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Los CENIS: Hay que investigar, acusar a los culpables y regresar el dinero.

None | 21 de Julio de 2006 a las 00:00

Por Adolfo Acevedo, economista independiente

Se ha dicho que: "la Asamblea Nacional, tenia la responsabilidad de aprobar todo lo concerniente a la responsabilidad de la aprobación de la liquidación de los bancos". Eso es totalmente cierto. Pero veamos lo que en realidad ocurrió. La reclasificación de las carteras estaba supuesta a terminar el 31 de Diciembre de 2001, y entonces los bancos que absorbieron a los bancos liquidados debían decidir si aceptaban o rechazaban la cartera todavía no reclasificada. Una vez terminada la reclasificación, y determinado el monto de activos de los bancos liquidados que asumirían los bancos absorbentes, de allí debía derivarse la "brecha" activos-pasivos, que el BCN determino, desde un inicio, que se cubriría con CENIS del propio Banco Central. Pero en algunos casos - como el del BANIC y BANCENTRO, hasta donde hay evidencia - este proceso se extendió hasta 2002, siendo cuestionado por las propias Juntas Liquidadoras de estos bancos, ante el BCN y la SIB, en Junio de 2002. En ese momento, o bien se debió haber sometido a investigación todo el proceso anterior, por parte del nuevo Gobierno - las denuncias de Eloisa Ibarra no salen "hasta ahora", datan del 2do semestre del 2001, y nosotros las continuamos de manera sistemática desde 2002 -, o bien se debió haber sido sometido a la aprobación de la Asamblea, para darle reconocimiento legal. ¿Quién debió haber sometido esto a la Asamblea Nacional? El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, como corresponde. En lugar de eso, en Septiembre de 2002, el Presidente Enrique Bolaños, "bypasseando" la aprobación de la Asamblea, procuro legalizar lo actuado a través de un acuerdo presidencial, en el que nombraba al Ministro de Hacienda para llevar a cabo los acuerdos interinstitucionales pertinentes con el Banco Central de Nicaragua. El Presidente de la Republica solo puede emitir decretos ejecutivos EN MATERIA ADMINISTRATIVA según la Constitución, y autorizar la emisión de títulos de deuda publica NO ES MATERIA ADMINISTRATIVA, sino que, en efecto, dicha emisión debió someterse a la aprobación de la Asamblea Nacional. Pero esto JAMAS se hizo, desde un inicio se quiso manejar todo esto "tras bambalinas", como un asunto puramente "administrativo", que no requería autorización legal. Hace unos días, "La Prensa" cuestionaba el respaldo legal de unos bonos por US$ 1 Millón, emitido sin pasar por la aprobación de la Asamblea. En el caso que nos ocupa, se "obvio" la aprobación legal de "apenas" ¡¡¡US$ 492 Millones de Dólares!!!! Desde entonces, es cierto que los señores diputados han estado autorizando, con la mayor tranquilidad, el pago de esta supuesta "deuda", que no tiene ningún respaldo legal, mediante el Presupuesto General de la Republica, validando con ello las irregularidades cometidas y haciendo que la ciudadanía cargue el costo de esta oscura "operación" sobre sus hombros.

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