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Ciudades holandesas hermanadas con 16 municipios, respaldan «Ley de Vivienda Digna»

Habitat para la Humanidad, Nicaragua. | 8 de Junio de 2007 a las 00:00
El Consejo de Hermanamiento Nicaragua – Holanda ha decidido impulsar la aprobación de la Asamblea Nacional de una Ley de Vivienda Digna, cuyo anteproyecto ha sido preparado por los gobiernos de 16 municipios y la Rede de Vivienda, integrada por 13 organismos no gubernamentales. No obstante, el principal escollo para resolver el grave déficit de viviendas, es la falta de tenencia legal de los lotes y la tierra, según un diagnóstico realizado en 12 de los 16 municipios hermanados con ciudades holandesas. El Consejo está integrado por las autoridades de los 16 municipios (incluyendo Managua y ocho cabeceras departamentales) hermanados con ciudades holandesas. Según Vilma Palacios, asesora del Consejo de Hermanamiento, la mayor necesidad identificada en el diagnóstico, fue la tenencia y/o uso inadecuado de la tierra, la falta de redes de servicios básicos como agua y luz eléctrica y la necesidad de fortalecer las organizaciones locales. El diagnóstico, primer componente de un Plan Municipal de Vivienda, fue realizado en Matagalpa, Estelí, Jinotega, Condega, San Marcos, Masaya, Chinandega, Juigalpa, La Libertad, El Rama, León y San Pedro Lóvago. También están hermanados con ciudades de Holanda, los municipios de San Pedro del Norte, Nandaime, San Carlos y Managua. En Holanda, trece municipios (como Maastricht, Groningen, Utrecht, La Haya y Leiden) y quince organizaciones particulares de hermanamientos trabajan actualmente en el desarrollo económico de Nicaragua. Palacios presentó los resultados del diagnóstico durante un seminario realizado recientemente, en el cual participaron concejales, alcaldes y miembros de los comité de vivienda de los 16 municipios, dos diputados, un representante del Instituto de la Vivienda (gubernamental), y representantes de las 13 organismos no gubernamentales, miembros de la Red de Vivienda. Durante este diagnóstico se investigó los antecedentes de iniciativas municipales enfocados en soluciones al problema de la falta de vivienda, se identificó la población meta, los actores locales de cambio y, la disponibilidad y situación de suelos, agregó Palacios. Señaló que el próximo paso será la elaboración de Políticas Municipales de Vivienda, para luego concertar un Plan de Acción, elaborado por la Asociación de Municipios de Hermanamientos Nicaragua – Holanda y el Consejo Nacional del Hermanamiento.

Anteproyecto de Ley

Por su parte Miguel González, director del Centro de Promoción del Desarrollo Local (Ceprodel), una de las 13 organizaciones que conforman la Red de Vivienda, recordó que para el año 2003, según el Plan Nacional de Desarrollo, había un déficit de 420,000 unidades habitacionales. En ese Plan, se señalaba que "el sector privado construye anualmente en promedio unas 2,000 viviendas, para el sector de ingresos altos y la misma cantidad es construida por organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro para hogares de bajos ingresos", declaró González. Citó el Articulo 64 de la Constitución Nacional: "Los Nicaragüenses tienen derecho una vivienda digna, cómoda y segura que garantice la privacidad familiar. El Estado promoverá la realización de este derecho", para fundamentar un anteproyecto de Ley de Vivienda Digna, que será presentado a la Asamblea Nacional. "Existe una limitada capacidad de ingresos seguros y estables. Asimismo un limitado liderazgo institucional. Ausencia de un sistema financiero para la vivienda popular. El acceso al suelo para familias de ingresos bajos es muy irregular. Y hay una insuficiente participación coordinada", justificó González. Según el anteproyecto de Ley la vivienda digna debe cumplir como mínimo las siguientes condiciones: Fuera de zonas de riesgo, espacio adecuado para el tamaño de la familia, construida con materiales que garanticen seguridad estructural, impermeabilidad y aislamiento térmico y acústico, servicios básicos adecuados, integración a la ciudad y una adecuada ecología urbana. También establece que el INVUR sería responsable de formular las estrategias y políticas. Asimismo la elaboración de planes quinquenales, la coordinación con las Alcaldías y sus planes municipales de vivienda, el fomento de tecnologías apropiadas y la coordinación con instituciones que facilitan servicios a la vivienda.

