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Sicariato en Guatemala tiene rostro infantil

San José. Por José Meléndez, diario El Universal, de México. | 23 de Septiembre de 2012 a las 11:00

Osados e implacables, atacan con rapidez, ejecutan el trabajo "sucio" y progresan, a sangre y fuego, como pistoleros en las estructuras del crimen organizado para convertirse en un nuevo rostro de la violencia en Guatemala: son el sicariato infantil y adolescente.

Niños de 10, 11 o 12 años apenas cumplidos aceptan desplegar misiones de alto riesgo al servicio de las mafias, a sabiendas de que, por ley, son inimputables. Adolescentes de 13 a menos de 18 años también realizan tareas para la delincuencia organizada y aunque deben enfrentar seis años de cárcel como sanción penal máxima por sus actos, las redes mafiosas les prometen que asumirán la manutención de sus familias mientras estén en prisión.

"Lo que es definitivo es que cada vez hay más menores de edad involucrados en homicidios y feminicidios y eso nos preocupa", reveló el guatemalteco Carlos Pérez, juez de Ejecución de Medidas de Jóvenes en Conflicto con la Ley en Guatemala, en entrevista con EL UNIVERSAL.

"Si un menor de 13 años mata a alguien, sólo hay responsabilidad civil de los padres. Pero el hecho queda totalmente impune, porque la responsabilidad penal empieza a los 13", explicó, al señalar que el escenario varía con los adolescentes, en un país en el que la mayoría de edad se obtiene a los 18 años.

"Muchas veces, la organización criminal decide que algunos de los delitos más graves los cometerán adolescentes, porque su sanción es menor que la de un adulto. Se ha dado el fenómeno de que la organización criminal ayuda a la familia de quien va privado de libertad y evidentemente va ser mejor ayudar durante seis años como máximo a la familia de un adolescente, que por 12, 15, 18 o 20 años a la de un adulto", relató.

Pérez y un grupo de especialistas guatemaltecos consultados por este diario coincidieron en que, por lo general, niños y adolescentes sólo se involucraban antes en delitos de bajo impacto, como pequeños robos callejeros -les apetecían los lentes de marcas famosas- o romper los vidrios de automóviles para robar radios, entre algunos hechos ilegales.

"Pero poco a poco, las acusaciones a menores por homicidios, feminicidios, asociaciones ilícitas, secuestros, plagios, extorsión y otros delitos graves han ido incrementándose", relató el juez, al ratificar que lo que está sucediendo en Guatemala "es que hacen el trabajo más sucio".

"El fenómeno se da por la instrumentalización de la niñez y de la adolescencia por parte del crimen organizado, en narcotráfico y otros hechos delictivos. Es un efecto de la falta de políticas públicas que garanticen a la población que vive en condiciones de vulnerabilidad, bajo desventajas socioeconómicas, construir proyectos de vida adecuados y dignos", alegó el guatemalteco Zoel Franco, director de Niñez y Adolescencia del (no estatal) Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala.

En entrevista con EL UNIVERSAL, denunció que "el crimen organizado encuentra en la población de estos sectores bastante semilla de cultivo para utilizar a niñez y adolescencia en sus delitos".

Exclusión social

Un informe de la Secretaría de Bienestar Social del gobierno de Guatemala que fue entregado a este periódico mostró que, al 19 de septiembre anterior, la población de los centros guatemaltecos de privación de libertad para menores de 18 años era de 655 hombres y 55 mujeres, para un total de 712 personas, de las que 340 ya están sancionadas.

Franco adujo que aunque la cifra es relativamente reducida, "la preocupación es otra: ¿Por donde está pasando la política criminal del Estado?".

La Secretaría no respondió a preguntas de este rotativo acerca de que el gobierno guatemalteco carece de planes de prevención de delincuencia en menores y desatiende áreas urbano-marginales de donde surgen niños y adolescentes atrapados por la criminalidad.

"En cada niño involucrado en estas actividades vamos a encontrar historias de pobreza, pobreza extrema, pocos servicios para satisfacer necesidades básicas, hogares desintegrados y monoparentales, mucha migración que también genera desintegración familiar, maltrato por acción o por omisión, no asistir a la escuela o tener que dejarla", afirmó el guatemalteco Marvin Rabanales, asesor jurídico del Instituto de Protección Social de Guatemala (no estatal).

