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Bush perseguirá sin piedad a los ilegales

Varias agencias. Desde Washington. | 10 de Agosto de 2007 a las 00:00
Estados Unidos reforzará su seguridad fronteriza y endurecerá las normas para contratación de inmigrantes, a falta de una reforma de las leyes migratorias por parte del Congreso, anunció este viernes el gobierno. "A pesar de que el Congreso no corrigió nuestro sistema de inmigración al no aprobar una reforma legislativa amplia, mi administración continuará dando todos los pasos posibles para avanzar sobre el progreso ya hecho en el fortalecimiento de nuestras fronteras, (y) el cumplimiento de las leyes (de contratación) en los lugares de trabajo", sostuvo el presidente George W. Bush en una declaración transmitida por la Casa Blanca. La iniciativa del Ejecutivo está basada en leyes que ya existen, explicaron en conferencia de prensa los secretarios de Seguridad Interior, Michael Chertoff, y de Comercio, Carlos Gutiérrez. "Hasta que el Congreso elija actuar, vamos a estar dando algunos pasos enérgicos por nuestra cuenta", manifestó Chertoff. El nuevo plan se enfoca esencialmente en la fiscalización de la contratación de trabajadores y en reforzar la seguridad en las fronteras. "No queremos castigar a la gente que comete errores sin mala intención, errores administrativos... las medidas están dirigidas a quienes violan la ley intencionalmente" al contratar a indocumentados, explicó Chertoff. Según observadores, estas medidas también son una respuesta del gobierno de Bush a los ultraconservadores del Partido Republicano, que frenaron la reforma migratoria en el Congreso y exigen "mano dura" contra la población indocumentada. Se calcula que hay alrededor de seis millones de inmigrantes clandestinos en la fuerza laboral de Estados Unidos. En particular, según documentos entregados a la prensa, el Departamento de Seguridad Interior emitió este viernes una regulación que permitirá enviar cartas oficiales a empleadores que no disponen de adecuada información sobre la identidad de sus empleados, requiriéndoles que verifiquen el estatus de los trabajadores en un plazo de 90 días. Las multas para los patrones que emplean inmigrantes indocumentados a sabiendas, aumentarán un 25%. Las medidas amplían el programa "Basic Pilot" de 1997, ahora denominado "E-verify", mediante el cual las empresas pueden cotejar en cuestión de segundos toda la información de sus empleados con las bases de datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Administración del Seguro Social (SSA). Hasta ahora, la participación en el programa es voluntaria -unas 19.000 empresas ya participan y alrededor de mil se inscriben al mes-, pero algunos gobiernos estatales ya obligan a sus agencias a inscribirse en el mismo. A partir del mes próximo, las empresas tendrán un plazo de 90 días para corregir cualquier error tipográfico o administrativo en los documentos, una vez que reciban una advertencia por escrito del gobierno sobre cualquier discrepancia. Las empresas tendrán la obligación de despedir a empleados que presenten documentos falsos o que no puedan corregir las discrepancias en sus números de Seguro Social, y las que hagan caso omiso a las advertencias afrontarán multas iniciales de 2.200 dólares y hasta cargos criminales, según el DHS. Además, las medidas, que cuentan con la venia del presidente George W. Bush, reducirán el número de documentos -en la actualidad hay 29 categorías- que los empleados pueden presentar como prueba de identidad o estatus legal. También incluyen multas de 3.000 dólares para los indocumentados que no salgan del país de forma voluntaria. Chertoff explicó que el gobierno federal exigirá a los contratistas con el Estado que usen un nuevo sistema electrónico de verificación de estatus laboral de los trabajadores. "Una parte fundamental de hacer cumplir las leyes migratorias es el efectivo cumplimiento (de las normas) a nivel del país y de los lugares de trabajo", dijo Chertoff, señalando que las iniciativas lanzadas este viernes apuntan a proveer de "herramientas efectivas y una guía clara" a los empleadores "de forma que puedan mantener una fuerza de trabajo estable y legal". Asimismo, el gobierno se compromete a través del Departamento de Trabajo a modificar el programa de trabajadores zafrales agrícolas. Para Gutiérrez, "la seguridad debe estar primero". El plan prevé alcanzar 18.300 agentes de Patrulla de Fronteras al 31 de diciembre del año próximo, así como la construcción de unos 600 km de vallado fronterizo para esa fecha. Los funcionarios recordaron además que fuerzas policiales locales están siendo entrenadas para cumplir tareas equivalentes en muchos aspectos a las de agentes migratorios federales, algo muy criticado por organizaciones que defienden los derechos de inmigrantes. Al mismo tiempo que anunciaron estas medidas, los funcionarios reconocieron que Estados Unidos necesita inmigrantes para mantener su economía. "Es claro que hay trabajos que los estadounidenses no quieren hacer, o no están disponibles para hacer", dijo Gutiérrez. Una reforma migratoria integral -que establezca nuevas normas generales para la inmigración a Estados Unidos y dé solución a la situación de unos 12 millones de personas que se encuentran indocumentadas en el país- es "la solución a largo plazo", insistió. "Esto no es un esfuerzo para castigar al Congreso", sostuvo por su parte Chertoff, en alusión al fracaso del Legislativo que el 28 de junio puso fin al debate de un proyecto de reforma en el Senado, sin lograr avance alguno. Consultado sobre las deportaciones de inmigrantes y la discriminación -que según encuestas divulgadas esta semana perciben los inmigrantes como su principal problema en Estados Unidos-, Gutiérrez respondió en español: "Lo que queremos evitar obviamente es que esto se vuelva un pretexto para discriminar". "Entendemos que hay personas, hay familias que están pasando por una época muy difícil, y sentimos que la solución, la única solución es a través de reformar la ley. No lo pudimos lograr, tenemos la obligación de implementar la ley", argumentó. "Pero no cabe duda de que hay gente sufriendo, y hay gente sufriendo porque simplemente quieren trabajar, y hay niños que han nacido en este país que son ciudadanos, que sus padres están con un miedo permanente de ser deportados. Eso es una realidad y ojalá que el Congreso llegue a la conclusión de que hay que reformar la ley y hay que autorizar la reforma", concluyó. Por su parte, una portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino, insistió en que el gobierno de Bush no tiene más remedio que aplicar estos cambios ante la inacción del Legislativo.

