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Medios y gobierno, por Guillermo Rothschuh Villanueva

El Nuevo Diario | 14 de Mayo de 2007 a las 00:00
El comportamiento del gobierno del presidente Daniel Ortega con algunos medios de comunicación; el nombramiento de su esposa, poeta Rosario Murillo, como encargada del Consejo de Ciudadanía y Comunicación; el diseño de una estrategia de comunicación conteniendo algunos párrafos en que utilizan la caracterización maniqueísta, a la que generalmente recurren los medios de comunicación (buenos-malos); la fuerte contracción de la publicidad gubernamental; la dosificación y entrega privilegiada de información a determinados medios; el señalamiento de algunos medios como adversos al gobierno, los cuales estarían ejerciendo cierta censura en su contra; la tardanza en informar sobre acontecimientos con una fuerte incidencia en la vida del país; y las políticas editoriales e informativas de algunos medios enrumbadas a descalificar y a confrontar las acciones del gobierno, han generado una relación medios-gobierno cargada de suspicacias, contradicciones, ataques y contraataques, reproches y acusaciones mutuas. Un tinglado rico en matices para cualquier estudioso de la complejidad de la comunicación política y sus implicaciones reales para la vida de Nicaragua. Hay que tener claro que la relación medios-gobierno en las sociedades democráticas es tensa. Aunque medios y gobierno se necesitan, igualmente se repelen. La razón es obvia. Una de las funciones de los medios es fiscalizar la gestión pública. Soy explícito. (En la realidad concreta nicaragüense hasta ahora ciertos medios se atreven a ejercer esa función examinadora necesaria ante el sector privado, que siempre ha quedado fuera de sus reflectores. Una cuestión que merece otro abordaje). Los gobiernos hoy en día requieren más que nunca de los medios para realizar exitosamente su gestión. En la medida en que los medios se han convertido en los principales mediadores con que cuenta la sociedad moderna, al haber desplazado a otras instituciones en la tarea vital de realizar la socialización de las conciencias y su galvanización ideológica, su poder se acrecienta. La progresiva credibilidad que gozan en nuestro entorno, las bajas calificaciones que la ciudadanía confiere a las instituciones políticas (Ejecutivo y Legislativo) y la marcada desconfianza en la actuación del poderes Judicial y Electoral revisten a los medios de un enorme prestigio. Sin embargo, medios y gobierno se necesitan. José Joaquín Bruner es categórico al resaltar la relación simbiótica que mantienen y de la cual ambos deben estar claros. La tentación de los gobiernos por atraer a los medios hacia sus posiciones es permanente. Influenciar sus políticas, mediatizar sus posiciones o bien neutralizarlas se convierte en uno de sus principales objetivos. Están conscientes de que en sociedades altamente mediatizadas, las nuevas plazas públicas están constituidas por los medios de comunicación. Convertidos en los escenarios privilegiados donde se juega gran parte del poder, una de sus funciones básicas es la de generar consensos ciudadanos. Ante esta realidad, la astucia y el olfato político enseñan que una de las principales tareas de los gobernantes es buscar cómo tejer aproximaciones o generar alianzas con los medios. El problema se torna agudo y complejo cuando los medios se muestran reacios a los requerimientos de los gobernantes. En la medida en que acceden, hipotecando su libertad frente a los poderes, los medios pierden su principal activo: la credibilidad, circunstancia que los vuelve fiables ante una ciudadanía que deposita confianza en sus políticas editoriales e informativas. En la Nicaragua contemporánea es fácil rastrear las actuales contradicciones que viven gobierno y medios. Las percepciones son de una desconfianza recíproca. Los antecedentes históricos no se pierden en los memoriales del tiempo. Están demasiado frescos. De maneras mecánicas y llevadas por intereses muy particulares, algunos medios, desde la campaña electoral (Canal 2 y La Prensa), determinaron una política informativa y editorial en contra del Frente Sandinista. Partiendo de la conducta expresada por el FSLN durante la década de los ochenta, cuando impuso restricciones y una férrea censura a los medios, en el momento en que el país era víctima de una agresión militar auspiciada por los Estados Unidos, sumados los errores de conducción de su dirigencia, estos medios dedujeron que un triunfo sandinista en la presente etapa implicaba un retroceso en materia de libertades políticas y civiles. No hubo espacio siquiera para otorgarle el beneficio de la duda. El sandinismo dedujo de esta actitud que tenía que tomar providencias para ponerse a salvo de aquellos medios a quienes percibía como adversarios a sus intereses. En un movimiento fallido, cometió el error de implementar una política informativa cerrada y excluyente, negándose también a crear condiciones que indicaran que su actitud ante los medios esta