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Centroamérica: trampolín de la droga

Por Juan José Dalton, desde San Salvador. Especial La Raza, de Chicago, Illinois. | 14 de Mayo de 2007 a las 00:00
El gobierno de Estados Unidos, por medio de la subsecretaria adjunta del Departamento de Asuntos de Antinarcóticos y Crímenes Internacionales, Christy McCampbell, afirmó recientemente en Guatemala que existe preocupación por la posible incursión del narcotráfico y del crimen organizado en las próximas elecciones presidenciales guatemaltecas que se llevarán a cabo en septiembre. La funcionaria habló de los escasos esfuerzos que se hace en la lucha contra la narcoactividad, además de los niveles de corrupción y de impunidad que afectan a dicho país. Pero estas características se podrían aplicar también a El Salvador y Honduras. De acuerdo con informes del Departamento de Estado de EE.UU. y de su Agencia Antidrogas (DEA, por su sigla en inglés), Centroamérica es un fuerte trampolín para el trasiego de drogas desde Sudamérica hasta EE.UU. Un Centro de Monitoreo de la DEA, con radares y aviones, así como comandos especializados, funciona en El Salvador desde 2001. No obstante, la narcoactividad crece en este país, incluso con el apoyo de funcionarios locales, como fue el caso del exdiputado salvadoreño Eliú Martínez, quien hace dos años fue condenado por un tribunal de Washington por introducir decenas de toneladas de cocaína a EE.UU., como parte de una red que involucró al Cartel de Sinaloa y a los carteles de Colombia. El Salvador trata de demostrar eficiencia, como por ejemplo, con 937 personas capturadas, relacionadas con delitos de narcoactividad durante el primer trimestre de 2007. Sin embargo, la inmensa mayoría de los capturados responden a delitos de posesión y tenencia de drogas. Únicamente se capturó a 31 traficantes de cocaína y sólo a una persona por lavado de dinero y activos. En el primer trimestre de 2007 sólo se decomisó un poco más de una tonelada de dicha droga, lo cual contrasta con Nicaragua, Costa Rica y Panamá, donde los decomisos son de decenas de toneladas. La narcoactividad está causando estragos en la región centroamericana. El 19 de febrero, tres diputados salvadoreños y su chofer fueron asesinados salvajemente en Guatemala, situación que no sólo ha dejado conflictos entre ambas naciones vecinas, sino un mar de incertidumbres, dado que todas las versiones involucran a narcotraficantes insertados en las estructuras policiales guatemaltecas. Esta investigación no ha terminado, pero a diferencia del desmantelamiento del Cartel de Sinaloa, ocurrido en abril en Nicaragua, en Guatemala han habido acciones para "silenciar" a los asesinos de los diputados, además de acciones de distracción para dificultar encontrar a los autores intelectuales de la masacre contra los salvadoreños.

En Nicaragua

El viernes 13 de abril de 2007 no fue de suerte para un grupo de cinco mexicanos que se habían establecido en Nicaragua. Viajaban por la carretera Panamericana en un vehículo de lujo, cuando en el kilómetro 23, a la altura de Tipitapa, al norte de Managua, un policía de tránsito les dio el alto. El hecho casual dio lugar al posterior desmantelamiento, sin precedentes en Centroamérica, de una base operativa y logística del Cartel de Sinaloa, dirigido por Joaquín "El Chapo" Guzmán, el prófugo de la justicia de México. Las investigaciones en Nicaragua han establecido que la "base operativa" del Cartel de Sinaloa habría sido fundada a mediados de 2004, cuando un colombiano llamado Javier Carrillo Maestre arribó a Nicaragua, con documentación mexicana a nombre de Samuel Gutiérrez Lozano (alias "Samy"). "Samy" se estableció en Estelí, desde donde se extendió a través de compras de terrenos y de ganado –usando testaferros- en varias zonas del norte nicaragüense. Junto a "Samy" también operaba el venezolano Antonio Santaella Parada, comerciante y residente en la norteña Matagalpa. Ambos establecieron una sociedad comercial: Estrella del Mar, que servía para encubrir el almacenamiento de la droga que venía del sur y que era enviada posteriormente a México y EE.UU. Así como iba creciendo la red de narcoactividad, también la policía nicaragüense les fue pisando los talones. Pero no se detenían. "Samy" y sus socios compraron terrenos en zonas costeras para operar por medio de lanchas rápidas y además, a través de barcos pesqueros, incluyendo artesanales. En noviembre, la policía intercepta una avioneta que había transportado una tonelada de cocaína, según se supo después. En julio de 2005, dos mexicanos (un hombre y una mujer) caen en el aeropuerto internacional con 300 mil dólares no declarados. Este golpe coincide con la localización de otra avioneta enterrada en una zona cercana a una de las propiedades de "Samy". Un periodista de La Prensa de Nicaragua, Adolfo Olivas, entrevistó a "Samy" respecto a la supuesta existencia de varias pistas clandestinas al norte de Nicaragua. En la entrevista, "Samy" negó toda relación con los hechos, pero Oliva fue asesinado misteriosamente en agosto de 2005. La policía ha establecido un nexo entre el asesinato del reportero y la banda de narcos. El 20 de mayo de 2006 la policía de Nicaragua interceptó otra avioneta de mexicanos que transportaba media tonelada de droga. Posteriormente comienza a aparecer, según detectó la inteligencia policial, el narcotraficante conocido como "El Cochi", o "El Cochino", quien al parecer sustituye a "Samy" en las operaciones de trasiego, almacenaje y reenvío de droga de Sudamérica, México y EEUU. Los golpes a "El Cochi", a quien el 20 de abril se identificó como Luis Osegueda López, no se hicieron esperar. En distintas zonas de Nicaragua se le decomisaron más de 6 toneladas de cocaína, así como cinco lanchas, 10 motores, once fusiles automáticos y tres vehículos.

La ley del sicario

Luego de la captura de los cinco mexicanos, el 13 de abril se descubrió que el Cartel de Sinaloa había enviado a un grupo de sicarios para que ajusticiaran o eliminaran a "quienes les han robado", así como también a funcionarios –aún no identificados- que incumplieron compromisos adquiridos con el cartel de la droga, según informes policiales. Uno de los sicarios sería José Juvenal Mendoza González, mexicano, y quien residió en Los Ángeles, Estados Unidos, donde se le buscaba como miembro de la llamada "Mara Sur". El otro sería Luis Ángel Valle Serrano, también capturado el 13 de abril y quien es un exmilitar mexicano de quien se cree que integra la llamada banda de sicarios "Los Zetas". La policía nicaragüense asegura que el golpe perpetrado ha sido "duro", pero que no se confían. En entrevista con la prensa local y extranjera, el subjefe de la División Antinarcóticos, Esteban Guido, afirmó que el peligro también se mantiene en contra de la directora de la Policía Nacional de Nicaragua (PN), Aminta Granera, quien ha estado recibiendo advertencias y amenazas de muerte desde principios del presente año. Nicaragua ha allanado 25 casas y propiedades rurales desde el 14 de abril; se han capturado más de 20 personas, además de decomisarse importantes arsenales de armas. Guido agregó: "Si logramos que todas estas propiedades sean confiscadas y que 120 personas involucradas sean procesadas, sí vamos a poder decir: 'Golpeamos la estructura logística del cartel'. "Si les quitamos todas las propiedades, ese dinero y todos los testaferros y logramos jalarlos al proceso [judicial], entonces difícilmente un nicaragüense en el futuro va a querer servir de testaferro a los narcos", expresó.

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