Estas son las medidas

A continuación, los principales elementos de las medidas anunciadas hoy por los secretarios de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, y de Comercio, Carlos Gutiérrez: CENTROS LABORALES ** A partir del mes próximo, las empresas tendrán 90 días para esclarecer o corregir discrepancias de cualquier tipo en los documentos de sus empleados, previamente cotejados contra las bases de datos del Departamento de Seguridad Nacional y la Administración del Seguro Social. ** Las empresas tendrán que despedir a los trabajadores con documentos falsos, o enfrentarán severas multas y hasta cargos criminales. La multa por una infracción inicial sería de 2.200 dólares. ** El gobierno reducirá el número de documentos que las empresas podrán aceptar como prueba de identidad o estatus legal. En la actualidad, hay 29 categorías, y la idea es eliminar aquellos documentos que no están a prueba de fraude. VIGILANCIA AL INTERIOR DE EEUU **A partir del 31 de enero de 2008, el gobierno exigirá uso de pasaporte para todo viajero con destino a los Estados Unidos y procedentes de Canadá, México o el Caribe. ** El gobierno continuará la capacitación de centenares de policías locales y estatales para responder a la "amenaza" de las pandillas, y a la presencia de inmigrantes indocumentados en las comunidades. ** El gobierno aumentará de 68 a 75 el número de equipos dedicados a la expulsión de extranjeros con antecedentes criminales, para el último trimestre de 2007. ** El gobierno impondrá una multa de 3.000 dólares a los indocumentados que desobedezcan las órdenes de deportación voluntaria. ** El Departamento de Seguridad Nacional elaborará informes periódicos sobre la situación de la seguridad de las fronteras. OBJETIVOS DE SEGURIDAD FRONTERIZA PARA DICIEMBRE DE 2008 ** 18.300 agentes de la Patrulla Fronteriza ** Alrededor de 500 kilómetros de vallas fronterizas ** 480 kilómetros de barreras para vehículos ** 105 torres de vigilancia con cámaras y radares ** 3 aviones no tripulados adicionales ** Continuación de la expulsión de detenidos en la frontera. ** Aumento de fondos para ampliar los centros de detención para albergar a unos 31.500 inmigrantes indocumentados hasta su deportación. PROGRAMAS DE TRABAJADORES TEMPORALES ** El gobierno revisará reformas al programa de visas "H-2A" para trabajadores agrícolas, con el objetivo de agilizar el flujo "ordenado y oportuno" de mano de obra legal. ** También revisará cambios al programa de visas "H2-B" para agilizar los trámites para trabajadores en el sector de servicios no estacionales (empresas de hoteles, jardinería, y otros servicios, por ejemplo). ** El gobierno extenderá a tres años la vigencia de visas "TN" para trabajadores profesionales procedentes de Canadá y México.