vez sería totalmente diferente. El confrontamiento con La Prensa y Canal 2 ha sido extensivo hacia otros medios y periodistas. ¿Podrá haber un cambio de proceder de parte de medios y gobierno? ¿Es posible todavía una rectificación? ¿Podemos visualizar al corto plazo un nuevo reacomodo entre medios y gobierno? ¿Se trata de una actitud irreversible? El encontronazo es fuerte y ostensible. ¿A quiénes beneficia esta actitud? ¿De qué manera incide en el curso de la vida del país? ¿Tendrá el gobierno la suficiente lucidez y capacidad como para darse cuenta que puede buscar un nuevo equilibrio con los medios? La democracia moderna se sustenta en el disentimiento, la tolerancia y el pluralismo. Su verdadera eficacia radica en que manifieste un carácter recíproco entre gobierno y medios. Aunque existen medios con determinación explícita de mantener una política de rechazo a las actuaciones del sandinismo, éstas están atravesadas y teñidas por otros intereses: utilizarlos como palancas propulsoras en la estrategia de recuperación del poder, mediante una política permanente de desgaste de la gestión pública. Sería iluso pensar lo contrario. Los sandinistas guardan una posición similar en relación a estos medios. ¿Estas visiones podrían revertirse o a estas alturas resultan irreconciliables? Todo indica la imposibilidad de que sobre el escenario ocurran cambios sustanciales. En este juego de poderes la conducción sandinista ha incurrido en contradicciones y errores. Una cosa es mantener una actitud determinada en relación a ciertos medios y otra hacerla extensiva al conjunto mediático del país. Su falta más delicada ha sido trazar una línea divisoria entre aliados y adversarios. Un simplismo político que viene desde la década de los cuarenta del siglo pasado: estás conmigo o estás contra mí. Los medios no pueden dejar de criticar al gobierno. Si actuaran de otra forma no cumplirían con las funciones llamadas a cumplir. La institucionalidad del país se sostiene en gran medida debido a la labor desplegada por los medios. El gobierno debería mostrarse sensible y receptivo a estos señalamientos. Su réplica ha sido alinearlos como adversarios con los que no hay que contemporizar bajo ninguna forma o circunstancia. Tampoco ha sido lúcido en el manejo de su política informativa. Cerrar los canales de información y recurrir a un centralismo exagerado no es aconsejable. Esta actitud ha generado un sentimiento de rechazo innecesario. El anuncio de que mantendría una política activa no se ha cumplido. En muchas ocasiones ha sido contestataria y poco efectiva a la hora de informar. El hecho de no hacerlo oportunamente, como está obligado, ha sido percibido como secretista y autoritario. Un viraje rápido y una transformación radical en este campo oxigenarían su gestión y recompondrían la percepción que guarda la ciudadanía acerca de la manera en que conduce sus acciones el gobierno. Mantener informada a la ciudadanía, propiciar una política de puertas abiertas, revisar los supuestos sobre los que descansa la manera de relacionarse con los medios, mostrarse respetuoso de las leyes y de las organizaciones que no lo apoyan serían gestos de incalculable valor estratégico. En Nicaragua existe la creencia generalizada de que quienes actúan a contrapelo de la ley y se niegan a informar ocultan algo. No se trata de una percepción únicamente del sector antisandinista. Es una visión extendida que comparte el conjunto de la ciudadanía. Sandinistas y antisandinistas. A estas alturas a nadie beneficia más que al propio gobierno una revisión de su estrategia informativa. En materia de comunicación prevalece la norma de que la percepción puede más que la verdad. Los ejemplos abundan. Bill Clinton tuvo que reelaborar el discurso que pronunció ante el Congreso de la Unión (1994), en vista de que las encuestas señalaban que entre la ciudadanía norteamericana existía preocupación porque los índices de inseguridad habían crecido. Las agencias especializadas en seguridad ciudadana, dato en mano, mostraban lo contrario. Sin embargo, el presidente estadounidense modificó su disertación. El creador de la Agenda Setting, Maxwell Mc Combs, expresó tajantemente: "Pudo más la percepción que la verdad". Una enseñanza que los conductores de la política informativa del gobierno deben tener tomar en serio. ¡La ciudadanía quiere enterarse de los pormenores de las diferentes iniciativas impulsadas! ¡El gobierno sandinista está en la obligación de ofrecer respuestas ágiles y convincentes! ¡Se libraría de las distintas percepciones ciudadanas acerca de la manera en que maneja los asuntos de Estado! ¡La información sistemática, amplia y oportuna, es una condición de todo proceso de gestación democrática! Los sandinistas deben mostrar en la práctica que todo cuanto hacen es beneficio de la ciudadanía y que no tienen nada en contra del funcionamiento de una irrestricta libertad de expresión en Nicaragua. ¡Hay que pasar de las palabras a los hechos!

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