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Un diario norteamericano retrata la tragedia de los cañeros y la crueldad de los dueños del Ingenio San Antonio

Por Gerardo Reyes, El Nuevo Herald, de Miami. Desde Chichigalpa, Chinandega. | 7 mayo de 2007

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El Nuevo Herald ha publicado este fin de semana, un extenso reportaje realizado por el periodista Gerardo Reyes, que retrata el intenso drama que viven miles de familias pobres de Chinandega, devastadas por la contaminación que ha causado a lo largo de décadas el Ingenio San Antonio. En palabras de Reyes, "según los trabajadores, el origen del mal está en el aire, en la tierra y en las aguas que los ingenios contaminaron con agroquímicos, una acusación que los administradores de los centrales niegan categóricamente, alegando que no hay ninguna base científica que sustente esa denuncia". Segunda parte: Trabajadores enfermos piden indemnización a ingenio

La muerte corta caña en Nicaragua

Por Gerardo Reyes, El Nuevo Herald

Por las calles polvorientas del humilde reparto de la Virgen de la Candelaria, los altoparlantes de una camioneta de servicios fúnebres, con música religiosa de fondo, invitaban a las exequias de Hermógenes Martínez, un apreciado predicador evangélico de este caluroso pueblo del occidente del país. "Uno más", comentó resignado un vecino al sumar la muerte de Martínez a las estadísticas de la terrible enfermedad que está dejando varias aldeas de esta región llenas de viudas y huérfanos sin sustento. "Esto lo vemos aquí dos, tres y hasta cuatro veces a la semana", agregó, mientras la camioneta desaparecía envuelta en el polvo amarillo de la calle. Martínez, de 61 años, murió el 8 de abril a causa de una insuficiencia renal crónica (IRC) de origen desconocido, una enfermedad que reduce los riñones al tamaño de un frijol. Entre la gente del pueblo que horas más tarde vio impotente pasar el cortejo fúnebre de Martínez, hay unos 2,000 ex trabajadores agrícolas de los cercanos ingenios azucareros San Antonio y Monte Rosa, que saben que sus días están contados porque también sufren de la enfermedad que ha matado lenta y dolorosamente a cientos de compañeros. Esos hombres que se quitaron los sombreros y las gorras al ver pasar el féretro de Martínez por las calles de este pueblo, son el saldo agonizante de una tragedia que se vive semanalmente en esta región, sin que el gobierno haya ofrecido una respuesta definitiva y convincente sobre sus causas. Según los trabajadores, el origen del mal está en el aire, en la tierra y en las aguas que los ingenios contaminaron con agroquímicos, una acusación que los administradores de los centrales niegan categóricamente, alegando que no hay ninguna base científica que sustente esa denuncia. Cualquiera que sea la causa, Chichigalpa es un pueblo de desahuciados. Los robustos trabajadores que solían llegar a sus casas extenuados en las tardes, tras haber cortado cuatro o cinco toneladas de caña por 60 centavos de dólar la tonelada, ahora deambulan por las calles del pueblo sin nada que hacer o se sientan en taburetes al frente de sus casas a ver pasar el mundo que perdieron. No pueden trabajar porque se agotan en minutos. Vomitan con frecuencia y se quejan de "fogonazos" en el cuerpo, dolores en los costados y náuseas. Algunos no tienen fuerza ni para alzar a sus hijos. Se les prohíbe tomar café, gaseosa, beber licores, comer carnes rojas, leche y huevos y les aconsejan no hacer el amor con sus mujeres para evitar vahídos y desmayos. Sólo les queda prolongar su vida unos años con mucha voluntad y unas pastillas de calcio para compensar la pérdida de esa sustancia en el organismo a causa de la deficiencia renal. Hasta que un día, como constataron reporteros de El Nuevo Herald en un par de casos durante una visita el mes pasado, no resisten más vivir de pie y se tiran a un camastro con el cuerpo hinchado y una sofocación intolerable a esperar la muerte tomando sorbitos de Gatorade.

