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Coordinadora Civil marchó sin incidentes

Varias agencias. | 28 de Junio de 2007 a las 00:00
Miles de activistas de la Coordinadora Civil marcharon la mañana del jueves en Managua para protestar contra el secretismo del Gobierno en relación a la gestión gubernamental y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La protesta fue convocada para pedir al gobierno del Frente sandinista que haga público el contenido de las negociaciones que desarrolla con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para firmar un acuerdo económico. La marcha, vigilada por la policía, que transcurrió sin incidentes de importancia, se inició en la Rotonda del Periodista y tras recorrer calles y avenidas finalizó en el parque El Carmen de esta capital. Los manifestantes llegaron hasta una distancia de cien metros de la Secretaría del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), donde el presidente Daniel Ortega tiene su residencia y sirve de Casa de Gobierno. Fuentes de la Coordinadora dijeron que esperaban que en la marcha participaran unas 20 mil personas, pero fuentes independientes no confirmaron esa cifra y más bien la calcularon en varios miles de ciudadanos. El presidente Ortega no se encontraba en estas oficinas donde despacha porque se halla cumpliendo una visita oficial de dos días en México. La Coordinadora aglutina entre 300 y 350 diversas organizaciones que aprovecharon la marcha para exponer de forma particular sus respectivas demandas al gobierno de Ortega. El organismo, tras concluir la marcha entregó en la Secretaría del FSLN un manifiesto que contiene una serie de señalamientos sobre las promesas electorales que el presidente Ortega no ha cumplido. Georgina Muñoz, enlace nacional de la Coordinadora, en un discurso pronunciado al concluir la marcha, instó a los ciudadanos a seguir defendiendo una serie de demandas para que Nicaragua sea un país libre. En la marcha participaron ciudadanos de diferentes credos políticos y estratos sociales de la capital y otras ciudades y comunidades del interior del país, entre ellos estudiantes universitarios, miembros de distintas cooperativas, pueblos indígenas, activistas de organizaciones no gubernamentales aglutinadas por la Coordinadora y los ex labriegos afectados por el pesticida del Nemagón. "Estamos ahogados y asfixiados por el desempleo y las necesidades que hay en el país, el gobierno no ha cumplido, estamos decepcionados", dijo Blanca Rivera, una ama de casa de 42 años de un barrio de la capital. Tres panaderos decidieron caminar encadenados porque son esclavos "de la pobreza, la miseria, de un secretismo de Estado espantoso que hay en el gobierno", dijo el dirigente del sector Ervin Morales. "Necesitamos energía y agua porque no hay", demandó por su parte el joven de 18 años Lenín Aguilera, que llegó del municipio El Sauce, 100 kms al noroeste de Managua, donde la gente sufre igual que el resto del país de prolongados apagones a causa de problemas de generación de energía. A Ortega "lo venimos a buscar porque desde que agarró la Presidencia no ha dado la cara", dijo el labriego José Medal, un campesino de Chinandega (occidente) que padece enfermedades renales. Otros aprovecharon la marcha para rechazar la concentración de poder de Ortega, su negativa a despenalizar el aborto terapéutico y para condenar la forma en que dicen que los sandinistas usan la influencia que tienen sobre el Poder judicial para reprimir a sus opositores. "Esto es un Somosismo (que representó la dictadura militar de los años 70) disfrazado de revolución", decían una de las pancartas, mientras otros carteles cuestionaban la decisión de un juez de encarcelar a un empresario critico del gobierno.

