o para integrarlo a sus actividades ilegales. Es también refugio y centro de operaciones para el tráfico de cocaína desde Suramérica a Estados Unidos y Europa, como lo indica la presencia, por lo menos, del cartel de Sinaloa, de Joaquín El Chapo Guzmán, y del cártel de los Zetas.

La región representa una ruta de dos sentidos para la delincuencia transnacional, como lo demostró el aseguramiento de 18 personas que se presentaron como empleados del monopolio televisivo y transportaban nueve millones 200 mil dólares en seis camionetas con el logotipo de Televisa y equipo especializado de telecomunicaciones en la aduana Las Manos, en la frontera de Nicaragua con Honduras.


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