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Colombia rechaza competencia de La Haya

Varias agencias. Desde La Haya, Holanda. | 4 de Junio de 2007 a las 00:00
Colombia rechazó el lunes la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el diferendo que la enfrenta a Nicaragua por una extensión de 50.000 km2 en el Mar Caribe, al abrirse en La Haya una serie de audiencias por este caso llevado ante el máximo órgano judicial de la ONU por el gobierno de Managua. "En 1928 se firmó un acuerdo. Ese acuerdo fue aplicado. Sólo en 1980 Nicaragua comenzó a cuestionarlo, es decir 50 años después, y ahora viene a esta Corte. ¿Para qué? Nicaragua pide a la corte reescribir la historia", dijo el jurista británico Arthur Watts, coagente de Colombia, al referirse al eje de la disputa: el tratado Barcenas-Esguerra entre ambos países. A través de ese tratado, y su protocolo adicional de 1930, Colombia obtuvo el control de una extensión y marítima de 50.000 km2 en el Mar Caribe, que incluye las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los cayos Roncador, Serrana, Serranilla y Quitasueño. Según Managua, el tratado en cuestión no tiene validez, ya que fue firmado cuando el país estaba bajo ocupación militar norteamericana (1927-1934). El gobierno sandinista declaró su nulidad en 1980 y Nicaragua introdujo la cuestión ante la Corte de La Haya en 1999. Para justificar la competencia de la CIJ, Nicaragua invoca el artículo XXXI del Tratado Interamericano para la Solución Pacífica de Conflictos, conocido como "Pacto de Bogotá", firmado en abril de 1948 y del que ambos países forman parte. En declaraciones a la radio W, el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Samuel Santos, dijo que acuden al tribunal de La Haya porque "es una forma civilizada de resolver los problemas entre países hermanos". Agregó que no revelaría detalles de la posición nicaragüense, que deberá plantear ante la corte internacional el miércoles, "porque estamos esperando los resultados concretos de la resolución" del órgano judicial internacional. Pero este lunes, Colombia acusó a Nicaragua de querer que la Corte de La Haya "no tenga en cuenta las provisiones" de ese Pacto, según las cuales los acuerdos internacionales que se hayan suscrito antes de su fecha de entrada en vigencia no ingresan dentro en la competencia de la CIJ. "Nicaragua, en contravía de las normas y principios del derecho internacional, pretende desconocer un tratado en vigor y reclamar, sin derecho, una parte importante del territorio colombiano sobre la que nunca ha ejercido jurisdicción ni adoptado medidas de ninguna naturaleza", expresó la cancillería colombiana en un comunicado. El embajador Julio Londoño Paredes, que en este caso representa a Colombia, alegó ante el tribunal presidido por la británica Rosalyn Higgins que la contraparte "no sólo pretende que la Corte acoja sus intentos de desconocer un tratado territorial y limítrofe acordado y vigente desde hace más de tres cuatros de siglo, (sino que) el archipiélago de San Andrés le sea entregado en bandeja de plata". Londoño Paredes recordó que el acuerdo entre ambos países de 1928 y su protocolo adicional "fueron registrados por Colombia en la Liga de Naciones en 1930 y por Nicaragua dos años más tarde" y que "estaban en vigencia en 1948, fecha de conclusión del Pacto de Bogotá". Por este motivo, Londoño Paredes insistió en que el caso "está fuera de la jurisdicción" de los jueces de La Haya. El argumento del embajador fue ratificado luego por el jurista británico Watts: "Nicaragua, al firmar el Pacto de Bogotá, pudo haber hecho una observación, ya que conocía el acuerdo y su protocolo, pero no lo hizo. Nicaragua reconoció en 1948 la validez del tratado y su protocolo", indicó. Otro jurista del equipo colombiano, el profesor emérito de la Universidad de París II, Prosper Weil, fue más lejos aún y advirtió que al pretender la revisión del acuerdo de 1928 y el protocolo de 1930, "Nicaragua juega con fuego, porque mina sus derechos sobre parte de sus territorios". "Lo que pide Nicaragua es retener los elementos favorables a Nicaragua del tratado de 1928-30", dijo Weil, para quien la cuestión "está resuelta y terminada", algo que pidió ratificar a la CIJ para poner punto final definitivo a la polémica. Si bien la cuestión se encuentra en la Corte de La Haya desde hace seis años, el tono de la disputa entre los países latinoamericanos subió considerablemente en los últimos meses, en particular luego de que ambos gobiernos abriesen procesos de prospección de petróleo en la zona en disputa. Sin embargo, fuentes de la CIJ señalaron a la AFP que la cuestión petrolera "no tendrá ninguna influencia sobre el ritmo con el que será tratado el caso", y que depende de los trabajos de los jueces, que tienen actualmente doce asuntos pendientes de resolución. Tras la exposición de Colombia el lunes, el martes será el turno de Nicaragua, representada en las audiencias por el canciller Samuel Santos y su embajador en Holanda, Carlos Argüello. Ambos países dispondrán de una segunda oportunidad para argumentar el miércoles y viernes, tras lo cual, los magistrados analizarán el caso y emitirán una sentencia. La CIJ juzga los diferendos entre Estados, especialmente territoriales. Sus decisiones son definitivas y sin posibilidades de apelación, aunque no está capacitada legalmente para obligar a ningún país a ejecutarlas.

Colombia tiene mayores ambiciones

Si bien la cuestión se encuentra en la CIJ desde hace seis años, los acontecimientos se aceleraron en los últimos meses, en particular luego de que ambos gobiernos abriesen procesos de prospección de petróleo en la zona en disputa. El Instituto de la Energía de Nicaragua anunció recientemente que el próximo 15 de noviembre abrirá un concurso para una exploración de reservas petrolíferas que incluye el territorio que reclama a Colombia. Por su parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia autorizó a la multinacional noruega Inseis llevar a cabo prospecciones en la misma zona. Estas movidas tienen lugar en un marco de denuncias cruzadas entre los gobiernos de Managua y Bogotá. Mientras Nicaragua acusó a Colombia de "desconocer la jurisdicción" de la CIJ, el gobierno de Bogotá criticó al de Managua de ignorar "los tratados o laudos arbitrales" que establecen los límites fronterizos con sus vecinos. Colombia se refiere así a los diferendos que mantiene Nicaragua con Honduras y con Costa Rica, cuestiones que también fueron introducidas en la Corte de La Haya y se encuentran pendientes de resolución.

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