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Grupos latinos disgustados con proyecto de reforma migratoria, pero Kennedy lo defiende

Varias agencias. Desde Washington. | 18 de Mayo de 2007 a las 00:00
El proyecto de reforma migratoria acordado el jueves entre demócratas y republicanos en Estados Unidos provocó sobre todo reticencia en los movimientos de base de la comunidad hispana convencida de que "no trabajaron para una ley con tantos obstáculos". La Casa Blanca y senadores influyentes de los dos partidos anunciaron el jueves un acuerdo que daría estatus legal a millones de indocumentados que ya se encuentran en Estados Unidos, a la vez que reforzaría la frontera. "Es positivo que ambos partidos hayan logrado un acuerdo en un proyecto de reforma para empezar el debate en el pleno del Senado, pero hay muchos puntos para rectificar y mejorar. De ninguna manera dejaremos que se quede así", indicó a la AFP, Angela Salas, portavoz de CHIRLA (Coalition for Human Immigrants Rights in Los Angeles). Como Salas, los líderes de varias organizaciones defensoras de los inmigrantes indocumentados expresaron sus preocupaciones sobre el proyecto que logró un consenso entre los dos partidos principales de Estados Unidos y que comenzará debatirse el próximo lunes en Washington. "Es un proyecto muy similar al de años anteriores que introduce nuevas palabras, nuevos conceptos pero en esencia sigue dejando en un estado de vulnerabilidad al trabajador indocumentado que tiene una vida hecha en Estados Unidos", alertó Nativo López, presidente del grupo Hermandad Mexicana. "Esta medida viene con un Z que significa la Revancha del Zorro en reforma migratoria", ironizó López al referirse a un punto del proyecto dedicado a los inmigrantes indocumentados que están en el país antes del 1 de enero de 2007. Para ellos se contempla una visa denominada "Z" -para no inmigrantes-, que podrá obtenerse demostrando que tienen empleo y tras pagar una multa de 5.000 dólares. Así pasarán a integrar el "sistema de puntos basado en méritos" de forma de poder aspirar a la residencia permanente en el futuro. "Yo no tengo como pagar 5.000 dólares y tampoco quiero aspirar a una visa temporal o que me obligue a volver a México", indicó Lina Borjez, de 24 años, indocumentada como su esposo que es limpiador en California (oeste de Estados Unidos), donde viven desde hace siete años y tienen tres hijos "americanos". Borjez, ama de casa "por ahora", se encontraba el jueves en la noche en una marcha en el centro de Los Angeles donde unas 5.000 personas, en su mayoría indocumentados, se dieron cita para marchar por una reforma migratoria justa y defender el derecho a protestar tras una represión policial el 1 de mayo. Fue coincidencial que horas antes demócratas y republicanos anunciaran un acuerdo sobre el tema que abre la vía a un debate legislativo desde la próxima semana. "Marginar medidas sobre la reunificación familiar (padres o madres deportados), entre otros aspectos, relegaría a los latinoamericanos y demás trabajadores inmigrantes a un futuro de explotación y aislamiento", opinó por su parte la Federación Hispánica en un comunicado firmado por seis grupos de migrantes. Para ellos "las recientes negociaciones entre la Casa Blanca y el Senado están llevando a los estadounidenses en una dirección incorrecta", advirtieron considerando que "no podrán permanecer pasivos a una propuesta de la Casa Blanca" que "hipotecaría el futuro" del país. Se estiman en 12 millones los indocumentados en Estados Unidos, en su mayoría hispanos, una comunidad que es la primera minoría en el país con 44,3 millones de personas y que desea "continuar lo que comenzamos y enfocar el diálogo en la reforma migratoria, especialmente ahora que se está complicando", opinó Jorge Mario Cabrera, portavoz del Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen). "Vamos a trabajar constructivamente con ambos partidos para mejorar la ley, a fin de que el producto final sea una ley que sirva realmente para los estadounidenses y los ideales de nuestra nación", explicó en Washington Clarisa Martínez, portavoz de la Coalición por una Reforma Amplia. Multas, altas exigencias intelectuales, vulnerabilidad del campesinado indocumentado, solicitudes para regularizar los estatus desde los países de origen, son puntos del proyecto de reforma que exasperan a los movimientos de base de los inmigrantes que llevan una vida sin papeles en Estados Unidos.

