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Fiscalía, Procuraduría, Policía y Cancillería investigan caso Miranda. Chamorro declara ante el Ministerio Público

| 1 de Junio de 2007 a las 00:00
El Procurador General de Justicia, Hernán Estrada, anunció que el presidente Daniel Ortega le ordenó efectuar una investigación amplia sobre conflictos de tierra en las costas del Pacífico que tienen apariencia de diferendos entre particulares. "El trasfondo en todo esto es un problema de mayor trascendencia que tenemos que ver con suma atención", dijo Estrada en rueda de prensa para anunciar la apertura de la investigación. En este sentido señaló que "a través de mecanismos legales que se han utilizado, como sociedades anónimas en las cuales han aparecido personas del mundo político nacional, que han estado principalmente en el ejercicio del poder en los últimos 17 años y medio", para arrebatar las tierras a los campesinos beneficiados por la Reforma Agraria. El objetivo de la investigación, dijo, es esclarecer el escándalo de presuntos sobornos ofrecidos por el traficante de tierras Armel González al Cónsul de Nicaragua en Liberia, Gerardo Miranda, denunciado por el periodista Carlos Fernando Chamorro en su programa televiso Esta Semana. El Procurador afirmó que citarán "a todas las personas que sean necesarias", sin importar su color político. "Vamos a llamar al señor Miranda, vamos a llamar al señor Armel, y si son hechos imputables, delictivos, los vamos a pasar a la Fiscalía, no tendremos ningún reparo en hacerlo porque este Gobierno está en contra de cualquier acto de corrupción, y así debe quedar consignado que estará durante el período de Gobierno del presidente Ortega", explicó Estrada. Aunque no quiso vincular al traficante González con el narcotráfico, recordó que "es muy conocido ya de parte de todos ustedes que en la zona sur del país se han dado incautaciones millonarias provenientes de la narcoactividad, ésta es una actividad que nosotros no podemos permitir que se asiente en este país". Agregó que "en este sentido, también vemos que en este asunto de las costas también hay un peligro a la seguridad del Estado nicaragüense, al haber en esas costas no sólo ventas irregulares, muchas de ellas fraudulentas, bajo el amparo de inversionistas o de infraestructuras hoteleras". "Ahí también se han registrado presencia de actividades con medios aéreos, con medios marítimos, aprovechándose de la cercanía con las costas, y realmente es objeto de una seria preocupación que esta casualidad no está ajena de los conflictos que se están llevando a cabo", abundó el procurador. "Hemos sabido que a través de sociedades en las cuales aparecen personas que están protegidas por sus mantos de inmunidad, o por su cobertura social, han venido llevando a cabo actividades que verdaderamente afectan el interés, no sólo de los particulares de las playas, sino que han venido celebrando allí contrataciones fraudulentas", concluyó. Además, Estrada anunció que por instrucciones presidenciales, la Procuraduría prepara una moratoria del arriendo de tierras costeras propiedad del Estado. Esta iniciativa, dijo, está siendo preparada en conjunto con las alcaldías y en su momento será anunciada por el Presidente Ortega. "Los inversionistas que de buena fe han trabajado en Nicaragua, que han invertido verdaderamente en nuestro país, van a ser respetados. De igual forma los que han sido beneficiados por la tierra", aseguró Estrada.

Policía, Cancillería y Fiscalía

También la Directora General de la Policía Nacional, Primera Comisionada Aminta Granera, anunció el inicio de averiguaciones sobre el caso. "Nosotros como Policía no hemos recibido ninguna denuncia, ni de una parte ni de la otra, nos hemos enterado por las publicaciones de los distintos medios de comunicación, y obviamente como Policía Nacional hemos iniciado investigaciones preliminares que en su momento tendremos que coordinar con el Ministerio Público de acuerdo con lo que compete la ley", señaló. "Hay informaciones muy generales que nos dan pauta para iniciar o abrir una preliminar, tenemos que puntualizar lugares exactos, y sí estamos haciendo las investigaciones que corresponden", abundó Granera. A su vez, el canciller Samuel Santos, jefe superior del cónsul Miranda, anunció que en esa dependencia están realizando sus "propias averiguaciones". "Nosotros le estamos poniendo toda nuestra atención a este caso, no estamos descuidando el caso, pero también estamos siendo maduros, responsables, que es lo que nos toca hacer a nosotros. Ya las autoridades correspondientes están actuando en consonancia", informó Santos. La fiscal adjunta Ana Julia Guido formó una comisión especial y nombró a un fiscal específico y anunció que visitarán el municipio de Tola para verificar todos los aspectos de las denuncias recibidas en el Ministerio Público. "Todo lo que se ha señalado va a ser investigado y nos vamos a pronunciar en cada uno de los casos", prometió Guido. Sobre la entrevista solicitada por la fiscalía al periodista Carlos Fernando Chamorro, Guido insistió que "para nosotros es importante aclarar que él no está siendo investigado ni su programa ni su persona, él vino el día de hoy voluntariamente". Prometió que llamarán a todas las personas que han sido mencionadas en los dos casos y entre ellos Miranda y la alcaldesa de Tola Loyda García. También explicó que aún no se tipifica el delito o los presuntos delitos, porque ni siquiera se ha determinado si estos existen. Si al final eso resulta, decidiremos si ejercemos la acción penal, explicó Guido.