MARCHAMOS PARA DEFENDER NUESTROS DERECHOS CIUDADANOS

Documento entregado por la Coordinadora al gobierno Hemos marchado desde tempranas horas del día, incluso desde ayer en algunos lugares, de comunidades y municipios del norte, del sur, de occidente, el centro y Costa Caribe para reafirmar nuestros derechos ciudadanos y de participación establecidos en la Constitución de la República que indican: Que "La soberanía nacional reside en el pueblo y la ejerce a través de instrumentos democráticos, decidiendo y participando libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político y social de la nación….". Y que "Los ciudadanos tenemos derecho de participar en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y en la gestión estatal…" Del 2002 al 2005 iniciamos proceso de investigación y transparencia sobre CENIS, denuncia del desvío de fondos de la HIPC, subvaloración de ingresos, deuda interna y presupuestos públicos. En el 2006 y hasta la fecha desarrollamos campaña nacional e internacional para flexibilizar las condicionalidades del FMI, lograr los objetivos del milenio y la reestructuración de la deuda interna. Como parte de ésta se enviaron más de 23,000 cartas al FMI por ciudadanos/as europeos, recolectamos 25,000 firmas a nivel nacional en respaldo a la "Reestructuración de la Deuda Interna" y la NO negociación secreta entre FMI y Gobierno y desarrollamos una estrategia de Formación y capacitación de Alfabetización Económica. En todo ese periodo igual desarrollamos procesos de formación y capacitación, debates, elaboración de propuestas e incidencia en las estrategias de reducción de la pobreza, el plan nacional de desarrollo y políticas publicas. Igual el observatorio legislativo y presentación de propuestas de leyes. En agosto del 2006, como Coordinadora Civil consensuamos y expusimos en nuestra Agenda Nacional, "La Nicaragua que queremos" la que fue presentada a la opinión pública y en particular a candidatos/as de todos los partidos políticos participantes en la contienda electoral, quienes la firmaron en señal de respaldo. Este proceso culminó en la Marcha nacional cívica del 26 de octubre 2006 con la participación de más de 16,000 personas, sin portar banderas, ni colores partidarios. En la Agenda Nacional señalábamos que la situación del país era "insostenible y por tanto imprescindible cambiarla". Diez meses después, ahora en junio del 2007 es posible reafirmar que esa situación se mantiene, en tanto: "El sistema político continúa limitando el desarrollo de las personas, territorios y el país. A pesar de los esfuerzos realizados o precisamente por el enfoque de las políticas, no se ha logrado superar la situación de pobreza en que viven un 80% de Nicaragüenses. Siendo a la vez causa y efecto, la situación de desempleo, de la educación y salud, violencia intrafamiliar, déficit de viviendas y de acceso al agua potable, energía eléctrica y la problemática derivada de la falta de cuido y promoción del medio ambiente, entre otros. A ello se suma la crisis de institucionalidad y credibilidad que enfrentan sin excepción los poderes del estado percibidos por defender más intereses de personas, grupos y partidos políticos, que los intereses nacionales, con poca voluntad política para propiciar la participación en general de la ciudadanía y más si ésta es autónoma, y no eficientes en su labor y cumplimiento de funciones. Hasta hoy existen múltiples acusaciones de casos de corrupción, sin que haya detenidos y recuperados los bienes mal habidos. En general es un sistema excluyente, ajeno a los intereses de la ciudadanía, subordinado a condicionalidades de organismos financieros internacionales, que concentra el crecimiento en las élites de la clase política y pocos grandes empresarios, banqueros y comerciantes, que no distribuye en forma equitativa y justa la riqueza y que es generador de pobreza y desigualdades". Hoy MARCHAMOS para que la riqueza producida se distribuya equitativamente, con enfoque de derechos. El actual gobierno, al igual que los anteriores, está tomando decisiones de política económica, social e institucional a espaldas de la ciudadanía. Continúan negociaciones secretas con el FMI para definir el marco de políticas económicas y sociales para los próximos tres años en base a una propuesta de programa económico desconocida y que fue formulada sin análisis y consensos nacionales. La política de deuda pública del actual gobierno ha sido, igual que durante el gobierno anterior, la del pago "en tiempo y forma" del servicio de la onerosa e ilegítima deuda interna, impidiendo con ello que se puedan destinar