"En cada historia de estos niños encontraremos una isla rodeada de omisiones que son el caldo de cultivo ideal para el crimen organizado", alertó Rabanales, en entrevista con este diario.

Con más de la mitad de sus 13.5 millones de habitantes golpeados por miseria general y extrema, Guatemala sufre un deterioro social y "los valores han quedado debajo del colchón", dijo.

"Es una sociedad muy consumista que idealiza ‘el tener'. En esos espacios, niños y adolescentes son fácilmente atraídos por la delincuencia, que les ofrece ingresos que no pueden obtener de otra manera que no sea con la delincuencia. Al no tener acceso a la educación, a actividades públicas, pues evidentemente procuran esos bienes, esos ‘satisfactores', por el lado fácil, que es dedicarse a la delincuencia", puntualizó.

Al insistir en que "cada vez más niños se involucran en el crimen organizado", describió que son muchos los menores de 13 años que realizan actividades mafiosas "específicas", como vigilancias, cobro de extorsiones y, "en algunos casos, se ha documentado sicariato, por su inimputabilidad absoluta".

¿Subir las penas?

La guatemalteca Nidia Aguilar del Cid, quien durante 10 años, y hasta agosto pasado, fue Defensora de la Niñez en la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, informó a EL UNIVERSAL que "en los últimos tres años, tal vez de forma más repetida, hemos visto que muchos niños de 11 y 12 años atacaron a personas por venganza, por pleitos de ‘maras' (pandillas) o de drogas". Muchas veces, advierte, "las autoridades lo primero que piensan es que hay que bajar la edad (de 13 años) de los que pueden ser acusados penalmente. Pero hay que ver la contraparte. Son niños orillados, obligados", aseguró.

Las mafias les amenazan con que si se niegan a hacer las tareas criminales, "algo le pasará a sus familias, porque los tienen ubicados y los presionan", aseveró.

Con la reducción de la edad límite y someterles a sanción penal, "afectaríamos a adolescentes que no están haciendo nada por unos pocos especiales que hay. La visión debe ser la de proteger a la mayoría de la población", agregó.

Por todo esto, más que bajar el rango de edad para poder acusar penalmente a niños, Aguilar planteó que lo que se necesita es "perseguir a los adultos que están en el crimen organizado y que son los que les procuran las armas a los menores de edad y los que los obligan, a veces, a matar a alguien".

Y en eso, son rápidos y osados.

El "suplicio de las uñas"

Las estructuras policiales que existieron en Guatemala hasta 1996, cuando se firmó la paz para acabar con 36 años de un conflicto armado que estalló en 1960, ganaron fama por una despiadada táctica de acoso tanto a niños como a adolescentes de las zonas marginales, en especial de la capital guatemalteca.

En una costumbre que proliferó en la década de 1980, policías corruptos advertían a niños y adolescentes que si se negaban a pagarles sobornos o a estar a su servicio para cumplir tareas delincuenciales, les aplicarían el "suplicio de las uñas": arrancarles las uñas de sus dedos con una tenaza o un alicate, herramientas de uso cotidiano en sus labores de tránsito.

"El mecanismo represalia-miedo se mantiene en Guatemala", dijo el guatemalteco Zoel Franco, director de Niñez y Adolescencia del (no estatal) Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala.

Las prácticas policiales de agresión a niños y adolescentes se han reducido, aunque tampoco han sido erradicadas por completo, aclaró.

"El miedo es una forma de control social efectivo, permite mantener un ‘status quo' de determinado grupo de interés y niños y adolescentes no escapan, pero es preocupante cómo están siendo violentadas, con muertes violentas de niños y adolescentes", relató el funcionario.

Viejos hábitos policiales, como "el asesinato de niños", propiciaron que Guatemala reformara, hace varios años, la legislación sobre niñez y adolescencia, recordó.

Sin embargo, los abusos policiales a menores de edad han proseguido, si bien en algunos casos se ha hecho justicia, como cuando policías fueron encarcelados por asesinar, dentro de una patrulla, a varios jóvenes que detuvieron en la capital.

"Es una cuestión recurrente que se da, pero muchos tienen miedo a denunciar. La policía tiene una estructura de control y de ubicación que en un momento dado, cuando hay agentes involucrados, puede ser utilizada fácilmente para eliminar a quien los denuncie", lamentó.


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