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Navarro y Tinoco quieren que director de Petronic rinda cuentas del negocio petrolero con Venezuela

| 9 de Mayo de 2007 a las 00:00
Como un "rumor especulativo", calificó el presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez, el señalamiento de diputados y sectores de la derecha en el sentido que el gobierno está creando un presupuesto paralelo, con las ganancias que deja el apoyo petrolero con Venezuela. Los diputados opositores consideraron que ese convenio tiene que ser debatido por la Asamblea Nacional, al cerrar la empresa mixta Alba Petróleos de Nicaragua (Albanic), integrada por la Asociación de Municipios (AMUNIC) y Petróleos de Venezuela (PDVSA), que manejaría la importación del crudo venezolano. Los diputados Wilfredo Navarro, del Partido Liberal Constitucionalista, María Eugenia Sequeira, de la Alianza Liberal Nicaragüense, y Víctor Hugo Tinoco, del Movimiento Renovador Sandinista, pidieron convocar al presidente de la estatal Petróleos de Nicaragua (PETRONIC), Francisco López, ante la comisión de Infraestructura Ambos dijeron que López debe concurrir para que explique la condición legal de la ya extinta empresa Albanic y la decisión presidencial de trasladar el acuerdo a la responsabilidad del Estado. Uno de los más furibundos fue Wilfredo Navarro, quien hasta invocó a la Fiscalía General de la República, "para que de una vez procese al presidente de PETRONIC y a los que resulten involucrados, porque están tratando de defraudar al Estado de Nicaragua y violentando las leyes de presupuesto y de endeudamiento público". Afirmó que en la reunión de este jueves en la comisión económica, pedirá la convocatoria de López, porque hasta ahora, dijo, no se ve el beneficio del apoyo petrolero venezolano, porque los combustibles están cada vez más caros que cuando estaba la crisis del petróleo. "Hay que revisar hacia donde se están yendo esos beneficios", advirtió. Según Navarro, el PLC podría hasta declarar un boicot contra las iniciativas del Ejecutivo y hasta paralizar la Asamblea Nacional, porque no se pueden seguir permitiendo los abusos del presidente Daniel Ortega, sus funcionarios y sus amigos personales como Hugo Chávez. El presidente de la Asamblea Nacional respondió que las comisiones tienen toda la libertad de citar a cualquier funcionario público, porque así lo establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pero insistió en que hay mucha especulación sobre el tema. El alcalde de Managua, el sandinista Dionisio Marenco, cree que "si el Estado va a asumir una deuda, obviamente tiene que pasar por la Asamblea Nacional". Petronic estará a cargo de la importación de unos diez millones de barriles de petróleo al año, que es la demanda anual del país y de administrar los recursos de esa comercialización. Las ventas son estimadas en 380 millones de dólares anuales y no están incluidas en el presupuesto nacional. Los diputados de la oposición señalaron que al pasar a manos de la estatal Petronic, los fondos que genere la importación del crudo venezolano deben ser incluidos en el presupuesto y no ser manejados como un crédito "entre privados". Argumentan que la ley de administración financiera y de régimen presupuestario, así como la ley general de deuda pública, obligan a obtener la aprobación del Parlamento e incluso presupuestar los recursos que fluyen de los acuerdos de cooperación firmados entre el Estado con otros países, como es este caso. La posición gubernamental es que al administrar Petronic los recursos que se producirán con la comercialización del petróleo con Venezuela, el Estado no asume ninguna deuda y que el riesgo lo corre PDVSA. Según el legislador sandinista Wálmaro Gutiérrez, Petronic es una empresa estatal que no recibe fondos del Estado, sino que más bien le hace transferencias, porque tiene patrimonio propio y por tanto es un ente no presupuestado. "Lo que quiere manejar el Frente Sandinista y Daniel Ortega, sin controles, como si fuera una charanga, son 380 millones de dólares de la factura petrolera con Venezuela, que equivale a un cuarto del presupuesto nacional", indicó el diputado Navarro. Los sandinistas sostienen que "no es un presupuesto paralelo" y no tiene porque, ese acuerdo, debatirse de nuevo en el Parlamento. Para que ese acuerdo se pueda debatir de nuevo, se requiere que el presidente Ortega envíe el convenio a la Asamblea Nacional.

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