mayores recursos para la inversión social. En esas circunstancias demandamos: • Que haya consenso entre los/las Nicaragüenses acerca del Programa Económico Financiero, los Planes de Desarrollo y las Estrategias de Reducción de la Pobreza, sin condicionalidades de los organismos financieros. • Que los recursos condonados de la deuda externa sean reinvertidos en las demandas sociales, para se realice una reforma fiscal que asegure que los que tienen más, paguen proporcionalmente más y eliminar los tratamientos favorables tributarios y no tributarios a los grupos económicos nacionales y extranjeros. • Que la deuda interna sea reestructurada incrementando los plazos de pago y reduciendo sensiblemente las tasas de interés. • MARCHAMOS para que las políticas, planes, leyes y presupuestos nacional y locales sean transparentes, de beneficio público, no sometidos a intereses de grupos económicos y de partidos. • Han sido las élites políticas y económicas quienes se aprovechan de la riqueza producida mientras la gran mayoría de Nicaragüenses vive en situación de pobreza y una parte importante en situación de miseria. • Demandamos que se asegure la equidad en la redistribución de la riqueza, el desarrollo integral de los territorios, la comunidad y las personas. Y para que todos los recursos de la cooperación sean parte del Presupuesto General de la República. Marchamos para que se incremente el presupuesto de la república y de los gobiernos de las regiones autónomas y de los municipios, hasta el nivel necesario para asegurar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio y metas nacionales y beneficiar prioritariamente a los sectores más vulnerables del país (niñas y niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, personas con capacidades diferentes, pueblos indígenas y grupos étnicos). Y territorialmente beneficiar a las zonas rurales y la Costa Caribe, que tienen los mayores índices de pobreza y falta de acceso a los servicios públicos. Con la inversión social actual y proyectada por el gobierno, no se logrará cumplir las metas del milenio y menos las metas propias del país, cuyo cumplimiento es indispensable para que más allá de los discursos, salgamos de la pobreza y sentemos las bases para una vida digna de los y las nicaragüenses. Marchamos para que se fomente la producción y se asegure la soberanía alimentaria, para que se apoye a los/as más de 200 mil pequeños y medianos productores agropecuarios y forestales, y pequeños y medianos empresarios; para demandar la existencia de un programa de desarrollo rural integral que priorice la instalación de un banco de fomento, la instalación del Banco Nacional de Fomento a la Producción, infraestructura de servicios, solución al problema de la propiedad, insumos, información de mercados y una educación útil para el desarrollo productivo. Demandamos el cumplimiento de los Acuerdos de Achuapa, los Acuerdos de Las Tunas y los Acuerdos con los afectados por el Nemagón, que también están aquí presentes y que son un ejemplo de la resistencia en defensa de sus derechos, que es también en defensa del derecho a la vida misma. Demandamos políticas de desarrollo integrales, en las que se incorpore la sostenibilidad ambiental, que no se continúe el despale, ni desvío, ni uso indiscriminado de aguas por parte de privados y antes bien promover la reforestación, la prevención de desastres, la no contaminación de las tierras, las aguas y el ambiente y la no generación de otros riesgos socionaturales. Pero igual estamos aquí para que el desarrollo de políticas y planes sean coherentes con el desarrollo poblacional y se generen los más de 100 mil empleos que anualmente se demandan, que sean de calidad, accesibles, que se respeten los derechos laborales muchas veces violentados por algunos funcionarios del Estado y empresarios privados nacionales y extranjeros, empleos que deben ser en condiciones adecuadas y salarios dignos, equivalente al menos al costo real de la canasta básica. Marchamos para que se garantice el acceso plenamente gratuito y de calidad de la educación y la salud; acceso de medicamentos y una mejor atención a los pacientes; viviendas dignas a los sectores de escasos recursos; que finalicen los apagones y se impulse una estrategia de desarrollo energético que aproveche el potencial de fuentes renovables, proteja el interés nacional y se revise el cumplimiento de contrato con Unión Fenosa, mediante el cual se privatizó la distribución de la energía eléctrica y promover una reforma al marco regulatorio de la industria eléctrica que asegure un rol importante del Estado en