Los campos de la muerte

Al cementerio de esta ciudad no le cabe un difunto más. Los índices de mortalidad de la población han forzado al gobierno municipal a construir uno nuevo. Una de las últimas tumbas del viejo camposanto la ocupó el pasado 9 de abril el cuerpo de Hermógenes Martínez, ex trabajador de la caña de azúcar que soportó sin quejarse los doloroso síntomas de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), la enfermedad que está diezmando esta región. Martínez trabajó de sol a sol durante 30 años en diferentes empleos del ingenio San Antonio, un central azucarero de la zona fundado en 1890, propiedad de la influyente familia Pellas. El ingenio produce el 80 por ciento de las exportaciones de azúcar de Nicaragua a Estados Unidos. "El azúcar que sale de aquí a Estados Unidos lleva la sangre de cientos de trabajadores nicaragüenses y eso nadie lo quiere escuchar", dijo Juan Salgado, dirigente de la Asociación de Enfermos Chichigalpa por la Vida, un grupo de ex trabajadores que promueve una indemnización para las víctimas. "Trabajamos para ellos [la familia Pellas] toda una vida, y nos botaron a la calle cuando descubrieron que estábamos enfermos como hacían los romanos con los esclavos que no les servían más", agregó Salgado, quien trabajó 31 años para el central y ahora también sufre la enfermedad. Los Pellas son propietarios de un conglomerado de empresas entre las cuales está BAC Credomatic Network, una red financiera reconocida como la más grande en Centroamérica en el funcionamiento de tarjetas de crédito. La red tiene un banco en Coral Gables. Alvaro Bermúdez, director administrativo del ingenio San Antonio, considera que la acusación no tiene fundamento, pues su empresa, no sólo por una cuestión de moral, sino de imagen, según explicó, ha hecho todo lo que está a su alcance para que se investiguen las causas de la enfermedad. El ingenio ha ofrecido su cooperación a los últimos tres gobiernos del país, agregó Bermúdez, para que se investigue el origen de la epidemia, pero ''no se hizo nada". "Hay un problema que es real, hay una epidemia que es real, hay una enfermedad que es muy triste y muy difícil", dijo Bermúdez. 'Y hay una empresa que quiere apoyar el entorno social y que va al gobierno y dice: 'Hay este problema, ataquémoslo'. Pero resulta que sólo a la empresa nada más se le vuelve a pedir explicación. Ahora resulta que la empresa puede ser la del problema. Entonces no lo vamos a solucionar porque la empresa no es la del problema".

Crisis se profundiza

Los registros del centro de salud del pueblo muestran que la crisis va en aumento. Hay 2,000 enfermos de IRC, cuya expectativa de vida no es más de 10 años. La cifra fue mencionada por el médico Edwin Reyes, del Ministerio de Salud de Nicaragua en una reunión con El Nuevo Herald. Reyes obtuvo las estadísticas en un reciente conteo en el Centro de Salud Julio Durán Zamora, dispensario del gobierno en Chichigalpa, un pueblo de 62,000 habitantes situado al pie del volcán San Cristobal, 124 kilómetros al noroccidente de Managua. Son tan altas las cifras de trabajadores con la enfermedad en esta zona que hace tres años la Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo presión de los campesinos, aprobó una ley que convirtió la deficiencia renal en una enfermedad laboral. Algunos de los trabajadores enfermos que son despedidos reciben una pensión del seguro social, acogiéndose a la ley que estableció que la IRC es una enfermedad laboral. Pero lograr que el seguro otorgue la pensión es otro calvario, pues los enfermos deben probar que han cotizado un mínimo de tiempo, aunque la ley no exige ese requisito. Padre de ocho hijos, el difunto Martínez pasó a ocupar el puesto número 563 de una lista de ex trabajadores del ingenio San Antonio que han muerto a causa de la enfermedad renal desde 1978, según el censo elaborado por María Eugenia Cantillano, de la fundación local Nica Global. El médico Alejandro Marín, director de un hospital privado totalmente equipado que funciona dentro del central para los trabajadores y sus familias, reconoció a El Nuevo Herald que se han detectado 200 empleados activos con los niveles anormales de creatinina. La creatinina es un compuesto del cuerpo que permite medir el funcionamiento de los riñones. El valor normal es de 0.8 a 1.4 miligramos por decilitro. El Nuevo Herald vio exámenes de campesinos con niveles hasta de 15 y 30 miligramos por decilitro que indican un deterioro grave de esos órganos.

