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Fundamento jurídico-político de los CPC, según Carlos Fonseca Terán

El Nuevo Diario. | 3 de Agosto de 2007 a las 00:00
A veces me pregunto si los políticos de la derecha y la llamada izquierda vegetariana creerán en realidad su propio discurso de que los Consejos del Poder Ciudadano son órganos partidistas, integrados por sandinistas para acaparar los programas sociales y recursos del Estado destinados a su ejecución. A primera vista pareciera que lo creen, pues resulta difícil entender el suicidio político de confrontar a estos órganos en los que por primera vez los ciudadanos –incluidos muchos integrantes de esos mismos partidos que atacan al poder ciudadano– tomarán las decisiones del gobierno; de hecho, no hay en estos momentos mejor activista del FSLN para conseguir simpatías de la población que los políticos opositores, quienes al pronunciarse contra los Consejos del Poder Ciudadano están ganándose el repudio de sus propios correligionarios que forman parte de éstos, ocupando en muchos casos buena parte de los cargos principales a todos los niveles. Si por el contrario, esa errática y difusa oposición dedicada a criticar el emblema presidencial, el local donde despacha el Presidente y empecinada en cuestionar el mayor flujo de cooperación externa jamás recibido por Nicaragua de país alguno en los últimos dieciséis años, se dedicara más bien a seguir el signo de los nuevos tiempos y montarse en la dinámica de la democracia directa que se está comenzando a instaurar, tendría mejores perspectivas políticas, pero pagando el costo de fortalecer un cambio de sistema que asegura el ejercicio del poder por las clases sociales cuyos intereses se contraponen con los suyos, independientemente de qué fuerza política gobierne; de modo que aún en el hipotético y según parece muy remoto caso de que algún día la derecha pudiera volver a gobernar, esto no le garantizaría ejercer el poder en beneficio de los intereses que defiende, algo similar a lo que le ocurre a la izquierda cuando gana las elecciones y se ve ante una situación que la lleva a administrar un sistema diseñado contra los intereses que defiende, por lo cual para seguir siendo lo que es debe cambiar dicho sistema, que es exactamente lo que está comenzando a hacer el FSLN. El problema de la derecha es que cambiar el sistema promoviendo el empoderamiento de los ciudadanos desde abajo aunque se cuente con el gobierno, es mucho más factible que hacerlo en sentido inverso y desde arriba. Es esto lo que hace comprensible la posición absurda que asume la derecha frente al poder ciudadano: es asunto de principios para ella oponerse. Más difícil resulta entender el hecho de que la llamada izquierda moderada –cuya principal virtud, según un editorial reciente de un medio de comunicación de derecha, es no ser lo que dice ser, o sea no ser izquierda en realidad– insista en ubicar al poder ciudadano como un enemigo a derrotar, prefiriendo así sus personeros apostar al éxito de la derecha que a los espacios que podrían existir para el grupo político que representan en función de promover sus ideas. En su nerviosa desesperación, ahora el sector más reaccionario de la derecha –con el apoyo de la famosa izquierda light "renovadora"– pretende borrar de un plumazo legislativo los Consejos del Poder Ciudadano, más como una campaña política que como un objetivo real, porque es poco probable que su ignorancia o su fanatismo los lleve a ignorar que eso es, sencillamente, imposible, pues la existencia de los Consejos no depende de ley alguna siempre que su existencia no se contradiga con la legislación existente, como en efecto no se contradice –como se verá a continuación–, a no ser que se invente una ley en la que expresamente se prohíba su organización, con lo cual se estaría violando el derecho que todo ciudadano tiene de organizarse, consagrado en la Constitución y uno de los fundamentos de la democracia; por tanto, tal legislación sería viciada por naturaleza y por consiguiente, ilegítima y para efectos prácticos, en buen lenguaje jurídico: non nata (no nacida jurídicamente o en buen cristiano, muerta antes de nacer). El Poder Ejecutivo posee la facultad de tomar decisiones propias de su papel en el Estado, que es gobernar, y si la voluntad política del gobierno es que sus decisiones se correspondan con la voluntad de los ciudadanos expresada a través de los Consejos, el poder decisorio de éstos no se contradice con ley alguna ni requiere de una ley para existir; por tanto, es imposible de confiscar como pretenden hacerlo las fuerzas más retrógradas de la derecha y su furgón de cola, los sandinistas "renovadores"; a no ser que pretendan quitar al Poder Ejecutivo la potestad de gobernar, que sería como hacerlo desaparecer, lo cual también sería jurídicamente viciado, ilegítimo y por tanto, no válido, al igual que la pretensión de expropiar a los ciudadanos su derecho a organizarse, que en este caso se está ejerciendo con el objetivo de que la democracia pase a formar parte de la vida cotidiana, única forma de lograr que sea auténtica, sin que por ello deje de ser como lo ha sido siempre y lo será: un instrumento al servicio del poder, en este caso el de las clases populares, que es lo verdaderamente inaceptable tanto para la derecha y sus apéndices como para el imperialismo y sus peleles.

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