las empresas generadoras y en el precio de compra de la energía. Demandamos se garantice la aplicación de la ley general de aguas, el acceso al servicio de agua potable que hoy afecta a miles de familias, y el servicio público de distribución y control estricto en el otorgamiento de concesiones; un servicio de transporte público de bajo costo, eficiente y ordenado, con políticas que aseguren combustible a menores precios e infraestructura vial en buenas condiciones. Marchamos para que se asegure el presupuesto y políticas de recreación para niños y niñas, adolescentes, jóvenes y para reducir sensiblemente la violencia contra las mujeres; aprobar la ley de igualdad de oportunidades; promover y garantizar los derechos sexuales y reproductivos y su despenalización. Marchamos igual para demandar de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los diputados, que tengan presente los argumentos que desde la perspectiva jurídica, de derechos humanos y de salud se les ha presentado para la despenalización del aborto terapéutico y así evitar más muertes de mujeres. Así mismo para garantizar las políticas, leyes y presupuesto que aseguren los derechos de las personas con capacidades diferentes conforme la Ley 202 que debe ser cumplida, y reformada en lo que corresponda, y aprobar la ley de Pueblos Indígenas del Pacifico, Centro y Norte de Nicaragua, que también han marchado y están hoy aquí presentes. Demandamos se elaboren políticas, leyes, decretos y convenios para la protección de los migrantes, sus derechos, eliminado la trata de personas y explotación sexual, facilitar sus trámites fronterizos y la inversión que incentive el ahorro de remesas para el desarrollo local. Por iguales razones, hoy MARCHAMOS demandando el respeto a la ley de participación ciudadana, al estado de derecho, el funcionamiento efectivo de todos los espacios de participación establecidos y regulados por ley, que aseguren la participación informada, plural y autónoma de la ciudadanía y de los organismos de sociedad civil en la toma de decisiones para la definición, ejecución, auditoria y evaluación de las políticas públicas, leyes y presupuestos. Demandamos que los servidores públicos obedezcan la Constitución de la República y las leyes y que en el ejercicio de sus funciones sean responsables, eficientes y transparentes. Demandamos se apruebe la estrategia de descentralización que contribuya a la autonomía municipal, al desarrollo local y de las personas, delimitando las responsabilidades y competencias que en el marco de la Constitución y leyes de materia existen para el gobierno central y gobiernos locales, determinar la inversión necesaria y las fuentes de financiamiento para su cumplimiento. Cualquier reforma a la Constitución Política debe contar con una amplia participación de la sociedad civil diferente de la clase política que detenta el poder publico. Marchamos también para que se realicen reformas en el poder judicial, para garantizar su independencia de los partidos políticos, grupos económicos y religiosos y la idoneidad profesional y moral de los funcionarios. Reformas a ley electoral que garanticen entre otros la no reelección presidencial, la suscripción popular, la transparencia en el manejo de los recursos, primarias en partidos políticos, cuota de mujeres y jóvenes para cargos públicos y los derechos de la Costa Caribe. Demandamos que los funcionarios públicos aseguren la separación de los poderes del estado y el cumplimiento del principio constitucional referido a la laicidad del Estado en la gestión pública. Se aprueben las políticas y leyes para la reducción de los salarios de los diputados y diputadas, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Consejo Supremo Electoral, de los presidentes de entes autónomos, asesores y consultores entre otros. Para garantizar las políticas, leyes y presupuesto, así como la articulación de las instituciones que corresponda y los mecanismos necesarios para la seguridad ciudadana que esta siendo afectada, igual que la seguridad de mujeres, niños y niñas dentro de los hogares para reducir sensiblemente los niveles de violencia. Para que se aprueben y apliquen leyes y mecanismos administrativos que aseguren transparencia en el manejo de los recursos públicos y la lucha frontal en contra de la corrupción, más allá de la retórica política, de las denuncias en los medios de comunicación. La ciudadanía, los diversos organismos de sociedad civil, tenemos, además de derechos, criterios y propuestas para el desarrollo que deben ser no solo oídas, sino tomadas en consideración por los funcionarios y