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De nuevo, las negociaciones con el FMI son secretas, por Adolfo Acevedo Vogl

| 30 de Abril de 2007 a las 00:00
De nuevo, el gobierno de Nicaragua ha decidido negociar en secreto con el FMI. En este periodo de gobierno las decisiones de política económica se han continuado adoptando como en gobiernos anteriores: a espaldas de la ciudadanía. Este lunes 30 de abril, se iniciarán negociaciones secretas con el FMI en base a una propuesta gubernamental de programa económico para los próximos tres años, que es totalmente desconocida para la población. Esto resulta ya sencillamente inadmisible. En las negociaciones con el FMI no se están dirimiendo asuntos puramente "técnicos". Allí se están dirimiendo asuntos fundamentales, y se adoptaran decisiones que nos afectan a todos, y el futuro del país. Estos no son asuntos que puedan decidirse en secreto entre funcionarios públicos y organismos financieros internacionales. Nosotros partimos del criterio de que las políticas económicas, sociales y de modificación del marco legal e institucional para la ampliación y profundización de la democracia, deben adoptarse con base en la participación ciudadana plenamente informada, en la definición, auditoria y evaluación de las mismas. Esto significa que la ciudadanía tiene derecho a ser plenamente informada, y a que existan espacios para la discusión y la definición de esas políticas. El Estado, los funcionarios, deben asegurar la vigencia de esos derechos. Esto nos parece especialmente grave. Lo que se haga o deje de hacer en los próximos tres años en materia de inversión en capital humano, determinará en gran medida lo que será el futuro del país. . El nuevo Programa con el FMI será decisivo para determinar si el país logrará alcanzar o no los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las metas nacionales en educación, salud, lucha contra el hambre, agua y saneamiento, vivienda, y si podrá recuperar o no perspectivas básicas de desarrollo futuro. Hasta el momento, sin embargo, la nueva administración gubernamental no ha expresado jamás su compromiso claro, irrevocable y explícito con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las metas nacionales, ni con la necesidad imperiosa de llevar los Presupuestos en estas áreas al nivel indispensable para que dichos objetivos y metas sean alcanzados. Sin embargo, mientras no asume ningún compromiso transparente con los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses, a quienes está obligado a servir y rendir cuentas, discute estos asuntos en secreto con el FMI. Allí se dirimirá también el futuro de la política salarial para educación y salud, y tampoco existe hasta ahora ni la más mínima definición política de la nueva administración gubernamental al respecto. De nuevo, esto es solo objeto de las negociaciones secretas con el FMI, más que de un compromiso abierto y transparente con la ciudadanía. Por supuesto, esto implica que la nueva administración gubernamental de Nicaragua enfrenta un dilema: o se continúan utilizando los salarios y Presupuestos de Educación y Salud, las transferencias Municipales, etc., como "variable de ajuste" para asegurar a toda costa el pago de la onerosa e ilegítima deuda interna (y parece que no solo los CENIS son resultado de enormes irregularidades, por lo que arrojan las primeras revisiones de los BPI), o se dispone a reestructurar a fondo dicha deuda, y mas allá que eso, adoptar la decisión histórica de alcanzar, por primera vez, la progresividad del sistema tributario, que es escandalosamente regresivo. Esto es lo que permitirá contar con los recursos necesarios para poder financiar las inversiones en capital humano e infraestructura básica que resultan indispensables para que el país recupere perspectivas básicas de futuro. Como se sabe, la política de inversión en capital humano es fundamental, en un contexto de plena transición demográfica que abre una ventana de oportunidad por una única vez y por un tiempo limitado. Esa política exige inversiones muy importantes para mejorar las posibilidades de éxito de la juventud nicaragüense. Con la inversión en capital humano ahora, el país se asegura de evitar repetir lo que ahora ocurre con decenas de miles de jóvenes que se están incorporando al mercado de trabajo con niveles de escolaridad tan escasos, que de hecho están condenados por los 50 años restantes de su vida adulta, a encontrar ocupaciones que los mantendrán por debajo del umbral de la pobreza absoluta. Como lo ha expresado el FNUAP de Naciones Unidas: "si esto no se hace a tiempo, es decir, desde ahora, la oportunidad se convertirá en una catástrofe social". Es una promesa falsa y burda plantear que se comenzarán a generar masivamente y de manera predominante empleos de calidad bien remunerados, que por definición requieren fuerza de trabajo calificada, cuando la fuerza de trabajo nicaragüense muestra niveles de escolaridad míseros y solo puede ser absorbida por el tipo de empleos que de manera predominante está generando la economía nicaragüense: precarios, informales y que rinden a quienes los desempeñan un ingreso que los condena a la pobreza o a la pobreza extrema. Estos son asuntos que el gobierno debe abordar de manera abierta y transparente con la ciudadanía, antes que dirimirlos en secreto con el FMI. Allí se va a dirimir también el 6% para las Universidades, además de la eliminación de la autonomía universitaria, la cual ni siquiera puede aceptar