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Hay pruebas suficientes que demuestran acciones mafiosas del clan González-Bolaños

Por Vilma Areas Morales, de Radio La Primerísima. | 25 de Junio de 2007 a las 00:00
La Procuraduría General de Justicia tiene suficientes pruebas para demostrar que los empresarios del Grupo San Cristóbal han despojado de manera ilícita e ilegal a los campesinos de la Cooperativa Pedro Joaquín Chamorro, en el municipio de Tola, departamento de Rivas. El grupo San Cristóbal, está encabezado Jocelyn Jack Alexantes Carnegie, de nacionalidad británica, a su vez, dueño del 65% de las acciones en la empresa Arenas Bay, su esposa la norteamericana Gail Deniss Geerling, propietaria del 30% de esa empresa, Alejandro Bolaños Davis y sus hijos Alejandro Alejandra Bolaños Chamorro, y el somocista Armel González. Este grupo ha sustentado su patrimonio en Tola, en una serie de acciones ilegales concebidas con la intención premeditada de apropiarse de grandes extensiones de tierra en el Municipio de Tola, Rivas, según la exposición de dos funcionarias de la Procuraduría General de la República que comparecieron la mañana del lunes ante una comisión parlamentaria. Según las investigaciones preliminares que realizan de forma independiente la Procuraduría y la Fiscalía General de la República, se ha logrado determinar que los Bolaños Chamorro, y los hermanos Armel y Erick González, se hicieron socios de la cooperativa Pedro Joaquín Chamorro, gracias a un poder generalísimo que supuestamente entregaron los otros miembros a Samir Córdoba Rodríguez, un ex funcionario del extinto Banco Nacional de Desarrollo. El poder ha resultado falso, pues no sólo es mentira que los miembros de la cooperativa delegaron ninguna autoridad a Córdoba, sino que además, cuando supuestamente este individuo incorpora a los nuevos asociados, él se encontraba fuera del país, de acuerdo con los registros migratorios. La Comisión Especial nombrada por la Asamblea Nacional bajo la presidencia del diputado liberal José Pallais, está investigando la denuncia de extorsión lanzada por Armel González contra al menos tres personajes vinculados al gobierno. De esa sociedad de los Bolaños-González con los miembros de la Pedro Joaquín, surgió la sociedad González-Bolaños, que posteriormente se auto–vendió los lotes, pero nunca los inscribió en el Registro de la Propiedad. Los González-Bolaños actuaron en complicidad, según los campesinos, con Córdoba Rodríguez, y con Omar Bello, uno de los socios. Los campesinos afirman que lo único que vendieron a los González–Bolaños fueron 40 de las mil 200 manzanas de la cooperativa. Pero "con la sociedad que formaron los González–Bolaños, comenzaron a vender la tierra a Inversiones San Cristóbal (es decir, ellos mismos), que ahora aparece como dueña de 220 manzanas", sin que esa venta jamás haya sido realizada, afirmó ante la Comisión la Procuradora Especial de la Propiedad, Magaly Bravo. A su vez, la Subprocuradora General de la República Yara Pérez Calero, cuestionó ante la Comisión la forma "ilícita e ilegal" que las familias Bolaños y González se integraron como socios de la cooperativa Pedro Joaquín Chamorro, en la comunidad de El Gigante, en el municipio de Tola, Rivas. Además, los Bolaños-González lograron la disolución de la cooperativa en una asamblea extraordinaria celebrada el ocho de enero del 2000. El acta de la misma, fue anexada a la escritura de compraventa que ellos mismos autorizaron para la sociedad San Cristóbal. "Se integraron con el objetivo de arrebatarles sus tierras y de hacer desaparecer la cooperativa. En esta investigación nos hemos dado cuenta de muchas cosas, pero principalmente de la forma ilegal e ilícita como han actuado los Bolaños y los González", afirmó la sub procuradora, para quien es falso todo lo actuado. Según los campesinos, para concretar la operación, los González-Bolaños y sus cómplices necesitaron alterar actas, inscribirlas y liquidar la cooperativa.