Elogios y condenas por enfoque policial de medidas migratorias

Varios grupos cívicos temen que estas medidas, en última instancia, pueden llevar a aumentos de precios en los supermercados, restaurantes y demás áreas del sector de servicios. Así, tanto el sector empresarial, de la mano de la Cámara de Comercio de EEUU, como la federación sindical AFL-CIO sopesan posibles acciones judiciales para impedir la puesta en marcha del plan. La portavoz de asuntos legales de AFL-CIO, Sonia Ramírez, explicó que el enfoque policial de estas medidas, sin proveer alivio a los indocumentados, "es una solución equivocada al problema migratorio actual". Líderes demócratas condenaron el viernes el enfoque policial de las medidas anunciadas por el gobierno contra la inmigración ilegal, mientras sus partidarios consideran que es un buen comienzo para corregir el problema. Los líderes demócratas, desde la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (California), hasta los legisladores latinos, advirtieron que el país necesita una reforma migratoria integral y no soluciones policiales. La legisladora Dianne Feinstein (D-California) advirtió hoy que las medidas son sólo una "curita" que no frenará la inminente crisis en el sector agrícola este próximo otoño, e incluso vaticinó una "catástrofe". El efecto inmediato de las sanciones empresariales, según la representante, es que los agricultores perderán millones de dólares por la pérdida de cosechas. De hecho, el sector agrícola en todo el país ya sufre la escasez de mano de obra inmigrante en estados como Michigan, Washington, Georgia, Idaho, California y Carolina del Norte, de acuerdo con Feinstein, partidaria de la legalización de los trabajadores agrícolas. Además, el 70 por ciento de quienes siembran y cosechan las frutas y verduras que se consumen en EEUU es indocumentado y, sin ellos, los agricultores no podrán completar las cosechas, señaló. Pero las sanciones también tendrían un efecto multiplicador en otros sectores de la economía. Según datos oficiales, en 2006 los indocumentados conformaron una cuarta parte de los trabajadores del sector de construcción y del sector jardinería, y 29 por ciento de los del sector agrícola. Esas cifras no incluyen a los indocumentados que trabajan en limpieza de oficinas y hoteles, o como cocineros o mesoneros en restaurantes en todo EEUU. Congresistas republicanos como Jon Kyl (Arizona) y Tom Tancredo (Colorado) catalogaron las medidas con un buen comienzo para recuperar el control de las fronteras del país y atajar la entrada de indocumentados, al privarlos de fuentes de trabajo. Pero varios grupos cívicos consultados por Efe temen que estas medidas, en última instancia, pueden llevar a aumentos de precios en los supermercados, restaurantes y demás áreas del sector de servicios. Tanto el sector empresarial, de la mano de la Cámara de Comercio de EE.UU., como la federación sindical AFL-CIO sopesan posibles acciones judiciales para impedir la puesta en marcha del plan. Sonia Ramírez, portavoz de AFL-CIO, explicó que el enfoque policial de estas medidas, sin proveer alivio a los indocumentados, "es una solución equivocada al problema migratorio actual". Grupos pro-inmigrantes de Florida, entre ellos Unidad Hondureña, tampoco descartan acciones legales, al agregar que las medidas sólo sembrarán el miedo entre la comunidad inmigrante. El Foro Nacional de Inmigración (NIF) advirtió que estas medidas "van a fracasar y tendrán consecuencias desastrosas para la economía, la seguridad y los derechos civiles en el país". Durante una rueda de prensa en la que se anunciaron las medidas, el secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, dejó entrever que no teme a las acciones del sector empresarial, porque el gobierno no es ajeno a las demandas.

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