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Unión Fenosa y el gobierno están en «kupia kumi»: los españoles ya no pagaran la multa de 45 millones de córdobas

Agencia ACAN–EFE. Desde Managua. | 27 de Junio de 2007 a las 00:00
El gobierno retiró el miércoles una multa de 45,2 millones de córdobas (2,4 millones de dólares) a la multinacional española Unión Fenosa, encargada de distribuir la energía eléctrica en este país centroamericano, que apeló la sanción. El gobierno multó a la transnacional el pasado 11 de junio por negarse a reconocer la tramitación y resolución de los casos por reclamo de servicios de energía eléctrica que emitiera el Mific. La ministra en funciones de Fomento Industria y Comercio (Mific), Verónica Rojas, señaló que la multa fue aplicada por la Dirección de Defensa del Consumidor de su institución, pero quedó sin efecto sobre la base a un recurso de apelación introducido por la eléctrica española. La funcionaria indicó que la decisión ya fue notificada a Unión Fenosa. Y es que Antonio Rodríguez, titular de la DDC, argumentó cuando notificó sobre la multa que en la Ley de Defensa de los Consumidores se establece que "son actos jurídicos regulados por esta ley, los realizados entre dos partes que intervienen en una transacción de carácter de proveedor y consumidor, y se incluyen servicios tales como el suministro eléctrico". "En efecto, esa institución admitió nuestro recurso de apelación y decidió retirar la multa", confirmó a Acan-Efe el portavoz de Unión Fenosa, Jorge Katín. La Dirección de Defensa del Consumidor del Mific había impuesto una multa a Disnorte y Dissur, propiedad de Unión Fenosa, el pasado 11 de junio, de cinco veces el valor monetario de las demandas por reclamos a las facturas que están tramitadas de enero de 2006 a mayo de 2007, que sumaban 2,4 millones de dólares. Unión Fenosa desconoció la potestad de esa institución, en base a a ley de industria eléctrica que faculta únicamente al Instituto Nicaragüense de Energía (INE), el ente regulador del sector, para recibir y tramitar reclamos. "Estábamos convencidos que al final se revocaría esto, pues no es culpa ni del Mific ni de las distribuidoras que existan dos leyes que digan dos cosas distintas sobre el mismo tema. Esperamos que en un futuro cercano estas contradicciones legales se superen para evitar roces innecesarios entre las instituciones del Estado y la empresa privada", dijo Katín.

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