Protegerán derechos de los campesinos

Pérez Calero prometió salvaguardar los derechos de todos los campesinos que recibieron tierras de la Reforma Agraria, y de las cooperativas que no han sido disueltas de acuerdo a la ley. Lo mismo hizo la procuradora Bravo, quien afirmó que la Ley 278 los manda a apoyar a los cooperados que estén siendo despojados de sus tierras. Bravo dijo que existen 75 desmembraciones del título agrario entregado por el gobierno de Violeta Chamorro en 1996 y aparecen compras y ventas múltiples de muchos de los lotes. Falta saber si los inversionistas Carnegie y su esposa, sabían o no de la forma de operar de sus amigos y delegados, los González, los Bolaños Davis y Bolaños Chamorro, quienes además, son sus socios, pues ostentan el cinco por ciento de las acciones de Arenas Bay. Pérez Calero dijo que siguen investigando las denuncias de los campesinos, y buscando información en los registros públicos de la propiedad en Rivas, en el ministerio del Trabajo y otras instancias. Por su parte, la fiscal adjunta, Ana Julia Guido, afirmó que esta ha sido una investigación difícil. Lo que inició como una denuncia por extorsión y chantaje, ha dado paso a un conflicto de propiedad que aún no termina de ser aclarado, afirmó Guido. También compareció la Directora General de la Policía Nacional, Primer Comisionada Aminta Granera, pero ella lo hizo para en fin de cuentas, afirmar que nadie tienen que investigar. Según Granera, el conflicto de Tola es un tema que debe ser resuelto por el poder judicial, aunque sí aportó antecedentes del conflicto al detallar ampliamente la labor preventiva que desde hace varios años la Policía ha realizado en el caso de la cooperativa Pedro Joaquín Chamorro. El diputado Pallais pidió a la comisionada Granera información sobre otros conflictos similares en Rivas, y en todo la costa del Pacífico del país, para que se conozca la dimensión del problema de propiedad en Nicaragua.

Miranda insiste en que nunca se reunió con González

En otro orden, Gerardo Miranda, cónsul de Nicaragua en Liberia, Costa Rica, rechazó este lunes la acusación por extorsión que le hizo Armel González, supuestamente para que le favoreciera en un conflicto de propiedad con campesinos de Tola, Rivas. Miranda insistió ante una comisión del Parlamento, que sólo conoce de cara a Armel González, que nunca se ha reunido con él, y mucho menos en la sede del partido Frente Sandinista, que la voz de grabación que presentó el programa "Esta Semana" no es la suya, y que fue el mismo González quien lo llamó por teléfono y no él, a como se establece en la denuncia. Según González, Miranda y el contralor suplente Vicente Chávez, lo habrían contactado para pedirle una coima de cuatro millones de dólares, a cambio de buscar una resolución a su favor en un conflicto de tierras con campesinos de la cooperativa Pedro Joaquín Chamorro, de Tola, Rivas. González aceptó ante la misma comisión, que él ofreció una propiedad del proyecto turístico Arenas Bay, solamente para tenderle una trampa a Miranda y Chávez, reconociendo que estuvo dispuestos a pagar la supuesta coima. La Fiscalía y la Policía confirmaron que la grabación, que no fue presentada por Armel González, sino por el periodista de "Esta Semana", Carlos Fernando Chamorro, será sometida a un examen pericial de acústica, posiblemente en España o Colombia. Pero Miranda asegura que no es su voz y que no tiene nada que ver en este caso. La denuncia de González, tomada de oficio por la Fiscalía y la Comisión de Probidad y Transparencia de la Asamblea Nacional, y por mandato oficial por la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional y la Comisión Especial del Parlamento, ha abierto en toda su dimensión el conflicto de propiedad en Tola, dejando al descubierto prácticas mafiosas para despojar a humildes campesinos en beneficios comerciantes inescrupulosos y de empresarios extranjeros.

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