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Procurador Estada promete ayudar a víctimas del Nemagón

Varias agencias. Desde Managua. | 22 de Mayo de 2007 a las 00:00
El gobierno prometió ayudar a un grupo de 23,800 ex trabajadores de las bananeras norteamericanas que fueron afectados por el uso del peligroso pesticida "Negamón" a agilizar sus demandas de indemnización por daños causados a su salud. El compromiso fue anunciado por el representante del Estado, el Procurador General de la República Hernán Estrada, tras reunirse con dirigentes y abogados del denominado grupo Unidad Nacional de los afectados por el "Nemagón", integrada por ocho de las nueve organizaciones que representan a los ex labriegos que enfermaron a causa del veneno, indicó la Procuraduría, en un comunicado. "Cuenten con el respaldo de este gobierno y sepan que estamos trabajando en la búsqueda de una solución rápida y eficaz en este tema dramático para la ciudadanía", afirmó Estrada. Estrada, prometió "una pronta respuesta" a demandas presentadas por abogados y dirigentes de 23,800 personas afectadas por el pesticida conocido como Nemagón. Estrada recibió este martes a los abogados que forman parte de cuatro bufetes, para escuchar sus demandas "y dar una pronta respuesta a esta problemática". El noveno grupo, la Asociación de Trabajadores y ex Trabajadores Afectados por el Nemagón y el Fumazone, que dirige Victorino Espinales, inició el domingo una marcha de protesta con unos 500 campesinos enfermos por el pesticida desde la occidental ciudad de Chinandega hacia Managua (138 kilómetros). Los ex labriegos de esta organización, que agrupa supuestamente a unos 7,000 ex trabajadores que contrajeron enfermedades terminales, nerviosas renales, dermatológicas, demandan al gobierno asistencia médica y ayuda para agilizar los juicios que promovieron en los tribunales locales contra las trasnacionales estadounidenses. Las compañías bananeras demandadas son La Standard Fruit Company, Dole Fruit Company, Chiquita Brand Internacional, Down Chemical, Shell Oil Company, Del Monte y Occidental Chemical, que operaron en Nicaragua de 1970 hasta mediados de los años 80, , las cuales enfrentan una batalla legal con los campesinos, tanto en EEUU como en Managua. En este encuentro, los dirigentes y abogados del caso Nemagón manifestaron que ellos representan a un total de 23,800 personas, quienes son conocidos como el grupo de los ocho representantes de la Unidad Nacional de los perjudicados por el insecticida. Los representantes expusieron a Estrada la necesidad de la no derogación de la Ley 364 vigente desde el 23 de noviembre del año 2000, y en caso de que haya reforma o alguna negociación sea con el consenso de sus abogados y representantes. La Ley 364 tiene por objeto regular y facilitar el procedimiento para la tramitación de juicios en materia de indemnización a las personas afectadas en su salud física, psicológica o patológica, por el uso y la aplicación del plaguicida "dibromo", "cloropropano" y sus derivados, conocido en Nicaragua bajo los nombres de "Nemagón" y "Fumazone". La ley establece que las empresas demandadas en los Estados Unidos o en tribunales de Managua, una vez demostrado los alcances de la demanda en los respectivos procesos judiciales, tendrán que indemnizar con cien mil dólares, a cada afectado que haya presentado demanda y que se comprobare que haya sido afectado física o psicológicamente en su salud. "Uno de los principales objetivos de la PGR es proteger al ciudadano, al ser humano; y esto lo vamos a hacer con el consenso de todos. Cuenten con el respaldo de este Gobierno y sepan que estamos trabajando en la búsqueda de una solución rápida y eficaz en este tema dramático para la ciudadanía", declaró Estrada. El alto cargo destacó que el papel de la Procuraduría en este caso del Nemagón es de "facilitadores, para unir voluntades y llegar a un final provechoso en beneficio de los afectados y actuando con rapidez". Los pesticidas Nemagón, Di-bromo cloruro propano (DBCP), que pese a que fue prohibido en el mundo en la década de 1960 las multinacionales bananeras lo siguieron usando en Nicaragua hasta hace pocos años. Los pesticidas fueron utilizados en las bananeras de Chinandega, una región eminentemente agrícola, en las décadas de 1970 y 1980, donde han fallecido cerca de 2,500 personas. A causa del pesticida los campesinos aseguran que contrajeron enfermedades como cáncer de piel, esterilidad, deficiencias en el desarrollo óseo y problemas en la vista, entre otras.

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