Demandas inútiles

Los trabajadores han radicado demandas en las cuales responsabilizan de la enfermedad al uso negligente de pesticidas en los sembrados de caña por parte de los dueños de los ingenios, pero los casos no han llegado a una etapa probatoria en la cual se requiere la demostración de la acusación. En el proceso judicial que más avanzó, el central San Antonio llegó a un acuerdo extrajudicial con los campesinos. Unos 1,100 ex trabajadores recibieron entre el 2004 y el 2005 una "ayuda humanitaria" en efectivo por casi $2 millones. Adrián Mesa, abogado que representó a los ex trabajadores de ambos ingenios admitió a El Nuevo Herald que su estrategia legal, en los dos casos, no era muy fuerte en materia de pruebas científicas. Según él, los procesos llegaron a un punto en el cual los demandantes no estaban en capacidad de probar que la causa de la enfermedad son los agroquímicos, pero los demandados no tenían manera de demostrar lo contrario, de modo que se llegó a un acuerdo humanitario. 'Dijimos: 'Dejemos de hablar de quién es el culpable y planteemos esto como un tema humanitario porque nuestros clientes lo que necesitan son fondos para enfrentar su enfermedad' ", explicó Mesa. Aunque era débil en la parte científica, la fortaleza de su demanda radicaba, agregó el abogado, en que podía probar que las condiciones en las que se desarrolla el trabajo de zafra en el central azucarero "aceleran el proceso" de la enfermedad. "Si tienes la enfermedad y te vas a cortar caña con una temperatura de 40 grados, prepárate, es indubitable, y eso es más demostrable", explicó Mesa. Después de los arreglos extrajudiciales, unos 1,100 nuevos ex trabajadores de ambos centrales diagnosticados con IRC también aspiran a una compensación basándose en los argumentos de las querellas anteriores. Tres demandas colectivas están en curso en tribunales del país exigiendo a la empresa Nicaragua Sugar State Limited, propietaria del central de San Antonio, una indemnización de las víctimas. Otra ha sido planteada contra el ingenio Monte Rosa.

Males, ¿misteriosos?

"Esta enfermedad fue adquirida mientras trabajaron para dicha razón social [Sugar State Limited], al haber estado en contacto directo o indirecto y sin protección alguna, con agentes químicos", afirma en la demanda contra el ingenio San Antonio el abogado de los campesinos, Sacarías Chávez. Sin embargo, la querella tampoco cita una sola prueba científica en ese sentido. De acuerdo con información entregada por el ingenio y los trabajadores, los químicos que se utilizan en los campos de caña de azúcar de ambos ingenios son Karmex, Terbutrex, 2-4-D, Raundop, Ametrex, Igran, Duron y Prowl. El Nuevo Herald envió la lista a un experto de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Emory, en Atlanta. "Ninguno de los herbicidas que están siendo usados por los ingenios encendería una alarma por efectos en la salud que los campesinos están sufriendo", respondió Chensheng Lu, profesor del Departamento de Medio Ambiente y Salud Ocupacional de la escuela. ''Debe estar ocurriendo algo en la comunidad que causa el problema de la deficiencia renal, o podría ser la interacción de diferentes herbicidas". Un médico internista del ingenio de San Antonio, que ha seguido de cerca el problema desde hace varios años, explicó a El Nuevo Herald que no existe ningún estudio que explique el fenómeno. "Yo no le puedo decir porque no sé, tenemos hipótesis", dijo el médico Félix Celaya Rivas. "La pregunta es: 'Si usted tiene hombres y tiene mujeres que realizan labores agrícolas en los mismos lugares, en el mismo número de horas, se alimentan con el mismo alimento, beben la misma agua, y viven en el mismo lugar, ¿por qué los hombres se enferman y las mujeres no?' ", inquiere Celaya. No hay ningún estudio que responda esa pregunta. Según las estadísticas del centro de salud de Chichigalpa, la mayoría de víctimas son hombres en edad laboral que han trabajado en uno de los ingenios, las dos mayores fuentes de empleo en la región junto con una fábrica de licores, también propiedad de la familia Pellas. Las mujeres ocupan un mínimo porcentaje y las causas de deficiencia renal son conocidas, tales como presión arterial alta o diabetes.

«Yo no fui, ¿quién fue?»

Bermúdez, director administrativo del ingenio San Antonio, dijo que para el común de la gente resulta muy fácil atribuir la responsabilidad a esa empresa pues la mayoría de los habitantes de Chichigalpa trabajan o han trabajado allí. "Todo el que se enferma, de alguna manera ha estado relacionado con el ingenio San Antonio, pero no porque nosotros seamos los causantes de le enfermedad sino porque estamos en la zona donde está el problema", afirmó Bermúdez. Celaya insistió en que la enfermedad no se limita a trabajadores de los centrales sino que se extiende por toda la región occidental del país. Entre la lista de "multifactores" señaló la posibilidad de que la raza mesoamericana que habita Centro América presente una vulnerabilidad congénita ante la enfermedad renal. Planteó también la probabilidad de una secuela por contaminación natural con metales pesados de la cadena volcánica que rodea la región y finalmente señaló que el consumo de licores de fabricación doméstica y la desnutrición podrían jugar un papel importante en la epidemia. Pero admitió que todas sus observaciones son especulativas y no tienen fundamento en ningún estudio. Hasta ahora los servicios de salud gubernamentales sólo cuentan con investigaciones científicas que han detectado la enfermedad pero no sus causas. Reyes, nefrólogo del Ministerio de Salud de Nicaragua, una autoridad en el tema, explicó a El Nuevo Herald que organismos de salud, universidades del país y los ingenios han realizado una veintena de investigaciones que se limitan a describir la enfermedad pero ninguno señala las causas. La única investigación que se encaminó a detectar el origen de la epidemia obteniendo algunas biopsias de los riñones de campesinos enfermos, agregó Reyes, no arrojó resultados pues la única muestra que se extrajo era de un riñón completamente deteriorado que no permitía realizar un examen concluyente. Reyes dijo que el gobierno está dispuesto a iniciar una nueva investigación, pero esta vez en riñones que se encuentren en la fase inicial de la enfermedad a fin de establecer si hay o no residuos químicos en los tejidos. Pero hasta ahora no se han fijado fechas ni protocolos de la investigación. "Hablar de multifactores es lavarse las manos y decir que toda la vida va a existir este problema así que acostumbrémonos a vivir con él", afirmó Reyes.