discutirse. En mi criterio, lo único por lo cual seria válido y legítimo suplantar el 6% ahora calculado sobre del Presupuesto General de la República, es por el principio constitucional del 7% del Producto Interno Bruto (PIB) para Inversión Pública en Educación como un todo, y se establezca un mecanismo de distribución de este monto entre los diversos niveles educativos. Ese es el nivel recomendado por la UNESCO y permitiría alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y una escolaridad promedio de 9 años en 2015. Países que son tan pobres como el nuestro, como Honduras y Bolivia (por ejemplo) ya han alcanzado el 7% del PIB, y aun países mucho más pobres, como Kenia, Lesotho, Malawi, y Namibia, también lo hicieron. En las negociaciones con el FMI van a dirimir algo tan fundamental como las reformas a la seguridad social. El Fondo está exigiendo profundas "reformas paramétricas" para erradicar, de una sola vez, el déficit actuarial del INSS: se propone incluso que se reduzca el porcentaje del salario final de los trabajadores que estos reciben como pensión –porcentaje conocido como "tasa de reemplazo"– a un 20%. Esto significaría que si un maestro se jubila al final de su vida laboral con un salario de 130 dólares mensuales, recibiría como pensión apenas 26 dólares al mes. Estas reformas, para la ceguera del FMI, deberían ser suficientemente drásticas como para eliminar de una sola vez el denominado "déficit actuarial" del INSS (resultante de la diferencia entre el valor actual de las cotizaciones y el valor actual de los beneficios que otorga el INSS, ambos proyectados para los próximos 75 años), el cual se traduciría en déficit efectivos del INSS únicamente a partir del ano 2023 (hasta entonces el INSS tendría superávit efectivos). Este hecho proporciona un margen adecuado de tiempo para discutir a fondo este asunto, no solo ni exclusivamente el de la viabilidad financiera a medio-largo plazo del INSS, sino el asunto de fondo de la política integral de seguridad y protección social del Estado, y cómo financiarla. En efecto, lo que debe definir el gobierno de la República de Nicaragua, es una política de protección y seguridad social, mas que subordinarse a las exigencias de un FMI que no tiene el mas mínimo "expertisse", ni el mas mínimo interés, en la seguridad ni la protección social como tales. El FMI es ciego en lo que respecta a la seguridad social como tal. Lo que es mas, las propias proyecciones financieras actuariales del INSS dependerán en gran Parte de las tendencias demográficas y del mercado laboral, y estas, en la fase de transición demográfica plena en que se encuentra Nicaragua, estarán influidas en mucho por las propias políticas públicas de inversión en capital humano de los jóvenes y otras, de modo que dichas proyecciones, más que mecánicas, se vuelven "recursivas". Por tanto, antes de hacer las proyecciones del mercado laboral, que son fundamentales para las susodichas proyecciones actuariales, es preciso determinar seriamente, y de manera transparente estas políticas, las cuales adquieren también aquí un rol fundamental. Otro asunto fundamental que van a dirimir el FMI y el gobierno, es el futuro del proceso de descentralización, y es otro tema más en el cual el FMI ha cometido errores garrafales. La exigencia de eliminar la autónoma municipal equivale a hacer desaparecer a los gobiernos municipales como nivel de Gobierno, alterando la propia estructura política del Estado nicaragüense. También ha hecho afirmaciones absolutamente sin fundamento, como por ejemplo, que en Nicaragua se han transferido recursos a los gobiernos municipales sin transferirles responsabilidades, y que por tanto las transferencias municipales deben ser "neutralizadas". O ha mostrado una ignorancia monumental, al criticar el hecho mismo que justifica las ventajas de "eficiencia política" (que los gobiernos locales respondan a las demandas y necesidades de sus constituyentes) y de "eficiencia económica asignativa" del proceso de descentralización: precisamente el hecho de que los recursos se asignen conforme a las prioridades y preferencias locales, y no conforme a los designios del gobierno central. El FMI ha intentado violentar el mismísimo derecho internacional al exigir que Nicaragua modifique la propia estructura política de su Estado, establecida por la Constitución, según la cual existen en el país no uno, sino tres niveles de Gobierno: gobierno central, gobiernos municipales y Regionales Autónomos, todos democráticamente electos. Esto constituye una abierta violación al principio de no intervención en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados, enunciado como obligación de los Estados en la Resolución 2.625 (XXXV) de 1970 de las Naciones Unidas, y donde se precisa que: "no solamente la intervención armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen, son violaciones del Derecho Internacional". En todo caso, este es el campo de la libertad y de la democracia de los ciudadanos y ciudadanas. Como ya se ha dicho, estos no constituyen asuntos estrictamente "económicos", o "técnicos", sino que, como asuntos que nos conciernen a todos y afectan el futuro del país, tienen que ver con el derecho inalienable de los ciudadanos a examinar y decidir libremente, mediante procesos democráticos y deliberativos, sus propias opciones de futuro, en lugar de que estas decisiones sean adoptadas a través de negociaciones secretas.

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