funcionarias. Venimos a marchar y a expresar estas demandas con la convicción de que las condiciones del país serían más difíciles sin el capital humano, capacidad propositiva y el aporte financiero del que se dispone y canaliza desde los diversos organismos de la sociedad civil que son cooperativas, gremios, movimientos sociales, sindicatos, asociaciones sin fines de lucro. Por ello los señalamientos del Presidente de la República, acerca de los Organismos de Sociedad Civil, más que abonar a la reconciliación que necesita el país, generan desconfianza y polarización y puede generar un clima en el que se justifiquen medidas que atenten contra las organizaciones y la integridad de quienes en ellas participamos. Respaldamos las medidas del gobierno de suspender los cobros para el acceso a la educación y salud como un mecanismo para iniciar la gratuidad de estos servicios. Igual reconocer el inicio de una nueva campaña nacional para eliminar los vergonzosos niveles de analfabetismo, la entrega del bono productivo como mecanismo tendiente a la reducción de la pobreza, el inicio de la concesión de créditos en condiciones favorables a productores, la instalación de plantas para la generación de energía eléctrica, la reducción de "mega salarios" en el ejecutivo y el incremento del salario mínimo en un 18% para los trabajadores del país y que nuevamente se tenga presente a las Regiones Autónomas para garantizarles apoyo en el marco de sus derechos autonómicos. Somos conscientes, que dado la herencia acumulada de déficit en los servicios públicos, de inversión social, esos esfuerzos son insuficientes, y el gobierno y los demás poderes públicos están obligados a buscar nuevas y urgentes acciones y a priorizar la asignación de recursos en los presupuestos nacional y locales. Proponemos un diálogo nacional estratégico del gobierno, partidos políticos, empresa privada y grupos representativos de la sociedad civil para consensuar nuestras propuestas de desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y enfrentar la crisis actual de energía eléctrica que igual afecta el suministro del agua potable, los servicios de educación, de salud, y el funcionamiento, el desarrollo del país. Marchamos sin banderas partidarias, desde nuestra autonomía e independencia de gobiernos, de partidos, de grupos económicos, religiosos y de la cooperación, para contribuir a la CONSTRUCCION DE CIUDADANIA CON AUTONOMIA, para que ésta, informada y empoderada defienda sus derechos y cumpla sus responsabilidades. Marchamos para que los políticos que hoy están en el gobierno y en los demás poderes del Estado, cumplan sus promesas expuestas en la contienda electoral, para que dejen las discusiones politiqueras y se pongan a trabajar en beneficio de la ciudadanía, del país. MARCHAMOS para exponer en forma directa nuestros criterios, para reconocer los aciertos y señalar los desaciertos de la clase política en el gobierno y en los distintos poderes del Estado. Para presentar nuestras propuestas. MARCHAMOS para promover y defender nuestros derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales, nuestra identidad. ¡POR UN DESARROLLO SIN EXCLUSION, CONSTRUYAMOS UN PLAN DE NACION!

COORDINADORA CIVIL:

Coordinadoras Territoriales: 1. Madriz; 2. Nueva Segovia; 3. Estelí; 4. León Norte-RADEL; 5. León; 6. Chinandega; 7. Carazo; 8. Masaya; 9. Granada; 10. Rivas; 11. Chontales; 12. Matagalpa; 13. Triángulo Minero; 14. Bilwi; 15. Rama. Redes temáticas, gremios y movimientos sociales: 1. Acción Ciudadana; 2. Asociación de Mujeres Nicaragüenses "Luisa Amanda Espinoza"; 3. Consejo de la Juventud de Nicaragua; 4. Coordinadora de ONGs que trabajan con la Niñez y la Adolescencia; 5. Federación de Organismos No Gubernamentales; 6. Federación de Organizaciones por la Rehabilitación e Integración; 7. Foro de Educación y Desarrollo Humano; 8. Mesa Agropecuaria y Forestal; 9. Movimiento Comunal Nicaragüense; 10. Movimiento Pedagógico Nacional; 11. Red de Mujeres Contra la Violencia; 12. Red de Vivienda; 13. Red Nicaragüense de Comercio Comunitario; 14. Red por la Democracia y el Desarrollo Local; 15. Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos.; 16. Red Social Comunitaria; 17. Federación de Médicas de Nicaragua.; 18. Comisiones económica, de gobernabilidad y de gestión del riesgo; 18. Coordinadoras de Pueblos Indígenas del Pacifico, Centro y Norte de Nicaragua; 19. Organismos que acompañan a las personas afectadas por el NEMAGON; 20. Estudiantes universitarios; 21. Enlaces Nacionales. Managua, Nicaragua. 28 de Junio 2007

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