Kennedy defiende su proyecto

Pese a las amplias críticas que ha suscitado el nuevo acuerdo de reforma inmigratoria, el senador Edward Kennedy pidió el viernes al Congreso estar muy unido para superar los serios obstáculos políticos a los que se enfrenta. La propuesta, que fue tildada por algunos sectores conservadores como un programa de "amnistía" que no castigaría a quienes ya han violado la ley entrando ilegalmente a Estados Unidos, también apoyaría el programa de trabajadores temporales. El presidente George W. Bush dijo que el proyecto "ayudaría a reforzar nuestras fronteras, e igual de importante, tratará con respeto a las personas". "Este es un proyecto por el cual las personas que viven en nuestro país serán tratadas sin amnistía, pero sin enemistad", dijo Bush. El acuerdo no sentó bien en algunos medios hispanos. El diario Hoy lo consideró de "Inaceptable", mientras que el Diario La Prensa subrayó que se hizo de "Mala Gana". En México, el nuevo plan defraudó a millones de mexicanos pobres y potenciales emigrantes que confiaban en la promesa de Bush de que algún día podrían solicitar una visa temporal y vislumbrar el sueño americano. La propuesta no incluyó la iniciativa original de Bush que ofrecía visas por tres años a los migrantes radicados en sus países. Preguntado sobre la amnistía en la cadena CBS, Kennedy dijo que "ese es el eslogan que se va a escuchar durante mucho tiempo". Señaló que el problema de la frontera es uno que se tuvo que resolver desde hace bastantes años. El acuerdo fue el fruto de semanas de negociaciones a puertas cerradas entre los demócratas más liberales, los republicanos más conservadores y funcionarios del gabinete de Bush. El proyecto, sumamente complejo y cargado de consecuencias políticas, aún enfrenta una larga batalla en ambas cámaras, y su aprobación dista de estar asegurada. Se crearía un programa de trabajadores temporales para traer personal a Estados Unidos y otro especial para los trabajadores agrícolas. Los conocimientos y el nivel educativo tendrían mayor importancia que los vínculos familiares para decidir si el inmigrante puede acceder a la residencia permanente. Se tomarían medidas de verificación de empleo de alta tecnología para determinar si el trabajador se encuentra legalmente en el país. Los indocumentados podrán declarar de inmediato su condición ilegal para obtener un permiso provisional de residencia que les permitirá vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, aunque no podrán iniciar el proceso de residencia permanente o la solicitud de ciudadanía hasta que la seguridad fronteriza sea mejorada y quede completado el sistema de alta tecnología para la identificación de la situación legal de todos los trabajadores extranjeros. De esta forma, obtendrían de momento un "visado del tipo Z" y _tras el pago de las costas judiciales y una multa de 5.000 dólares_ quedarán a la postre en condición de solicitar la residencia permanente, lo que podría demorar entre 8 y 13 años. Los cabezas de familia tendrán que regresar primero a sus países de origen. Un nuevo programa de trabajadores temporales tendrá que aguardar hasta que sean activados los "mecanismos" de inmigración. Esos trabajadores tendrán que regresar a sus países de origen tras una permanencia en Estados Unidos de dos años, con pocas posibilidades de obtener un estatus de permanencia legal o naturalizarse ciudadanos estadounidenses. Podrán renovar dos veces sus permisos temporales de trabajo pero tendrán que abandonar el país durante un año entre cada renovación. Los demócratas querían un programa de trabajadores temporales a quienes les sería permitido permanecer y trabajar indefinidamente en Estados Unidos. Con el nuevo plan, los lazos familiares no serán ya suficientes para obtener un permiso de residencia, salvo el caso de los esposos extranjeros y los hijos menores de ciudadanos estadounidenses. En anticipación a las críticas, especialmente la de aquellos que consideran que los senadores pecaron de generosos a la hora pasar por alto la entrada y permanencia ilegal de millones de indocumentados, el senador republicano Arlen Specter se apresuró a aclarar que "no se trata de una amnistía. El proyecto restaurará el imperio de la ley". El senador Byron Dorgan dijo que tratará de anular el programa de trabajadores temporales porque afecta a los empleados estadounidenses. Por otra parte, los candidatos a la presidencia, con tanto en juego, podrían complicar la propuesta. Las fisuras al respecto comenzaron a salir poco después de ser anunciado. "No sé si la legislación sobre inmigración fructificará", dijo el líder de la mayoría en el senado, el demócrata Harry Reid, quien manifestó "serias dudas" sobre el acuerdo.

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