Viviendas con facilidades de pago

El Fondo Social para la Vivienda (FOSOVI) administraría los recursos de crédito y subsidios, los fideicomisos de inversión para la vivienda digna. Además serían los responsables de emitir títulos, bonos u obligaciones con respaldo de hipotecas, y promover y asistir a las entidades de ahorro para la vivienda. En relación a los orígenes y destino de los recursos, el anteproyecto propone que los recursos provendrían de préstamos internacionales. Además, destinar parte de lo ahorrado por la condonación de deuda externa y de programas de reducción de pobreza, aplicar un porcentaje de los ingresos por explotación de recursos naturales y tasar impositivamente los terrenos baldíos, casas y edificios desocupados. De acuerdo con la propuesta de Ley, esos fondos serían utilizados para otorgar préstamos, conceder subsidios, realizar inversiones, financiar la construcción de infraestructura urbana, dotar de servicios comunitarios y pagar estudios de preinversión y asistencia técnica. El economista Néstor Avendaño, consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) opinó que no hay que buscar más endeudamiento externo para resolver este problema, sino que "se deben asignar correctamente los recursos liberados del pago de la deuda externa. Asimismo asignar a programas de vivienda el 10% de los 60 millones de dólares anuales que facilita a Nicaragua el grupo de apoyo presupuestario integrados por países nórdicos". Según el consultor, se debe "destinar a programas de vivienda sociales el arriendo que empresas como CEMEX paga al gobierno de Nicaragua, que sorprendentemente no se registra en el Presupuesto Nacional. Como también promover la solidaridad de los que tienen mas para lo que tienen menos, como un 25 quintales por cada bolsa de cemento. Y que no se consideren estas medidas como nuevos impuestos, sino como un aporte, una contribución". El anteproyecto presenta como programas de acción en el medio urbano y rural, la adquisición por compra, canje, urbanización, subdivisión y adjudicación de tierras con fines residenciales. Asimismo, la dotación de infraestructura básica, la construcción de viviendas completas, progresivas y/o para situaciones de emergencia y lotes con servicio. También la regularización de asentamientos urbanos, obras de protección y reubicación de población en áreas vulnerables, equipamiento de locales comunitarios y de esparcimiento y Bancos de materiales. Para el acceso suelo, el Anteproyecto propone la creación de un banco nacional de tierras para vivienda., el cual podrá disponer de los terrenos del BAVINIC, lo que el INVUR adquiera mediante compra, canje o declaración de utilidad pública, los terrenos propiedad del Estado en los municipios que no estando afectados a otros usos prioritarios, se dispongan integrar al banco nacional de tierras, mediante las compensaciones que se acuerden. También los que se obtengan por medio de ejecuciones judiciales o daciones de pago de deudas, los que se adquieran mediante convenio con lotificadores y los terrenos que sean donados al Estado con esta finalidad. Otro aspecto de la Ley es crear oficinas en los gobiernos municipales para orientar e informar sobre inversiones en vivienda; elaborar planes quinquenales de vivienda, aplicar la normativa de la Ley 309 de Asentamientos Humanos, administrar la cartera municipal de tierras y destinar recursos de las transferencias municipales para habilitar terrenos urbanizables. También propone que las municipalidades establezcan la coordinación expedita con la OOT – OTU para el finiquito de los procesos de legalización pendiente al amparo de la Ley 278 y gestionen el suelo para expansión urbana y el mejoramiento de áreas existentes. Para el diputado socialcristiano Agustín Jarquín, integrante de la bancada del Frente Sandinista, el Anteproyecto debería presentarse antes de 30 días a la Comisiones especializadas de la Asamblea Nacional. "Debemos presentarlo y que suscriban la propuesta de Ley diputados de varias bancadas para lograr un compromiso político plural. Y solicitar que se incorpore el tema de la vivienda como política pública en la negociación con el Fondo Monetario. Que se entregue al presidente del Banco Central y el Ministro de Haciendo. Así, poner en la agenda pública este asunto. Y luego seguir martillando para que se le ponga la atención que merece", opinó Jarquín.

Desafíos municipales

La presidenta de la Red de Vivienda, Ninnette Morales, afirmó que frente a la situación descrita por el diagnóstico, "el desafío de los municipios es fortalecer su rol, no sólo como un ejecutor directo de proyectos habitacionales, sino también como un activo promotor del desarrollo del sector habitacional con acciones de planificación, regulación y fomento de la actividad, concertando a los distintos actores sociales y agentes económicos que actúan en el municipio que desarrollan acciones habitacionales o que accionando en otros sectores, inciden indirectamente en él". Para Morales esto implica pasar de la gestión de proyectos habitacionales puntuales a la ejecución de programas, no solamente de construcción de viviendas, sino de adquisición de suelo para nuevos desarrollos habitacionales, regularización de la tenencia de la tierra y habilitación de servicios básicos en áreas de expansión y en barrios precarios. Además, dijo Morales, esos programas deben contemplar normalización y control de la producción, gestión de financiamientos diversos, manejo de la información periódica sobre la relación entre déficit habitacional y producción de viviendas, e insertar los proyectos de viviendas en forma armónica en los planes de desarrollo urbano, y municipal. A juicio de Morales, todo esto implica actuar no sólo en el ámbito de la planificación indicativa, sino en el liderazgo de la gestión sectorial de vivienda, en el municipio, con una visión integral y un enfoque integrador.

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