Historias de difuntos y sobrevivientes

El difunto Martínez estuvo entre aquellos que recibieron una ayuda humanitaria. Recibió unos $850, según su viuda Cándida Rosa Reyes. A cada uno de los beneficiados con la ayuda, que la empresa jamás aceptó que fuera considerada como una indemnización, le correspondió un promedio de $800 a $1,000. El salario mínimo en el sector agropecuario en Nicaragua era de $46 mensuales en el 2005. "Se lo dieron de poquito en poquito, como una limosna", señaló la viuda frente al féretro de su esposo en una casa humilde de Candelaria, de piso de tierra pisada, y llena de familiares que "están pegados con la creatinina", que es la expresión que se utiliza para señalar a los sentenciados a muerte por la enfermedad. De los ocho hijos del matrimonio de Martínez y Reyes, dos están afectados con IRC, Henry, de 34 años, y Liliana, de 35. Henry sostuvo que fue despedido del ingenio en el 2001 sin ninguna indemnización tan pronto le descubrieron la deficiencia renal en uno de los exámenes rutinarios que practica la empresa anualmente para detectar la enfermedad. El hermano menor de Cándida, quien también trabajó para el ingenio, murió con altísimos niveles de creatinina, según explicó ella. Otro hermano, Armando Siles, de 38 años, está en silla de ruedas con el mismo diagnóstico. El padre de Cándida se casó de nuevo y tuvo cuatro hijos. Todos ellos, explicó, también están muriendo del mismo mal. De la docena de hombres que acompañaron el cortejo fúnebre de Martínez hasta el cementerio, sólo dos tuvieron fuerzas para palear la tierra sobre el ataúd. Los demás ni se atrevieron. Debieron sentarse extenuados en otras tumbas, bajo un sol inclemente que redobla el calor de sus cuerpos por la enfermedad, a escuchar el último adiós de los pastores evangélicos al vecino. El problema se repite en el ingenio Monte Rosa, situado en El Viejo, municipio de Chinandega. Unos 300 ex trabajadores del ingenio que fueron despedidos después de caer enfermos, protestan desde hace varios meses frente a la entrada principal pidiendo indemnización. El ingenio es propiedad del poderoso grupo centroamericano Pantaleón. Los ex trabajadores han demandado también al ingenio en un juzgado de Chinandega. Cuando Verónica Medrano, una de las mujeres que tiene esperanzas de lograr alguna compensación del grupo Pantaleón, enviudó hace cuatro años, en su choza quedaron 11 hijos huérfanos. Su esposo, Juan Senón Bartodano, cortador de caña del Monte Rosa, cayó postrado por la deficiencia renal y no recibió ninguna indemnización, explicó ella. La imagen que más recuerda de su marido fue el día en que regresó llorando a casa después de hablar con el jefe de campo. Estaba desempleado y enfermo. "El fue a decirle que lo ayudara y Julio Pri le dijo que no, que quién lo mandaba a tener tantos hijos y no tuvo más que ponerse a llorar", afirmó Medrano, quien mantiene a los huérfanos, la menor de cinco y el mayor de 25, con los magros ingresos que le produce lavar y planchar ropa. La epidemia continúa cobrando vidas y los esfuerzos que se hacen para detenerla no parecen proporcionales a la emergencia. La opción de conseguir otro trabajo no está a la vuelta de la esquina. Los ingenios son las principales fuentes de empleo de la región. Muchos pobladores de la zona continúan trabajando allí pese a que sus familiares hayan muerto de la enfermedad o la padezcan. "Es como me lo dijo alguna vez un amigo del ingenio cuando le dije que se iban a quedar sin trabajadores con tanta gente que ha muerto y otros que cogían miedo de trabajar", recordó el dirigente Salgado. "El me respondió que eso no ocurriría nunca. 'Aquí', me dijo, 'no hay otro palo en qué ahorcarse'".


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