Chamorro en la Fiscalía

La tarde del viernes, Chamorro acudió a la sede de la Fiscalía en calidad de «entrevistado». La Fiscalía decidió «invitar» a Chamorro para aportar lo que «tenga a bien» en la investigación. Chamorro describió su entrevista con el fiscal especial designado para el caso, Douglas Vargas, como "muy respetuosa y dejó claro en todo momento que ni mi persona ni mi programa (Esta Semana) estamos sujetos a ninguna investigación". Según el periodista, la fiscalía le pidió "cosas muy específicas" sobre la denuncia formulada el domingo pasado por dos traficantes de tierras asentados en el municipio de Tola, departamento de Rivas, al sur del país. Chamorro dijo que ofreció al fiscal Vargas copia del programa que transmitió en donde se escucha la supuesta voz de Miranda pidiendo al traficante Armel González cuatro millones de dólares para resolver a su favor un litigio de tierras en las costas del Pacífico, en Tola. Durante la entrevista a la que no tuvo acceso la prensa, las pesquisas de la fiscalía también apuntaban a conocer si la conversación sostenida entre Miranda y González se realizó por teléfono o de forma personal. Miranda negó las acusaciones de Gonzaléz a través de medios ligados al gobierno y calificó a los empresarios de San Cristóbal y al periodista de conformar una "mafia" corrupta. El periodista agregó que los casos de extorsión son "un secreto a voces" en el país, y muchas personas se abstienen a denunciarlos por temores obvios. Declaró que no caerá en las provocaciones lanzadas en su contra a través de los medios del gobierno por considerarlas intimidatorias contra el periodismo. "Si retrocedemos aquí nos aplastan. Dimos este paso y vamos a seguir desarrollando nuestro trabajo en libertad denunciando lo que corresponda", afirmó. No obstante, Chamorro sí respondió al doctor Gustavo Porras, diputado y dirigente sandinista, quien lo exhortó a "limpiar" su integridad porque ha sido mencionado como parte de la mafia de traficantes de tierra; "Mi integridad no necesita defensa, se sostiene por sí misma, se sostiene mi trabajo periodístico, eso es lo que está en juego aquí. Yo no voy a responder las calumnias y los ataques de esos señores, los campesinos de Tola saben perfectamente bien que están hablando disparates, que están hablando mentiras. Lo que quieren es que nosotros nos callemos, que tengamos temor, que dejemos de hacer nuestro trabajo periodístico conforme nos corresponde, con nuestros principios y valores, para descubrir la verdad. Todo mundo ha visto en televisión al señor Miranda pidiendo cuatro millones de dólares, a un señor que denuncia al señor Miranda diciendo que él lo llevó a la Secretaría del Frente Sandinista. Que se reunió con otro señor que se llama Vicente Chávez, y que estos señores en varias ocasiones sostuvieron reuniones con él para pedirle coimas millonarias para supuestamente solucionarle problemas de propiedad, eso es lo que se está investigando". Chamorro, que fue director del diario sandinista Barricada entre 1979 y 1994, también es hijo del periodista Pedro Joaquín Chamorro, firme opositor a la dictadura somocista de más de 40 años, el cual murió asesinado por supuestos sicarios del régimen en 1978, y de la ex presidenta Violeta Barrios (1990-1997). El comunicador fue acompañado ante la fiscalía por Gonzalo Carrión, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, gran parte de su personal y un grupo de amigos.

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